martes Ť 5 Ť junio Ť 2001

Alberto Aziz Nassif

Aeroméxico: derechos plenos

Una lectura posible sobre la reciente huelga de Aeroméxico es la del respeto a los derechos sindicales, situación que puede sonar obvia, pero expresa uno de los factores más importantes en un sistema político que quiere ser democrático. Los derechos republicanos, como los del mundo del trabajo, han sufrido en México un grave deterioro desde hace muchos años. Se ha dicho hasta el cansancio: ninguna democracia se puede consolidar sólo con el respeto electoral, es necesario extender el respeto a los derechos civiles y económicos, y ahora también a los culturales. En este sentido, el caso de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) es interesante por las posibilidades que abre.

Uno de los aspectos más deteriorados en el mundo globalizado son las relaciones laborales. Los costosos programas de ajuste económico --que se hicieron con la misma receta en decenas de países-- destruyeron los derechos adquiridos que los sindicatos lograron durante el Estado de bienestar keynesiano. En México, la mezcla del Estado autoritario y las relaciones corporativas entre los líderes sindicales y la clase política priísta generaron excesos y múltiples abusos, aunque también, hay que decirlo, establecieron un piso mínimo de protección para los trabajadores. A la hora de los ajustes neoliberales se tiró al niño con todo y la bañera, y al querer terminar con los excesos se cortó de golpe el piso mínimo de protección laboral. En un mundo de economía global, al que México ha entrado a marchas forzadas en la última década, el espacio laboral transitó por un deterioro acelerado: quedaron de un lado las grandes centrales, antes conocidas como "oficiales" y hoy en plena decadencia, sobre todo por su falta de legitimidad y de auténtica representación; y en el otro extremo, el mundo del sindicalismo independiente, que ha sido un sector pequeño, a pesar de contar con ciertas ubicaciones estratégicas, y así en el medio creció un monstruo de mil cabezas de simulación, que son los contratos de protección, una especie de franquicia sindical espuria en la que ni siquiera los trabajadores saben que están sindicalizados. En todo este proceso el instrumento de la huelga se deterioró y prácticamente llegó a desaparecer del universo del trabajo. Ahora se vende como signo de un ambiente laboral competitivo el hecho de que no hay estallamientos de huelgas.

Como parte de las armas de ilegalidad y abuso de poder el gobierno mexicano aplicó por décadas la figura de la requisa, con lo cual fracturaba las huelgas en nombre del "interés público". Imaginemos a los gobiernos de países democráticos como Suecia, Francia o Italia, aplicando una requisa, sería completamente impensable. Cuando en estos países estallan huelgas se establecen negociaciones entre las partes y no requisas. Es exactamente lo que sucedió con Aeroméxico: la autoridad laboral fue punto de conciliación entre las partes y no se puso del lado de la empresa para declarar ilegal el estallamiento o requisar.

Una de las ausencias lamentables más notorias en el México globalizado del siglo XXI es que el mundo del trabajo está plagado de violaciones a la ley y de impunidad, y el sindicalismo democrático, independiente del Estado, es sólo una pequeña fracción. Quizá una de las mejores formas de reducir la grave polarización del ingreso sea mediante la construcción de actores sociales que sean interlocutores fuertes tanto del gobierno, como de la empresa, es decir, un sindicalismo democrático y responsable.

Otra cara de la moneda puede ser el riesgo de tener un sindicato poco responsable y muy ideologizado que puede llegar a tronar a una empresa con el alargamiento de una huelga. Por supuesto, siempre existe el riesgo. En este caso, se trató de una huelga que paralizó a la empresa 41 horas y se resolvieron favorablemente las demandas de los sobrecargos de Aeroméxico. Las partes en conflicto llegaron a un arreglo en un tiempo relativamente corto. Quizá, si en el cálculo de la empresa hubiera pesado la no aplicación de la requisa, tal vez la negociación hubiera evitado llegar a la huelga, porque, al parecer, salió más caro el caldo que las albóndigas, es decir, las pérdidas de la empresa (42 millones) representan mucho más que lo que necesitará para pagar el aumento salarial y las prestaciones que se ganaron.

De este caso se puede sacar una conclusión: el gobierno de Fox marcó una distancia clara respecto a los gobiernos priístas; la política laboral mostró respeto a los derechos sindicales al no aplicar la requisa, con lo cual se asumió el valor de una decisión estratégica que generó un cambio laboral significativo. Estas son modificaciones sensibles que se pueden esperar de un gobierno que se dice democrático y respetuoso de la ley. Esperemos que estas decisiones se multipliquen.