REPORTAJE

Su escuela, las cárceles de la década de 1980

Secuestradores: la casta maldita que prohijó Alfredo Ríos Galeana

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y J. ANTONIO ZUÑIGA /I

Son recluidos en habitaciones a media luz, despojados de su dignidad, vulnerables casi hasta la demencia, al igual que sus familiares. Les hacen llegar la comida por debajo de la puerta del cuartucho. A muchos los encadenan y encapuchan, y deben atender sus necesidades fisiológicas en cubetas o en el sitio donde permanecen días o meses. Son los secuestrados.

Entre tanto, los plagiarios se pasean en camionetas de lujo, armados, con varios teléfonos celulares en mano. En algunos casos se relacionan con quienes serán sus víctimas. En otros han estudiado durante semanas o meses la conducta, costumbres y familia de sus rehenes.

Informes confidenciales de la Policía Federal Preventiva (PFP), cuya copia tie-ne La Jornada, detallan que la historia de los secuestros como negocio en México comenzó a escribirse hace 20 años.

Los iniciadores de esta industria, que lacera en lo más profundo las estructuras sociales y familiares, se forjaron en las cárceles, al amparo de la corrupción y la impunidad penitenciaria.

Estuvieron bajo la sombra de uno de los delincuentes más violentos en la historia criminal del país: Alfredo Ríos Galeana, quien fue comandante del desaparecido Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem) y que a la postre se convirtió en el mayor asaltabancos del país, tras una ascendente carrera policial, durante la época en que Carlos Hank González gobernó esa entidad.

Los que llegarían a ser los secuestradores más famosos de los años 90 coincidieron, todos, en cárceles de la ciudad de México durante el decenio anterior. Ahí comenzaron a integrar las bandas que en los últimos 10 años han cometido más de mil 500 secuestros denunciados, y obtenido "conservadoramente" ganancias superiores a 200 millones de dólares.

Las bandas tienen una estructura "básica": grupos encargados de alimentar a los cautivos, de trasladarlos, de "cuidarlos". Regularmente está integrada por gente de escasos recursos económicos que por una migaja del rescate se convierte en parte de esa cadena delictiva que ha permitido que en México, desde empresarios y deportistas hasta empleados públicos, estudiantes y amas de casa sean plagiados por horas o meses enteros.

Los que no regresan

No todos los cautivos regresan al lado de su familia. Algunos murieron el mismo día en que fueron secuestrados, otros fueron asesinados tiempo después y de otros ni siquiera se sabe el paradero. Muchos, sobre todo entre 1996 y 1999, fueron mutilados. Una oreja, un dedo, era la marca de la banda.

El impacto social ha generado situaciones que justifican que este delito pertenezca al ámbito federal y que dentro de la delincuencia organizada se le considere asunto de seguridad nacional.

Un funcionario de la Policía Federal Preventiva (PFP) describe "lo que hemos ido aprendiendo, descubriendo, odiando, atacando".

Las bandas de secuestradores, dice, "se han ido transformando: ahora la mayoría son los cachorros de Andrés Caletri; de los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi; de Modesto Vivas Urzúa, La Víbora, y de Benito de Vivas Ocampo, El Viborón, porque han ido perdiendo estructura, operatividad, alcances. Antes iban por grandes empresarios o políticos, o por hijos de éstos; ahora puede ser cualquiera. Los montos de los rescates han disminuido, la violencia ha aumentado".

En los últimos tres años la PFP ha participado de manera directa en la solución de182 secuestros; ha apoyado a autoridades estatales en el rescate de 136 personas más y ha detenido a 197 criminales.

María de la Luz Lima Malvido, subprocuradora de Coordinación General y De-sarrollo de la Procuraduría General de la República (PGR), considera que las bandas de secuestradores "toman en cuenta las circunstancias políticas, sociales y económicas de cada lugar en que operan, incluso cuántas agencias de seguridad privada hay en esa entidad.

"Operan en épocas especiales de cada estado; por ejemplo, muchos grupos se mueven conforme a los tiempos electorales; les parece más fácil desestabilizar una entidad en ese momento", relata Lima Malvido.

Otras bandas, en cambio, "ya tienen tan hechos sus esquemas operativos que plagian en Querétaro y ocultan a su víctima en el Distrito Federal, Morelos o Guerrero, si se trata del centro del país. En el norte, los rehenes son capturados en Sinaloa y llevados a Jalisco, Durango u otra entidad cercana", aseguran fuentes de la Federal Preventiva.

