DOMINGO Ť 3 Ť JUNIO Ť 2001

Ť La ley es difusa en definición de grupos civiles armados, dice funcionario de la PGR

Habría 19 bandas paramilitares en Chiapas

Ť La unidad especializada de la PGR ha abierto 56 averiguaciones previas: Del Río Leal

Ť En Venustiano Carranza la problemática de choques violentos es de origen agrario, aclara

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 2 de junio.

Desde su creación, en abril del año pasado, la unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ha abierto 56 averiguaciones previas relacionadas con denuncias en contra de 19 organizaciones presuntamente paramilitares en Chiapas, informó su titular, Armando del Río Leal.

Agregó que en 14 meses se han girado mil 131 citatorios, han recabado 815 declaraciones ministeriales y se han ordenado 298 investigaciones a la Policía Judicial Federal. "Actualmente la unidad está documentando la supuesta presencia de grupos civiles armados en la entidad, principalmente a partir de denuncias públicas formuladas por organismos sociales de derechos humanos", explicó en entrevista.

Entre las 56 averiguaciones destaca la relativa al caso de 45 indígenas tzotziles masacrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, la cual está integrada por 28 tomos y más de 20 mil fojas.

Algunos de los grupos incluidos en las investigaciones son Paz y Justicia, Chinchulines, Máscara Roja y Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista.

Respecto a las declaraciones del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía de que corresponde a las autoridades federales indagar sobre la presunta presencia de grupos civiles armados en Venustiano Carranza, Del Río Leal dijo: "quienes tenemos la responsabilidad de perseguir los delitos que se han denunciado en ese municipio lo estamos haciendo con absoluta prudencia y responsabilidad".

Aseguró que desde su creación, la unidad a su cargo empezó las investigaciones al respecto, "y se encuentra documentando hechos en los que algunas de las organizaciones aludidas -Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos- hubieran actuado como grupo armado, para lo cual se ha citado a integrantes de ambos grupos, y un agente del Ministerio Público de la Federación, al mando de agentes de la Policía Judicial Federal, está encargado en forma permanente de estos casos".

Reconoció que en Venustiano Carranza "existe una problemática muy compleja, principalmente de carácter agrario, que data desde 1953", con la fundación de la Casa del Pueblo, una de cuyas escisiones dio origen a la Alianza San Bartolomé de los Llanos, e históricamente, entre ambas se han dado disputas violentas por la tierra. De 1970 a la fecha se tienen registradas por lo menos 10 emboscadas, con saldo de muertos y heridos de los dos lados.

"La problemática es seria y merece una solución integral. Debe resolverse el problema agrario, que es el tema de fondo, y las autoridades correspondientes seguramente están avanzando en una solución definitiva y en un proceso de reconciliación", expresó. "Lo que de esto se ha derivado tiene que atenderse con la mayor sensibilidad, pero sin negociar con la aplicación de la ley".

La unidad especializada también investiga la probable existencia de un tercer grupo armado que operaría en Venustiano Carranza, y que de acuerdo con algunas versiones podría ser el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En una ponencia que dictó en días pasados en un foro de consulta popular, Armado del Río se refirió a la necesidad de "adecuar" la legislación actual, porque "es indispensable considerar la transformación de la norma legal, para eficientar la persecución de los delitos que se cometen en el contexto de la operación de los grupos civiles armados".

Sostuvo que la transformación del sistema de procuración de justicia debe incluir una revisión histórico-jurídico-penal directa acerca de la operación de dichas organizaciones armadas para hacer una delimitación al respecto.

"Durante las indagaciones ha habido confusión en cuanto a la definición de los grupos civiles armados. No estaba claro en un principio cuáles eran aquellos cuya actividad era materia de investigación de la unidad especializada de la PGR, pues la información pública resentía un abuso excesivo de los términos paramilitar y grupo armado, y prácticamente cualquier grupo de delincuencia común podía recibir esa caracterización", precisó.

Aseguró que la legislación sobre el particular "es difusa", y que la PGR inició las investigaciones sobre la presencia de "probables grupos civiles armados utilizando este concepto para distinguirlo de otros que no constituyen una figura jurídica dentro del derecho positivo mexicano".

En estos términos, añadió, sectores y organismos no gubernamentales de derechos humanos "han señalado la necesidad de elaborar y presentar una propuesta legislativa que tipifique la operación de estos grupos como delito grave, y que lo haga concurrir con la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada". Insistió en que por la gravedad de los delitos que se atribuyen a los presuntos paramilitares y por su forma de operar, "estaríamos frente a una categoría penal distinta, no establecida de manera clara por nuestra legislación".

Además, subrayó, existe la necesidad de que "se revise el que las instancias locales tengan facultades para la persecución de delitos federales o, en su caso, como respuesta más inmediata, articular estrategias de concurrencia, como la creación de agencias mixtas".