VIERNES Ť 8 Ť JUNIO Ť 2001
Arturo Alcalde Justiniani
Política laboral con compromiso patronal
El presidente Vicente Fox tuvo la oportunidad de inaugurar una nueva política laboral que diera cauce a las múltiples inconformidades que había generado un viejo régimen sustentado en el control, la corrupción y la simulación en las concertaciones laborales.
El enorme patrimonio de los votos de mujeres y hombres trabajadores abrió un privilegiado espacio para favorecer una administración de justicia sin compromisos de sector, que respetando la ley diera cauce a las exigencias de conciliar libertad con responsabilidad y productividad con bienestar, creando una nueva legitimidad que permitiera generar interlocutores confiables para así favorecer el diseño de cambios legislativos. Finalmente, no se consideró prioritario el tema laboral y se incurrió en el falso dilema de una supuesta paz social amenazada, designando como responsables de la política laboral a funcionarios emanados del sector empresarial, decisión que se ha visto reflejada en dictámenes laborales recientes, que han llevado a los trabajadores a la necesidad de acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar graves violaciones a la libertad de asociación y a los procedimientos vigentes de representación en los contratos colectivos.
Dos casos, entre otros, acreditan la gravedad de las decisiones emitidas por las autoridades laborales federales: el primero afecta al Sindicato Nacional del Hierro, afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), negándole la toma de nota de su actualización estatutaria, situación que le restringe derechos adquiridos bajo el argumento de que a partir de ahora los sindicatos sólo podrán tener vigencia en una limitada rama de industria. De esta manera dicho sindicato nacional podrá representar a trabajadores metalúrgicos, pero no de partes metálicas de la rama automotriz. La decisión es ilegal no sólo porque violenta la autonomía del sindicato, sino que conlleva una cancelación administrativa de registro sin juicio previo, ya que este sindicato tiene reconocidas por la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde hace más de 20 años, secciones sindicales de las ramas vedadas. La negativa de la autoridad laboral resulta absurda, si tomamos en cuenta que para los sindicatos de protección patronal opera un criterio distinto, respetando en éstos el ámbito de representación gremial que sus dueños decidan. Basta señalar que a la propia Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ostenta también registro sindical -si bien de orden patronal-, no le ha sido aplicado este mismo criterio, generándose una injusta desigualdad. De ser consistente la Secretaría del Trabajo en su criterio, por cada rama industrial existiría una Coparmex, misma que hoy goza de cabal salud con competencia para todas las ramas industriales.
La segunda violación se ha generado en contra de los pilotos aviadores de Aviacsa, quienes mayoritamente decidieron que la Asociación de Pilotos Aviadores (Aspa de México) representara su contratación colectiva. Para impedirlo, la autoridad laboral violó las claras reglas establecidas en los artículos 388 y 389 de la Ley Federal del Trabajo, que le impone la obligación de ordenar un recuento, en caso de controversia gremial, en el que sólo los pilotos aviadores decidan su propia contratación colectiva. La resolución es especialmente grave porque desatiende el criterio sostenido constitucionalmente por los tribunales colegiados en esta materia, pues a pesar de que el sexto tribunal colegiado consideró ilegal un recuento anterior, en el que la autoridad laboral había impedido a los pilotos decidir sobre su contratación colectiva, nuevamente se ordena un recuento para el próximo 18 de junio, al mismo tiempo en 14 aeropuertos distintos, llamando a todos los trabajadores que laboran en dicha empresa, tanto en tierra como a sobrecargos, para que decidan de la reclamación que los pilotos aviadores formularon exclusivamente sobre su contratación colectiva. Burda la maniobra.
Es penoso reconocerlo, pero estas violaciones son peores que aquellas que conocimos en el sistema político que creímos superar. La duda es si éste es el espacio propicio para diseñar un proyecto de nueva Ley Federal del Trabajo.