Venta de protección a empresas

Las bandas de secuestradores no sólo tienen esa actividad; también se dedican a extorsionar empresas. Tal fue el caso de Juan Daniel García Avilés y cinco de sus cómplices, quienes fueron detenidos el 21 de febrero de 1999 por la PFP en colaboración con las procuradurías estatales de Guerrero, Morelos y Sinaloa.

Esa organización extorsionaba a las empresas Lala y Bimbo, a las cuales les cobraba entre 500 y 590 mil pesos mensuales por "protección". Con Sabritas y Nestlé estaban en negociaciones.

El involucramiento de agentes policiacos en activo, ex agentes, y hasta servidores públicos ha ido quedando al descubierto. El 19 de mayo las autoridades fe-derales detuvieron a Rubén Salvador Ayala Avilés, quien declaró haber participado en tres secuestros y pertenecer a una banda encabezada por "Julio César Guerrero Zurita, ex presidente municipal de Tlapa, Guerrero".

El caso no es único. Los estados de Mé-xico y Morelos han sobresalido en esta actividad, no sólo por el número de secuestros, sino también por el involucramiento de funcionarios con pandillas de plagiarios.

En febrero de 1998 Carlos Peredo Mer-lo, ex procurador de Justicia de Morelos, ordenó a los comandantes José Luis Estrada Aguilar y Armando Martínez Salgado que el cadáver de Jorge Nava Avilés, El Moles, presunto secuestrador, fuera
sacado de las instalaciones de la dependencia a su cargo y arrojado en el estado de Guerrero.

El ex coordinador del propio Grupo An-tisecuestros de la Judicial de Morelos, Armando Martínez Salgado; los comandantes Jacinto Armendáriz Rosas, Pedro Rafael Reybal Martínez y Oscar Ignacio Portugal Popoca, y el agente Fidel Pascual Espinoza López, torturaron y asesinaron a Nava Avilés dentro de las instalaciones de la procuraduría morelense.
 
 

Policías federales de Caminos detuvieron en el municipio de Buenavista de Cuéllar, Guerrero, a Martínez Salgado, Miguel Espinoza López y Jacinto Arizmendi cuando intentaban abandonar el cadáver de Nava Avilés junto a la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Iguala-Palmira.

El cuerpo del hombre que los judiciales pretendían desaparecer fue trasladado del Ministerio Público de Iguala al Servicio Médico Forense, donde los especialistas practicaron la necropsia e informaron que el cadáver presentaba huellas de golpes y sangrados internos, además de contusiones en el cráneo.

El comandante fue llevado a juicio y en-contrado culpable de pertenecer a una organización "dedicada en forma permanente o reiterada a cometer secuestros". También brindaba protección en ese estado a las organizaciones de Andrés Caletri y de los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi.

"Los relatos de los secuestrados están llenos de violencia, de temor y sufrimientos; nada quedará atrás, nunca. Los mo-mentos de angustia cuando uno de sus plagiarios les apuntó en la cabeza, otro o el mismo cortó cartucho y les metió el cañón en la boca, tiró del gatillo y... en ambos casos el arma estaba descargada.

"Las amenazas inician desde el momento mismo de la captura. El 'te vas a morir si no pagan'. Sabemos qué hace tu familia, que tienes tantos hijos, que van a tal escuela; a tu mujer le gusta comprar en tal

lado; tus padres son Fulano y Mengana y tienen tal coche o propiedad, son algunos de los datos que se vierten al secuestrado para hacerle ver que su destino está en manos de los desconocidos", indica el alto funcionario de la PFP.

Banco de voces

"La voz ha sido uno de los más grandes datos que se han obtenido; ya existe un banco de voces en algunas procuradurías y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se puede identificar el grupo o la banda de donde salió, pero aún es imposible trabajar en todos los casos porque no hay denuncias, falta confianza en las autoridades", indica.

Cuando alguien sale de su secuestro con vida "el infierno es tan grande que el temor nunca termina. Hoy salió y regresó a su hogar, mañana no sabe, pero se gesta también un agradecimiento secreto a los plagiarios, que se llega a expresar en el momento de decir que los respetaron, que les dieron de comer, que los bañaban, que a veces los dejaron hablar con sus familiares. Pero hay casos donde luego de va-rios meses no se sabe dónde quedó el plagiado", agrega.

Es el caso del empresario Agustín Gó-mez Alvarez, secuestrado el 6 de marzo de este año en la ciudad de México y por quien sus captores exigían el pago de tres millones de dólares. Supuestamente esta persona aún estaba en cautiverio el 19 de abril, de acuerdo con el informe elaborado por la PFP en esa fecha.

