Recientemente, el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, declaró que tenía nuevas pruebas para sostener que el asesinato de su predecesor, Juan Jesús Posadas Ocampo, fue un "crimen de Estado" en el que estarían involucrados Carlos y Raúl Salinas de Gortari. 

Acto seguido, en vez de entregar los respaldos digitales de las supuestas pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR), que es la instancia encargada de la investigación, los envió al Vaticano. Para no quedarse atrás en materia de conductas impropias, la PGR, en lugar de llamar a declarar al jerarca católico tapatío, solicitó al Estado pontificio, vía diplomática, una copia de los documentos mandados por Sandoval Iñiguez. 

Ciertamente, los resultados de las investigaciones realizadas por la PGR en los gobiernos de Salinas y de Ernesto Zedillo fueron tan insatisfactorios e inverosímiles que dieron justificado motivo al escarnio popular y provocaron --junto con la ineptitud ante otros graves homicidios perpetrados en las postrimerías del salinato y en los inicios del zedillato-- una terrible erosión de la imagen pública y la credibilidad de la institución federal responsable de la procuración de justicia. 

Cuando se dieron a conocer las conclusiones del caso, Sandoval Iñiguez --invitado, en su momento, a participar en las investigaciones-- manifestó su entendible y hasta compartible incredulidad, aunque fue incapaz de aportar pruebas que desmintieran la versión oficial, según la cual Posadas Ocampo fue acribillado debido a una confusión, en el marco de un enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes. 

El inicio del primer gobierno no priísta suscitó esperanzas de una reapertura de los casos Posadas Ocampo, Colosio, Ruiz Massieu y otros, e hizo pensar que la PGR tenía una oportunidad para corregir el desaseo y la inepcia, si no es que el dolo y el interés de encubrimiento, con que se desarrollaron las investigaciones respectivas en los dos sexenios anteriores. 

Es cierto que hasta el momento tales expectativas no se han concretizado, pero ello no justifica la poca seriedad, el poco sentido cívico y el menosprecio por la ley exhibidos por Sandoval Iñiguez, quien debió turnar las presuntas pruebas a la autoridad competente en lugar de mandarlos al Vaticano. 

Con semejante actitud, el arzobispo de Guadalajara fomenta el desgaste institucional de la PGR y, por extensión, el del régimen más afín y cercano a la Iglesia católica que ha tenido el país en una centuria. Lo más lamentable es que la propia instancia gubernamental aceptó participar en el juego del prelado y demostró, con ello, que no se toma muy en serio su función social y sus responsabilidades de ley.