Ť Lo hundieron revelaciones de su ex esposa, su ex cuñado y ex funcionarios

Llegó a Menem el brazo de la justicia argentina

Ť La oscura venta de armas a Ecuador y Croacia, comienzo del fin para el ex gobernante

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 7 de junio. El primer indicio sobre la venta ilegal de armas a Ecuador, cuando este país libraba la llamada guerra del cóndor contra Perú y existía una severa prohibición de ventas de armamentos a ambos, lo dio el periodista Daniel Santoro de Clarín, en marzo de 1995, mientras que el abogado Ricardo Monner Sanz, un paciente y tozudo descendiente de catalanes, acumulaba la documentación suficiente para iniciar una querella penal por una oscura venta de armas a Croacia.

El caso ecuatoriano que implicaba el en-vío de 75 toneladas de armas dio el impulso necesario para presentar finalmente una querella penal por estos delitos. Se veía a Monner Sanz, como él mismo dijo a La Jornada, "como un Quijote luchando contra los molinos de vientos".

El escandaloso caso llevó hasta los decretos firmados en secreto por el entonces presidente Carlos Menem, en una supuesta venta de armas a Venezuela cuyo gobierno demostró que nunca las había pedido.

Ya había dos delitos graves: la venta a Ecuador, estrictamente prohibida a nivel in-ternacional y por parte de un país veedor de la paz entre las dos naciones enfrentadas. Además, la falsificación de un documento público, como el que supuestamente había llegado desde Venezuela.

Detrás de esto comenzó a surgir una cantidad de información sobre el envío de ar-mas y municiones a Croacia desde 1991, un país que en algunos círculos del nazismo criollo representaba aún la lucha contra los "comunistas serbios". También se redoblaba el delito porque Argentina formaba parte del contingente de cascos azules de Naciones Unidas en la región.

Aunque el gobierno negó su responsabilidad, se abrieron cuatro causas judiciales, las más importantes en el fuero penal económico por presunto contrabando, y otras en el fuero federal para investigar la conducta de los funcionarios públicos.

Se descubrió que el armamento argentino llegó a Ecuador en febrero de 1995 y el gobierno autorizó la venta a través de Hayton Trade, empresa fantasma con sede en Uruguay. La copia del decreto reservado y secreto (103, de enero de 1995) con la rú-brica de Menem llegó a manos del abogado Monner Sanz, quien constató que Venezuela nunca había pedido armas a Argentina.

Al comprobar esto presentó una denuncia que entró en el juzgado federal de Jorge Urso y la fiscalía de Carlos Stornelli.

Las pruebas de la infamia...

Finalmente se solicitó la documentación original de la venta y especialmente sobre la designación de empresas como Hayton Trade y Debrol, que actuaban como representantes de Fabricaciones Militares ante Venezuela, comprobándose la falsificación de las firmas de funcionarios venezolanos.

A lo largo del juicio se pidieron informes a Uruguay, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos para verificar datos de sociedades, movimientos de fondos y la identificación de personas involucradas. Otras dos causas estaban en manos de los jueces Adolfo Bagnasco (renunció y será asesor de los de-fensores de Menem) y Gustavo Literas.

En medio del creciente escándalo se produjo la trágica explosión de la fábrica militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, el 3 de noviembre de 1995, que provocó la muerte de siete personas, 300 heridos y una enorme destrucción. El 21 de abril de 1999, el fiscal Carlos Stornelli vinculó este hecho, que se sospecha intencional, con la venta de armas, comprobándose la falsificación de cifras de las municiones existentes antes de la explosión.

El 25 de agosto de 1998, el militar de la marina Horacio Pedro Estrada fue encontrado muerto en su departamento con un balazo en la cabeza, y se sospecha de un asesinato como también de un atentado terrorista en el derrumbe aquí de un helicóptero que llevaba a militares peruanos que conocían a fondo el asunto.

El gobierno de Menem terminó admitiendo que se había usado documentación falsa en la operación cuando surgió evidencia de la salida de 25 mil fusiles FAL hacia Panamá, que en realidad estaban en Croacia.

Hubo denuncias oficiales del gobierno ecuatoriano ante Naciones Unidas por ar-mas argentinas a Croacia, incluyendo cañones vistos en un desfile en ese país.

Menem sacrificó en 1995 a Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, quien luego fue detenido, mientras se abrían procesos contra unos 40 ex funcionarios y militares. En ese periodo (1995 a 1998) varios funcionarios admitieron haber avisado al gobierno sobre la situación.

El 3 de abril de 1995, el procurador general Angel Agüero Iturbe solicitó que fueran traídos a Argentina los pilotos que condujeron los aviones de la empresa estadunidense Fine Air, que realizó los vuelos con ar-mas desde Argentina hasta Guayaquil, Ecuador. Fine Air no era desconocida, ya que había actuado abasteciendo a los contras nicaragüenses durante la guerra de Es-tados Unidos contra Nicaragua.

En 1995 también se conoció el número de una de las cuentas de Daforel, enviada por el ex asesor y ex cuñado presidencial Emir Yoma al ex coronel Diego Palleros, un co-nocido traficante de armas argentino.

Pero la causa tomó vuelo en abril pasado cuando Sarlenga rompió el silencio y dijo su verdad. El pasado 14 de mayo Sarlenga, cuyas primeras declaraciones de este año posibilitaron la detención de Emir Yoma, involucró más aún a éste y al general Martín Balza, ex jefe del ejército.

Al ampliar Sarlenga su declaración dijo que Emir Yoma le había entregado a fines de 1994 un papel con el número de la cuenta Daforel del banco MTB de Nueva York, donde el traficante Diego Palleros había de-positado una coima de 400 mil dólares para "agilizar la salida de las armas" (Clarín 15-4-01), dichos que fueron confirmados por Lourdes di Natale, secretaria de Yoma.

Las revelaciones de Sarlenga desataron la presencia de numerosos testigos, entre ellos el ex embajador en Panamá Juan Bautista Jofré, el ex coronel carapintada Mohamed Seineldín, la ex primera dama Zulema Yo-ma y otros militares y empresarios, que ce-rraron el cerco alrededor de Menem.

Hay cientos de expedientes probatorios acumulados, documentos "irrebatibles" co-mo pruebas, y este día la justicia llegó hasta Menem, cuyos abogados defensores se vieron abrumados por las pruebas.