VIERNES Ť 8 Ť JUNIO Ť 2001
Ť Se debe garantizar la seguridad sin menoscabo de derechos, dice
Critica especialista del Unicef a quienes pretenden reducir la responsabilidad penal
ANDREA BECERRIL
Frente a la discusión que se ha dado en el país acerca de la posibilidad de disminuir la edad penal, como una forma de atacar la delincuencia juvenil, el doctor Emilio García Méndez, especialista en el tema, advirtió a senadores que eso sería como "atacar el fuego con gasolina".
Doctor en derecho por la Universidad de Saarland, Alemania, y consultor en varias ocasiones del Unicef, García Méndez insistió en que pretender disminuir de 18 a 16 años la edad de la imputabilidad no es garantía alguna de que se resolverán los problemas de inseguridad, porque con ese criterio los grupos de delincuentes utilizarán a jóvenes de 15 años o de 14 y 13 para que cometan ilícitos.
A invitación del Senado, el especialista dictó una conferencia sobre el Sistema de reponsabilidad penal juvenil y se manifestó en contra de quienes pretenden reducir la edad de la imputabilidad.
Dijo que hay personas "de mala fe" que propugnan eso, a fin de sacar ventajas electorales. "Son aquellos que creen que la política es un espectáculo y le cambian a la gente, en coyunturas, la sensación de seguridad por votos".
El ex consultor del área de Derechos de la Niñez del Unicef consideró que lo central es "respetar y asegurar el sacrosanto derecho de la sociedad a su seguridad colectiva, con el derecho de cada individuo, independientemente de su edad, al respeto de sus derechos y garantías individuales".
Indicó que los jóvenes deben ser responsables de sus actos, mas no responsables penales.
La responsabilidad penal, agregó, debe separarse de la alarma social y no ser instrumento de mercancía electoral para que la discusión y el análisis se asuman como un problema de Estado que amerita respuesta.
Formuló un cuestionamiento a las legislaciones para menores en América Latina. La mayoría de las leyes en la materia "se han hecho normalmente en los sótanos de los ministerios de justicia, por seudoexpertos irresponsables que en un pequeño periodo -dos o tres semanas- han liquidado la cuestión con un texto jurídico que avergonzaría a un estudiante de primer año de derecho".
Destacó que para constituir un sistema legal que regule las acciones delictivas de menores, debe erradicarse la percepción distorsionada de considerar en términos "maniqueístas" a los adolescentes, como "angeles o demonios", y verlos como sujetos de derechos y responsabilidades.
Al abundar sobre el tema, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, coincidió con García Méndez en que el problema de la delincuencia juvenil no acabará con la disminución de la edad penal, ya que se requieren políticas sociales y de carácter económico.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Jorge Zermeño, destacó que en ese órgano legislativo existe un gran interés por impulsar reformas que regulen la convivencia social, y en el caso de menores infractores, que las leyes no afecten sus garantías y derechos.