VIERNES Ť 8 Ť JUNIO Ť 2001
Ť La OEA convocará a fines de ese mes a una reunión para analizar el tema
En septiembre, carta democrática, confía SRE
Ť Prevé pérdida de derechos a integrantes que atenten contra garantías de ciudadanos
GEORGINA SALDIERNA
El gobierno de México considera que sí habrá una carta democrática que rija la actuación de los integrantes de la Organización de Estados Americanos, de tal suerte que si alguno comete violaciones contra la democracia representativa podría ser suspendido en sus derechos.
Gustavo Iruegas, subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, informó que el 30 de septiembre se efectuará una reunión especial de la OEA en Lima, Perú, dedicada al análisis y suscripción de ese documento.
Durante la Cumbre de las Américas celebrada en Quebec se acordó la creación de una carta democrática que sería firmada por los integrantes de la OEA. La idea original era ancionar a aquel Estado que violentara el sistema democrático, incluso con la suspensión de sus derechos en el organismo multilateral.
El gobierno de Perú presentó un proyecto. Luego los de Argentina, Estados Unidos y Canadá hicieron otro, y México por su parte también elaboró el suyo.
De la conjunción de estas propuestas surgió la séptima versión de la carta democrática, que se analizó en la reunión de ministros que tuvo la OEA en Costa Rica hace unos días.
En principio se pensó que el documento podía aprobarse en ese encuentro; sin embargo, ello no fue posible debido a que los países le hicieron correcciones o consideraron que debería tener otros elementos.
Los caribeños, por ejemplo, se manifestaron en contra porque no participaron en la elaboración, mientras los integrantes del Mercosur estimaron que iba más allá de lo propuesto en un primer momento, y que por tanto debería ser analizado con mayor detenimiento.
En entrevista, Gustavo Iruegas confió en que sí habrá carta democrática. Explicó que la asamblea de la OEA escuchó las opiniones de los diferentes ministros que estuvieron en Costa Rica. Algunos plantearon la necesidad de consultar a nivel popular; otros hicieron objeciones que tenían que ver con la compatibilidad del proyecto; sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que se enviará nuevamente el documento al consejo permanente para que lo revise y prepare una versión que se pueda aprobar el 30 de septiembre.