JUEVES Ť 7 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Guzmán Pérez Peláez entregó nuevas pruebas del crimen

Culpó a Salinas del asesinato de Posadas y luego se retractó

Ť Afirmó que los recientes indicios servirían para reabrir el caso; también lo desmintió Ť El asunto, en manos del MP

GUSTAVO CASTILLO Y CAYETANO FRIAS REPORTERO Y CORRESPONSAL

La tarde de ayer, Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex secretario general de Gobierno de Jalisco y diputado local de esa entidad, quien vino a entregar "las nuevas pruebas" del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, primero dijo que existían "elementos" para involucrar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en ese crimen. Una hora después lo negó.

En conferencia con la prensa efectuada en la oficina de juntas de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que entre las pruebas entregadas se encuentran las enviadas al Vaticano.

Inicialmente señaló que éstas servirán para reabrir el caso, y al igual que en las imputaciones al ex presidente, después se retractó. Definió que "será a consideración del Ministerio Público Federal'' si el expediente se saca de la reserva.

Minutos antes de las seis de la tarde, Pérez Peláez, quien ya había participado en las investigaciones del caso Posadas y que estuvo presente en la conferencia en la cual se informó que el expediente se enviaba a la reserva (julio del 2000), llegó a la sede central de la PGR con un portafolios en mano. Para entonces una decena de reporteros lo esperaba. Quiso pasar desapercibido, pero fue abordado.

Antes de ingresar a las instalaciones de la PGR y de reunirse con la subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo, María de la Luz Lima Malvido, afirmó que las pruebas entregadas a ésta "son importantes y permiten avanzar en la solución de este caso''.

"Hay que señalar que lo que existe en los expedientes, tanto de las primeras investigaciones, como en los trabajos del Grupo Interinstitucional, es por sí sólo suficiente para acreditar un complot como lo dijo el gobierno de Jalisco en su momento.

"Ahí hay investigaciones inconclusas; hay constancias de amenazas, de intimidaciones, de presiones que sufrimos quienes trabajamos para el gobierno de Jalisco en esta investigación".

Durante la conferencia de prensa posterior a su reunión con la subprocuradora Lima Malvido, sus afirmaciones se convirtieron en meras especulaciones del legislador. Las pruebas serán valoradas por el Ministerio Público. No hubo acuerdo para que de manera inmediata se reabra el caso.

Guzmán, quien participó en las investigaciones del asesinato del cardenal, dijo que "con los hechos sucedidos entre el 27 de julio de 2000, cuando desapareció el Grupo Interinstitucional, y el día de hoy (6 de junio del 2001), hay elementos de sobra para avanzar en el esclarecimiento de este crimen si hay voluntad política para ello".

Enseguida se le cuestionó: ''Ƒestas pruebas se vinculan de manera directa con el ex presidente Carlos Salinas? Su respuesta fue: "hay elementos para ello".

Luego negaría haber formulado esa afirmación. "lo que yo dije afuera no es una imputación de personas, sino lo que ha sostenido siempre Jalisco en este asunto, que estamos ante un complot, premeditado, directo, en donde el cardenal Posadas fue víctima de un grupo que lo esperó, y a un metro lo ejecutó a sabiendas".

La subprocuradora Lima Malvido informó en la conferencia de prensa que mediante Fernando Guzmán Pérez el Congreso local de Jalisco le hizo llegar un acuerdo firmado por los 40 diputados de esa entidad en el que se le solicita que el expediente del caso Posadas "sea revisado" y que recibió información "que será analizada cuidadosamente" y que se resolverá conforme a lo "conducente".

La funcionaria advirtió que no se dará información de qué tipo de nuevas pruebas le fueron entregadas a la PGR, porque "eso viciaría el sigilo que debemos llevar".

Estableció que el Ministerio Público es el que va a resolver analizando las pruebas y que "los asuntos en materia penal no tienen los tiempos que quisiera la prensa''.

Al legislador se le preguntó: Ƒse habla de la autoría intelectual en esto de Carlos Salinas de Gortari?, contestó: "No vamos a anticipar más comentarios".

Un reportero le reviró: ''špero usted lo dijo en la entrada!''. Su respuesta fue: "no lo dije a la entrada". ''Hay grabaciones'', le gritaron varios representantes de los medios.

Lima Malvido intercedió. Pidió que no se desviara el acuerdo a que habían llegado ella y el legislador jaliscience para no "adelantar vísperas en ninguna suposición, a efecto de que sea el órgano investigador quien con base en la información pueda dar resultados".

De las amenazas que supuestamente ha recibido Fernando Guzmán, afirmó: "han sido de distinto tipo y en su momento también tendrán que procesarse conforme a derecho; es una información que también conoce la Procuraduría".

Según información obtenida, entre las "nuevas" pruebas entregadas estaría una petición para que la PGR interrogue a Enrique Harari Garduño, ex director de la Policía Federal de Caminos, preso en Almoloya de Juárez, acusado de delitos contra la salud, por brindar protección al cártel de los Arellano Félix.

Así también a José Luis Thirión Muñoz, un ingeniero en comunicaciones que realizó durante 27 años trabajos de espionaje para distintas dependencias, entre ellas la PGR. Supuestamente elaboró una investigación paralela a la oficial del caso Posadas. Actualmente se encuentra preso en Almoloya de Juárez acusado de delitos contra la salud, y por participar en la venta de plazas de la PGR en el estado de Chihuahua.

Cuando se le cuestionó a la subprocuradora Lima Malvido si esto era cierto, respondió: "Ƒde veras quieren que este caso se resuelva?''.

Un testigo ya investigado

Las supuestas imputaciones que involucran al ex presidente Carlos Salinas parten del testimonio de un delincuente identificado como Marco Enrique Torres García, el cual fue rendido en la ciudad de Chicago, Illinois, el 21 de mayo de 1999, entre otros ante el entonces subprocurador general de la República, José Luis Ramos Rivera, y el propio Fernando Guzmán Pérez Peláez.

Todos los datos que en esa comparecencia ante el Ministerio Público reveló Torres García fueron investigados; las fechas, los lugares y los cargos de quien menciona no coincidieron.

El 27 de julio de 2000 esas declaraciones fueron rechazadas por documentarse que eran falsas. Entonces, el hoy diputado local de Jalisco, Pérez Peláez, guardó silencio.