La victoria electoral que cosechó Alejandro Toledo el pasado domingo en Perú suscitó abundantes y comprensibles muestras de optimismo político y financiero en la comunidad internacional. Motivos para festejar los hay, indudablemente: por una parte, los comicios de ayer marcaron la superación definitiva de la década de Fujimori, es decir, de un régimen caracterizado por el autoritarismo, la antidemocracia, la disolución institucional, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico de influencias y la simulación económica; por la otra, fueron la culminación de un proceso electoral que, en términos generales, resultó pulcro y ordenado. Adicionalmente, es razonable suponer que la derrota de Alan García constituyó para numerosos sectores del país andino y del extranjero un motivo de alivio, habida cuenta de los saldos de desastre que dejó el aprista cuando ocupó la presidencia en la segunda mitad de los años ochenta.

Sin embargo, los motivos para la esperanza no deben llevar a la omisión del difícil panorama que habrán de enfrentar el virtual presidente electo y su anunciado gobierno de concertación: una clase política corrompida y acanallada por el fujimorato, una institucionalidad carcomida y una economía desarticulada que mantiene a más de 50 por ciento de los peruanos por debajo de la línea de la pobreza.

Las formalidades y los procedimientos electorales parecen haber sido restaurados, pero ello es sólo el punto de partida para una ardua tarea de reconstrucción de la democracia, en un entorno en el cual la cultura cívica y la conciencia republicana resultaron minadas por la corrupción, la arbitrariedad y el desgobierno fujimoristas.

Aun si, Toledo logra llevar a cabo su tarea política en forma óptica, cabe preguntarse hasta qué punto su administración será capaz de estabilizar a Perú y de lograr un margen razonable de gobernabilidad si no se impulsa y logra, al mismo tiempo, una reactivación económica significativa y si no se toman decisiones que alivien las dramáticas carencias de la porción mayoritaria de la población y atenúen los lacerantes y antiguos contrastes sociales que padece la nación sudamericana.

Lo anterior no significa, ciertamente, minimizar la importancia del proceso comicial regular y apegado a derecho que culminó anteayer en Perú, pero es pertinente recordar que ese proceso no significa, ni mucho menos, la solución a los problemas más acuciantes de ese país hermano.