DOMINGO Ť 3 Ť JUNIO Ť 2001

Ť Su permanencia en la cárcel demuestra que son presos políticos: Voz de Cerro Hueco

Incumple el gobierno compromiso de liberar a zapatistas

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 2 de junio.

El abogado Miguel Angel de los Santos, asesor de la organización de presos Voz de Cerro Hueco, aseguró que desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) rechazó la reforma sobre derechos y cultura indígenas aprobada por el Congreso de la Unión, el gobierno federal "ha actuado con lentitud en el proceso para la liberación de los reos que aún permanecen en las cárceles de Chiapas, Tabasco y Querétaro".

"Parece que sólo serán liberados si reinicia el diálogo con el EZLN"

Lo anterior, agregó, "reafirma el carácter de rehenes de los presos, pues da la impresión de que sólo serán liberados cuando el EZLN reanude los contactos con el gobierno federal", suspendidos a principios de mayo a consecuencia de la aprobación de la reforma indígena, calificada por el grupo rebelde como "una traición".

El abogado declaró que el hecho de que se haya interrumpido el contacto entre las partes en conflicto "no exime al gobierno federal de cumplir con la liberación de todos los presos zapatistas", como se comprometió el presidente Vicente Fox cuando dijo que atendería las tres "señales mínimas" que pusieron los zapatistas el 2 de diciembre pasado.

Dijo que de los más de 100 simpatizantes zapatistas que serían excarcelados, aún están recluidos cuatro en Chiapas, cuatro en Tabasco y dos en Querétaro. De los Santos manifestó que algunos "podrían ser liberados con el solo reconocimiento de su derecho a la libertad anticipada, como es el caso de Rafael López Santiz, quien, según el Instituto Nacional Indigenista, es candidato a ese beneficio desde noviembre del año pasado, vía libertad anticipada", para lo cual esta dependencia federal aportó el estudio correspondiente.

El abogado dijo que en marzo de este año, "según el INI, se reunieron con funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, y sólo estaban esperando el estudio técnico por parte de autoridades del Cereso de San Cristóbal".

Pero éste "refleja el aprovechamiento político que el gobierno federal hace del mismo, pues no obstante que Rafael merece ser liberado desde tiempo atrás, no lo ha hecho hasta encontrar un momento político que sea conveniente a las autoridades federales".

Similares situaciones viven Gustavo Estrada Gómez y Alejandro Méndez Díaz, quienes aún están presos "porque su liberación depende de trámites administrativos realizados por autoridades penitenciarias", comentó.

Acerca de Salvador López González, originario del municipio El Bosque, quien es acusado de haber participado en la emboscada que en junio del año pasado provocó la muerte de ocho policías estatales, aseguró que "su liberad depende de la PGR, porque él se encuentra en la etapa procesal de conclusiones. Si el Ministerio Público Federal se abstiene -ante el reconocimiento de una detención y un proceso penal injustos- de presentar conclusiones de acusación, la libertad de Salvador sería inmediata".

Estos cuatro casos, subrayó, "evidencian que la liberación de los presos depende y se encuentra en el ámbito de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo federal".

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas solicitó al Presidente que "facilite" la liberación de Salvador López González. Con base en las constancias de los juicios, la inocencia del detenido "es irrefutable", aseguró en un comunicado. "Su encarcelamiento es sinónimo de reclusión por motivos políticos", enfatizó.