MARTES Ť 5 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Dar a conocer los mecanismos para financiar campañas de Zedillo y Madrazo, la meta

Existe consenso en San Lázaro para instalar una comisión que investigue el funcionamiento del IPAB

Ť Oposición del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda

CIRO PEREZ SILVA

Diputados de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda informaron ayer que hay consenso para reinstalar una comisión para investigar el funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) con el objeto de conocer, entre otros documentos, los informes relativos a los fideicomisos del PRI que sirvieron para financiar las campañas de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo.

Dichos informes han sido solicitados reiteradamente por diputados y senadores, pero tanto el actual presidente de la comisión, el priísta Manuel Galán Jiménez, como su ex compañero de partido Amador Rodríguez Lozano han dejado sin respuesta las demandas de información. Ayer mismo se buscó a Galán Jiménez para conocer las razones por las que se opone a entregar a estos documentos, pero se negó a recibir a los reporteros.

En el informe final de la comisión que suspendió sus trabajos en agosto pasado, se precisa que no fueron recibidos los documentos, expedientes y anexos que formaron parte de las actas de entrega del Fobaproa-IPAB, particularmente los casos que fueron analizados por la Dirección de Activos Corporativos del Fobaproa y que originaron el "flujo" en los Programas de Capitalización y Compra de Cartera.

Los legisladores explican que este "flujo" de capital representa la adquisición por parte del gobierno de cartera incobrable o "chatarra", cuyo proceso debe investigarse. Se plantea, además, el análisis de las actas del Comité Técnico del Fobaproa, en el que participaron Javier Arrigunaga, Eduardo Fernández y Guillermo Ortiz, entre otros, y de donde se derivarían presuntas irregularidades de esa compra de cartera.

Otra de las áreas a las que deberán abocarse los legisladores que integren la comisión se refiere al manejo poco transparente de la banca intervenida, que impidió al IPAB contar con un inventario y un control real de los activos que tienen dichas instituciones. De acuerdo con el PRD, esta situación tiene su origen "en la actitud negligente y llena de sospechas que la Comisión Nacional Bancaria ha asumido. También ha impedido que el IPAB asuma el control y la administración de los bancos intervenidos".

Las observaciones de los perredistas que integraron la comisión sostienen que, con la información entregada por el IPAB, resulta imposible conocer el valor real de los activos, "y mucho menos" el valor estimado de recuperación, tanto por la situación de sobrevaluación, que en muchos de ellos se presenta, como por el estado físico y la situación jurídica que guardan. "No es posible proyectar el verdadero monto de la reducción en el costo fiscal que se tendrá con la venta de dichos activos", advierten.

Diputados de la Comisión de Vigilancia sostienen que, de acuerdo con el informe final del grupo investigador, el instituto había decidido no realizar indagación alguna de los créditos reportables, particularmente los comprendidos en el grupo A para proceder a su canje, sustitución o regreso de la cartera a los bancos, lo que -aseguran- impide la reducción del costo fiscal y propicia la impunidad en la mayor parte de las operaciones irregulares.

En relación con los créditos del grupo B, "no se quiso" informar a la comisión el resultado de las acciones judiciales de cobranza que en su caso proceden. Sostienen además que el IPAB "no ha cumplido con el mandato del artículo séptimo transitorio y, por lo tanto, no ha exigido al Partido Revolucionario Institucional la devolución de los montos obtenidos a través de las operaciones de crédito".

Se refieren a los fideicomisos mediante los cuales se financiaron las campañas electorales de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo, que recibieron aportaciones del banquero preso Carlos Cabal Peniche, y que presumiblemente provenían de préstamos que el dueño de Banca Unión se hacía a sí mismo.

Estos documentos se encuentran en poder de la comisión de vigilancia desde el inicio de la legislatura, luego de que la Suprema Corte fallara una controversia constitucional a favor de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ningún diputado los conoce, ya que los presidentes en turno de la comisión se han negado a proporcionárselos.