Ť Por primera vez en la historia, grupos civiles participan en la revisión de la ley

Deben buscarse esquemas de comunicación que permitan mayor participación social

Ť Plantean que haya más equilibrio y que los medios no se concentren en grandes sectores

ALONSO URRUTIA Y CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La primera celebración del Día de la libertad de prensa de la administración foxista encontrará dos vertientes: una nueva presión de la sociedad civil para reformar los medios y una agenda cargada de rezagos. Con los desafíos de las nuevas tecnologías encima, el gobierno enfrenta, entre otros, el dilema de balancear entre los añejos reclamos sociales de democratización de los medios electrónicos y el poder acumulado de los concesionarios.

Nuevos tiempos, viejos debates. La demanda de transformar la estructura de la comunicación electrónica en el país ya tiene, aunque incipiente, una primera respuesta: la mesa para la revisión integral de la legislación de medios electrónicos, convocada por la Secretaría de Gobernación, cuya agenda prefigura una revisión mucho más amplia de la comunicación social en México.

Una mesa producto del más reciente desplante de poder de los concesionarios: el boicot al olvidado Consejo Nacional de Radio y Televisión (CNRT) ?única instancia establecida en la ley que data de los sesenta, que podría supervisar a los medios electrónicos?, que pretendía revivir el nuevo gobierno y cuya pretensión era la mera aplicación de la ley.

De forma inédita, con matices e intereses encontrados, participan en la discusión lo mismo concesionarios de radio y televisión, en su puja por garantizar la seguridad jurídica para sus concesiones; organizaciones no gubernamentales, que reivindican su añejo reclamo de mayor participación social en los medios de comunicación; los partidos políticos y su agenda legislativa para impulsar reformas en la materia, y académicos, que plantean cambios que profundicen en la democratización de los medios electrónicos.

Mario Diazmercado, representante de diversas organizaciones de la sociedad civil, destaca la importancia de que por primera vez estén presentes en una mesa gubernamental, y sostiene: "no sólo queremos que haya más transparencia en el otorgamiento de concesiones y que éstas ya no se den de manera discrecional, sino que haya otras instancias del Legislativo, Poder Judicial, la sociedad civil, que ponderen, para la sociedad, la forma como se entreguen".

Ciertamente, quienes han encabezado por años las críticas contra el esquema de comunicación social tienen en su agenda temas que rebasan una mera adecuación al régimen de concesiones. "Los medios de comunicación cruzan la estructura de la democracia, sin apertura de medios no hay democracia", advierte Javier Esteinou, quien funge en la mesa como representante del Consejo para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación.

Esteinou cita otros temas fundamentales: el uso de los medios del Estado; acceso de la sociedad a la radio y televisión comercial; revisar la forma de utilización de los tiempos oficiales en los medios privados, y la creación de un consejo nacional de comunicación social, entre otros.

A partir de su incorporación a la mesa, diversas organizaciones sociales iniciaron una serie de reuniones para impulsar parte de esta agenda que por años ha sido olvidada, porque antes estos asuntos se dirimían entre los concesionarios y el gobierno.

La nueva agenda

En febrero pasado, desde Los Pinos, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, anunció la decisión del presidente Vicente Fox de instalar el Consejo Nacional de Radio y Televisión, como ordena la ley pero que por años no se había concretado ante la oposición de los concesionarios. El anuncio corrió la misma suerte.

Integrado por representantes del gobierno federal, de los concesionarios y de los trabajadores de la radio y la televisión, el CNRT no instalado tiene facultades para: instrumentar medidas convenientes para el eficaz cumplimiento de la Ley Federal de Radio y Televisión; elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones; recomendar medidas tendientes al buen funcionamiento de las estaciones.

Eran días de reacomodos en la relación del nuevo gobierno con los medios de comunicación: por primera vez las principales empresas de televisión ?Tv Azteca y Televisa? se unían en el concierto Unidos por la paz al tiempo que la primera desafiaba a Gobernación y no retiró del aire sus polémicos talk shows, difundidos en horarios para toda la familia.

El intento del nuevo gobierno fue abortado por las presiones de los concesionarios, quienes reaccionaron de inmediato anunciando la creación del Consejo de Autorregulación y cabildeando a alto nivel. El saldo de la negociación fue que en lugar de instalarse el consejo, se creó la mesa para la discusión de reformas a la citada ley.

Para las organizaciones sociales, más allá de lo anecdótico que pudiera ser el origen de la mesa, lo trascendente es que por primera vez la sociedad civil es convocada a una mesa gubernamental para discutir reformas sobre los medios electrónicos. "Es de llamar la atención que nos hayan dado ese espacio para decir qué pensamos. Estamos escépticos de que lo vayan a aceptar, pero por lo menos podemos dejar la inquietud", dice Rafael Moya, del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Para Diazmercado, más allá de que lo tomen en cuenta, participar es una obligación de quienes por años han pugnado por cambiar las reglas del juego, particularmente en un nuevo entorno político: "el entramado corporativista ya no está como antes, no es que haya desaparecido, pero ahora permite estudiar terrenos inexplorados; se ha roto el monolotismo en el Congreso y en la propia CIRT empieza a haber un interés por replantear esas relaciones con el Ejecutivo".

Señala que en esta primera fase la mesa se ha abocado a la discusión de los principios generales que rigen este ámbito de la comunicación social, que se relacionan con diversos artículos constitucionales, entre ellos el 3, 6, 7, 27 y 133, este último referido a los tratados internacionales.

