LUNES Ť 4 Ť JUNIO Ť 2001

León Bendesky

Reglas del juego

La sociedad mexicana requiere de mucho más claridad acerca de las reglas que definen el juego de la vida colectiva. Estas reglas siguen sin estar definidas en muchos de los campos del quehacer cotidiano de los individuos, las familias, las comunidades, las empresas y el gobierno. Esta dimensión del orden social se va construyendo palmo a palmo hasta que, con el tiempo, su existencia se hace costumbre y, entonces, se puede aceptar mejor su necesaria evolución a medida que van cambiando las condiciones. Las reglas son necesarias para instaurar el entorno en el que se alcanza una cierta normalidad en las cosas públicas y en las relaciones privadas y en las que su efectividad operativa queda sustentada en su aceptación generalizada, con lo que se convierte en un ámbito no cuestionado. Las reglas del juego social, del contrato que forjan y aceptan los ciudadanos y el Estado se expresan en las leyes, las normas y las instituciones que lo enmarcan.

Nuestro contrato social es ya obsoleto, está gastado y a punto de caducar. El gobierno, que rápidamente deja de ser nuevo, se ha planteado a sí mismo como el portador del cambio, pero no da inicio de modo efectivo a la transformación real de las reglas del juego social en México. En ese sentido continúa las viejas prácticas políticas que ha heredado, conserva las estructuras de poder y dominación y mantiene el ámbito tradicional del autoritarismo. En el replanteamiento abierto de las reglas del juego está una de las áreas privilegiadas de la transición a la democracia, que tiene que darse con una ampliación del espacio de las libertades reales y no de las que existen de manera formal, pero que tienden a ser inoperantes.

La acción política es un componente esencial del ejercicio de gobernar, pero para ser efectiva requiere de la transformación de las estructuras de la sociedad y entre éstas se encuentran sus reglas, desde las más visibles, como pueden ser las que rigen el comportamiento cívico en las calles, hasta las más complejas que tienen que ver con el ejercicio del poder en todas sus expresiones. Sin esa correspondencia, la acción política se frustra o acaba en la imposición y ahí está el riesgo de la desarticulación de las palabras que se dicen con la experiencia concreta de quienes las oyen.

Tan sólo en los días recientes pueden señalarse tres instancias en las que las reglas no son claras, no existen o se omite su cumplimiento por parte de los responsables de aplicarlas. Es bien sabido que el gobierno, las autoridades y los banqueros tienen muchas cuentas pendientes que rendir a la nación. Como un servicio público, el que prestan los bancos ha sido sumamente oneroso económica y financieramente para la sociedad y resalta la falta de cumplimiento de su función básica, que es la de dar crédito para la inversión productiva y, también, el de prestar un buen servicio, pues están a cargo del sistema de pagos de la economía. Esta situación sólo se puede explicar porque gozan de un privilegio que nada tiene que ver con las fuerzas del mercado y de la competencia.

El día 29 de mayo se publicó un aviso sobre el cambio de horario de pago de cheques depositados salvo buen cobro. Más allá de la pertinencia de esta medida lo que llama la atención es que el aviso está firmado por la Asociación de Banqueros de México, A.C. No lo firma alguna de las autoridades responsables de normar o regular las operaciones bancarias, no lo hace Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria o el Banco de México, sino una asociación privada que reúne a los banqueros que disponen unilateralmente de lo concerniente a un asunto público. Esta es una muestra del modo en que se desdibuja la esencia del Estado y la manera en que los bancos privados fijan a su arbitrio las reglas del juego del dinero. El problema es que mientras este grupo puede determinar qué hacer con los cheques "salvo buen cobro", los clientes no pueden optar por una acción correspondiente de usar un banco "salvo buen servicio", y los que no son clientes de todos modos tienen que pagar.

Otro caso es el de los maestros. Más allá de quienes son los buenos y malos es claro que no hay relación alguna entre los pronunciamientos oficiales sobre una revolución educativa y la situación de los maestros o el contenido de sus demandas. La conversión del magisterio mexicano en lumpen es contraria a la posibilidad de elevar el nivel educativo del país y hacerlo el centro de la renovación nacional. Pero aquí, otra vez, no hay reglas para enfrentar los conflictos ni instancias que se hagan cargo. Lo que es claro es que la permanencia de los maestros en la calle no es el mejor ejemplo para los niños y jóvenes de México, ni la forma para devolver al trabajo del maestro la jerarquía que debe tener en una sociedad culta y civilizada. Nadie da la cara y eso indica que no son los maestros los que están aislados, sino el propio gobierno, y en ello continúa la práctica de sus antecesores.

Por fin, destaca la actitud del consejero del IFE Jaime Cárdenas, que públicamente manifestó su rechazo al foro organizado por la Secretaría de Gobernación y con entrada restringida para analizar la reforma constitucional. El argumento es contundente: eso no le corresponde al gobierno, sino a las organizaciones sociales y al Congreso. Aquí el consejero fijó los límites que se tienen que crear en un nuevo entorno político más democrático y que las autoridades parecen aún no entender. Estas son también las nuevas reglas del juego que se tienen que definir para pasar a un régimen en efecto más liberal y menos autoritario.