La tarjeta informativa de la PFP del 15 de mayo pasado indica que el 23 de abril se detuvo a los responsables del secuestro de Gómez Alvarez: Ignacio Juárez Noyola, Nacho; José Luis Flores Conchas y cuatro cómplices más. Sin embargo, no menciona si el empresario fue rescatado.

Otros casos de personas plagiadas que no han sido liberadas son Claudia Verónica Martínez Cortés, de 31 años, secuestrada el 19 de marzo de este año en el estado de México, y por quien sus plagiarios exigían 2 millones 500 mil pesos, y Pedro Fletes Rentería, empresario, de 53 años de edad y director del colegio Amado Nervo, por cuya libertad exigen 5 millones de dólares.

"La impunidad ante la falta de denuncias es el más grande escudo de estas bandas que llevan a sus víctimas a casas de seguridad en zonas cercanas a las grandes metrópolis. Lugares donde la gente se confunde y no se conoce entre sí, por el individualismo y esa falta de relación en-tre lugareños", dice el funcionario.

El huidizo enemigo público número uno

Ex militar, ex policía, asaltante de bancos, asesino, secuestrador y violador, a Alfredo Ríos Galeana se le considera todavía, a 15 años de su desaparición, como el enemigo público número uno. En su haber se cuentan tres fugas de reclusorios, la última en 1986, considerada una de las más espectaculares de la historia.

Ríos Galeana se formó en la desaparecida Brigada de Fusileros Paracaidistas, que integró el cuerpo duro del Ejército Mexicano durante varias décadas.

Ahí alcanzó el grado de sargento primero de la Policía Militar. Cuando se creó el Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem), se integró a éste, donde se distinguió como primer comandante y permaneció hasta que la corporación desapareció en 1981, por órdenes de Alfredo del Mazo.

En esa fecha inició su carrera delictiva. Con el conocimiento adquirido en los años de policía, el ex comandante del Barapem formó una banda con la que asaltó decenas de bancos, secuestró y asesinó a comerciantes y empresarios, y en múltiples enfrentamientos dio muerte a varios policías.

En 1983 fue capturado por primera vez y encarcelado en el Centro de Readaptación Social del Estado de Hidalgo, de donde se fugó a los pocos meses.

Un año más tarde fue detenido en un asalto bancario frustrado. Por primera vez se le encarceló en la penitenciaría de Santa Martha Acatitla, donde permaneció poco tiempo.

El 22 de noviembre de 1986 efectuó su famosa fuga de película: al mediodía un comando formado por siete hombres y tres mujeres se presentó en las oficinas del juzgado 33, y tras amagar al personal, arrojó una granada de mano contra la rejilla de prácticas.

Ríos Galeana y diez de sus cómplices escaparon por el bo-quete que dejó la explosión, en medio de una intensa balacera que dejó un saldo de varios muertos y heridos.

Desde entonces el enemigo público número uno, como ya se le llamaba, se envolvió en la clandestinidad.

Su presencia era algo más que un fantasma o una leyenda en todos los asaltos bancarios. En 1988 rescató a quien se convertiría en su lugarteniente, José Bernabé Cortés Mendoza, El Marino, quien era trasladado del Reclusorio Sur al Norte para unas diligencias.

El rescate tuvo la firma de la banda de Ríos Galeana: un co-mando de enmascarados atacó con armas de grueso calibre a la camioneta pánel de la Dirección de Reclusorios y a los policías que la custodiaban, en la avenida Acueducto de Guadalupe, delegación Gustavo A. Madero. En 1992 El Marino fue muerto en un enfrentamiento con la Policía Judicial Federal en una casa de seguridad de Los Reyes La Paz.

De Ríos Galeana poco se sabe desde esa fecha. Se cree que hasta 1990 protagonizó o dirigió asaltos bancarios en Querétaro, Hidalgo y el estado de México, y que sus cómplices siguen activos en la capital del país.

El enemigo público número uno ya no es el mismo que ingresó al crimen en 1981. Al menos en tres ocasiones cambió su rostro con cirugía plástica, según las autoridades.

Sin embargo, la página web de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aún pide ayuda de la ciudadanía para su captura, presentando una fotografía de Ríos Galeana de los años 80, y da como información que tiene 48 años de edad, mide 1.96 metros, posee nariz ancha, labios gruesos y es de cabello castaño oscuro.

La procuraduría capitalina lo busca por los delitos de robo, asociación delictuosa, portación ilegal de arma de fuego, acopio de armas, lesiones, daño en propiedad ajena, homicidio, falsificación y uso de documentos falsos.