Los alcances de la mesa involucran diversos temas vinculados no sólo con el régimen de concesiones, la Ley Federal de Radio y Televisión; los tiempos del Estado y el 12. 5 por ciento de tiempos oficiales, sino también el análisis de temas como la competencia económica entre las empresas concesionarias y el análisis de la programación, entre otros.

La revisión de la LFRT que ahora se pretende de manera colectiva dista, dice Esteinou, de los arreglos que tuvieron concesionarios y gobierno para elaborar la que se aprobó hace cuarenta años.

Desde su origen, el carácter discrecional del otorgamiento de concesiones permitió alentar un sesgo puramente comercial y una concentración excesiva en un solo sector, el empresarial. Al margen quedaron las universidades y la sociedad civil organizada, "hoy día no tenemos estaciones de radio de ecologistas, de la Iglesia, ni de los ciudadanos", afirma Esteinou.

Recuerda el caso reciente de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se reconocía el derecho indígena a operar sus medios de comunicación, pero finalmente se dejó de lado.

?¿Por qué se le niegan a la sociedad?

?Poseer una concesión, es poseer una gran capacidad de poder.

Agrega que también tiene un motivo comercial: impedir que se pulverice el mercado publicitario, lo que haría más difícil la sobrevivencia de los medios privados.

Hoy que se rompió una fuerte relación entre el partido único y el sistema de concesiones, es el momento de buscar esquemas alternativos que permitan mayor participación social. "Los sectores ciudadanos pueden tener más acceso, vía algunas figuras, como el derecho de réplica, el aprovechamiento del 12.5 por ciento del tiempo oficial y de los tiempos estatales, los 30 minutos diarios que le corresponden al Estado".

Esto tendría que ser un "pacto social" donde el modelo de comunicación sea más equilibrado y no sólo esté concentrado en grandes sectores, afirma el académico.

"La reforma a la comunicación social es un pendiente global para que la reforma del Estado se pueda consolidar. Esta no madura si no se realizan estos cambios, porque los medios de comunicación cruzan la estructura de la democracia. Sin apertura de medios no hay democracia".

Por su parte, el representante del Cencos señala que aun cuando no se ha consolidado la propuesta que las organizaciones sociales llevarán a la mesa de Gobernación, existen esquemas interesantes, que permitirían mayor participación social en los medios.

Moya cita el caso de Alemania: el Estado financia la operación de dos canales de radio a través de los cuales diversas organizaciones sociales, bajo determinados criterios, difunden sus mensajes. El objetivo es lograr que exista una interlocución social con canales abiertos a la sociedad donde diversos sectores pudieran dar su punto de vista sobre la problemática nacional.

No es la única alternativa, dice, existe la posibilidad de impulsar las llamadas radios comunitarias, cuyo funcionamiento estaría vinculado a la revisión del esquema del 12.5 por ciento de tiempos oficiales. Se podría plantear que la mitad fuera pagada en efectivo por los concesionarios, recursos que serían destinados a financiar este tipo de estaciones de mayor participación social.

Sin duda, agrega, el desarrollo tecnológico permite hoy tener más canales de difusión a través de Internet, donde operan muchas radios pirata, bajo la lógica de que lo que no prohíbe expresamente la ley, está permitido. "Podríamos hacerlo, pero como sociedad civil queremos ser reconocidos, hacerlo derecho y tener espacios abiertos".

¿Autorregulación?

Entre las propuestas de organizaciones sociales y académicos destaca la creación de un consejo nacional de comunicación social que norme la actividad de los diferentes medios. Diazmercado reconoce que es un tema polémico y a discusión.

"No sabemos si se va a mantener el que formalmente existe en la ley o cambie". Agrega: "me parece excelente que los medios tengan mecanismos de autorregulación y que cada medio tenga su propio código de ética, pero eso no los exime de cumplir la ley, debe haber un marco legal porque estamos en un pacto social".

A juicio de Esteinou, el Estado ha sido muy complaciente en este renglón y no ha aplicado la ley como corresponde. Más allá de las posturas de los concesionarios, el Estado "debe operacionalizar la ley e instalar el consejo con todos los criterios que ésta contenga, aunque sea un consejo muy tenue, pero es lo que está en la ley".

Derivado de la ampliación de la agenda de la mesa, también se incorporó el papel del Estado en la actualidad. "Debemos partir ?dice Esteinou? de reconocer al Estado como rector del espacio nacional responsable de fijar directrices en la materia, porque no se puede aceptar el modelo del mercado que propugna por tener cada vez menos regulaciones y que el Estado sea cada vez mas insignificante".

Los temas del debate

A raíz de la convocatoria para integrar la mesa de diálogo de revisión integral de los medios electrónicos, se acordó la discusión de los siguientes temas:
 
 

Ť Principios fundamentales en materia  de comunicación

Ť Jurisdicción y competencia

Ť Régimen de concesiones y permisos

Ť Operación de medios electrónicos

Ť Programación

Ť Inspección y vigilancia

Ť Sanciones

Ť Respeto a la libertad de expresión

Ť Tiempos oficiales

Ť Responsabilidad del Estado

Ť Responsabilidad social de los medios

Ť Nuevas tecnologías y convergencia tecnológica

Ť Medios del Estado

Ť Participación social y derecho ciudadano

Ť Producción y distribución
 

Fuente: Radio, Televisión y Cinematografía