Luis Javier Garrido
La definición
El gobierno de Vicente Fox aún está a tiempo de rectificar el que sería un error histórico que marcaría el destino del sexenio.
1. El gobierno foxista tomó durante las semanas previas a la marcha zapatista a la capital (25 de febrero-5 de abril), y acaso desde mucho antes, la decisión de desconocer la legalidad -y en consecuencia lo imperativo- de los acuerdos de San Andrés, suscritos, como se sabe, el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno federal y el EZLN. Pero al parecer ninguno de los integrantes de la administración foxista está consciente de las graves consecuencias jurídicas e institucionales que esto implica, como tampoco de los efectos políticos de tamaña decisión, ni de lo que ésta representa para la paz del país.
2. Los hechos son irrefutables, pues por más que Fox repita que su gobierno está cumpliendo con sus ofertas de campaña y respetando lo pactado en San Andrés, lo cierto es que las modificaciones y adiciones que está aprobando el órgano reformador de la Constitución -y cuya ley reglamentaria se ha venido trabajando en Los Pinos y en Bucareli- no corresponden en lo absoluto ni al espíritu ni a la letra de la llamada ley Cocopa, cuya elevación a rango constitucional fue una de las múltiples promesas de Fox en 2000. Y que constituyen un acotamiento de los derechos de los pueblos indios y un enlistado de nuevas prerrogativas conferidas al gobierno federal para intervenir aún más en la vida interna de las comunidades a fin de imponerles un modo de vida ajeno.
3. El aspecto más grave de esta verdadera contrarreforma legislativa es que el principal responsable de lo que está aconteciendo es Fox. El envió, es cierto, la iniciativa al Congreso, pero pidiéndole que no la fuese a aprobar "tal cual", no expresó jamás su respaldo público a ésta, ni mucho menos cabildeó con los legisladores, como en cualquier régimen occidental, y lejos de manifestar su oposición al texto aprobado, luego de que concluyera el proceso en las Cámaras federales, lo elogió buscando influir en la segunda parte del mismo (que es el voto en las legislaturas locales), lo que no ha dejado de hacer en sentido opuesto a lo que prometió en su gira electoral. El ha sido el responsable del voto panista en las Cámaras federales como ahora en los Congresos estatales que, lejos de lo que muchos suponen, no evidencia una supuesta autonomía de las bancadas panistas ante el Ejecutivo, sino que es orquestado por el propio gobierno federal a través de Juan Molinar Horcasitas (subsecretario de Gobernación) y de otros funcionarios de esa dependencia, como lo revelaba en fecha reciente Felipe Calderón (coordinador de los diputados blanquiazules), quien agregó que este funcionario "le echa muchas ganas" a esta tarea (Proceso 1281).
4. La estrategia foxista de escudarse en el Congreso para justificar la aprobación de la contrarreforma y pretender que éste actúa de manera autónoma es irrisoria. El actual Poder Legislativo, a nivel federal o local, es una herencia del antiguo régimen en su composición y en sus prácticas, y representa los intereses de los partidos antes que los derechos de los ciudadanos, como se está viendo en el voto sobre la legislación indígena, en donde legisladores de todos los partidos se olvidaron que lo acordado en San Andrés era, ante todo, un compromiso del Legislativo.
5. El problema que se le presenta al gobierno federal es jurídico antes que político. Los acuerdos de San Andrés, que están siendo desconocidos por la administración de Fox, constituyen un documento público de carácter obligatorio, y que por lo mismo comprometió al EZLN como al gobierno, que ahora encabeza el guanajuatense, quien no se sabe que haya negado la continuidad institucional del Estado mexicano y el marco legal del país, pues fueron discutidos y elaborados, como la iniciativa de la Cocopa, en acatamiento a una ley federal votada por el Congreso el 11 de marzo de 1995: Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.
6. Los cambios legales en materia indígena no eran, por lo tanto, "una reforma constitucional más", como han pretendido muchos legisladores con una buena dosis de irresponsabilidad, sino una reforma que a) por mandato de ley se debía implementar, b) tras una negociación política prevista por la propia ley, y c) con la sanción del Ejecutivo federal y del Congreso, como fue el caso en el proceso de 1995-1996, todo ello d) en vistas a la paz.
7. Los legisladores que en la 58 Legislatura conocieron la iniciativa surgida de ese proceso de paz, conforme al espíritu y la letra de la ley del 11 de marzo, no tenían el derecho a modificarla, pues ya la habían avalado los legisladores en 1996, a través de una comisión del Congreso -la Cocopa-, y esto no hubiese entrañado para ellos perder su autonomía. Debían haber entendido que se trataba de un proceso de reformas excepcional y sui géneris, en el marco de una guerra y conforme a una ley federal que busca crear las condiciones para la paz.
8. El problema de Fox es, por otra parte, político, pues de no rectificarse esta barbaridad su gestión se estará iniciando no sólo con el baldón de haber violentado una ley federal y desconocido un proceso político, con el costo político que le acarreará ser reconocido como un gobernante sin palabra, sino que deberá enfrentar la inconfornidad de los pueblos indios, cuya paciencia parece estarse agotando, y el riesgo cada vez más probable de que la guerra sea ya no sólo en el sureste mexicano.
9. La situación crítica de Chiapas es una advertencia de lo que podría acontecer en el futuro inmediato. El hostigamiento de militares armados y alcoholizados a las comunidades de San Isidro, El Ocotal y Polhó, quienes al menos en cinco ocasiones dispararon contra los pobladores (La Jornada, 7 de junio), indica una vez más que no podrá haber paz con justicia y dignidad hasta que se garanticen los derechos de las comunidades, lo que no es el caso con esta contrarreforma legal.
10. La exigencia histórica de los pueblos indios está llevando a Fox a cometer su mayor desacierto en los inicios de su gobierno, que de no rectificarlo oponiendo el veto presidencial al descabellado conjunto de modificaciones constitucionales que se están aprobando, no sólo lo llevará a un desprestigio personal del cual muy difícilmente podrá resarcirse y a una nueva situación política que, aun y cuando no lo pueda entender, compromete el resto de su sexenio frustrando cualquier posible avance democrático en México, el que sólo podrá lograrse a partir de las comunidades.