DOMINGO Ť 3 Ť JUNIO Ť 2001

Ť La iniciativa busca dar mayores beneficios a las Afore, asegura diputado priísta

Pretende Fox impulsar la privatización del sistema de pensiones, advierten

Ť Los grupos empresariales invertirían fondos de los trabajadores en operaciones de riesgo, dice

ANDREA BECERRIL

La reforma legal que permitiría mejorar la grave situación de dos millones 700 mil jubilados del país, a través de igualar todas las pensiones a 1.3 salarios mínimos, sigue pendiente desde el año pasado, cuando el gobierno de Vicente Fox solicitó al Legislativo diferir la discusión. No obstante, lo que sí ya hizo llegar el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión es una iniciativa para modificar el sistema pensionario mexicano, avanzar en su privatización y otorgar la posibilidad de generar mayores ganancias para las Afore, al permitir que inviertan en la Bolsa de Valores los fondos de retiro de los trabajadores del país e incluso rescatar empresas.

De entrada, la iniciativa enviada por Fox a la Cámara de Diputados el pasado 15 de abril, obliga a los casi 2 millones de servidores públicos y empleados de paraestatales que cotizan en el ISSSTE a dejar sus aportaciones en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) -los intermediarios financieros que, a partir de las reformas de 1995, manejan e invierten los dineros destinados a las pensiones de los trabajadores mexicanos.

Pero no sólo eso, la intención evidente del proyecto de reforma a la ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de Fox es permitir que los grandes grupos empresariales y financieros sigan "ensanchando sus ganancias", a partir de los fondos de retiro de los asalariados mexicanos, para invertirlos en operaciones de riesgo, sin otorgar mayores beneficios a los dueños de los recursos y "con la complicidad del gobierno", advirtió el priísta Samuel Aguilar Solís.

Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara baja, que tiene a su cargo dictaminar el proyecto, advirtió que la iniciativa provocó preocupación entre diputados y senadores del PRI, quienes consideran que el gobierno federal intenta profundizar en la controvertida reforma de 1995 a la Ley del Seguro Social, por la que se puso en manos privadas los fondos de pensiones de los mexicanos.

Se busca que los fondos de pensiones de los asalariados mexicanos ya no sólo sirvan para financiar los Cetes del gobierno y el Fobaproa-IPAB, sino que sean importantes recursos para los grandes grupos financieros y empresariales.

Aguilar Solís precisó que la iniciativa presidencial para modificar y adicionar la ley del SAR podría resumirse en dos frases: "Más para las Afore y menos para los trabajadores", toda vez que da mayores prerrogativas a las Administradoras de Fondos para el Retiro y deja a un lado la protección permanente de los intereses y el patrimonio de los mexicanos.

Con la iniciativa foxista, agregó, se amplía el mercado para las Afore, al incluir también a los burócratas y a los independientes, de tal forma que podrán captar un mayor número de afiliados y, por tanto, mayores comisiones por "administrar" los recursos destinados a las pensiones de los trabajadores. Además, agregó el diputado priísta, a los trabajadores independientes -los que no están afiliados al IMSS o al ISSSTE- se les deja a merced de los contratos que celebren con las administradoras, sin ningún requisito o candado en la ley, sino exclusivamente con "disposiciones de carácter general", para modificarlos cuando quieran.

La iniciativa foxista modifica casi en su totalidad 46 artículos de la ley del SAR, deroga uno, crea ocho nuevos y otros tres transitorios.

Una de los cambios más drásticos es el propuesto al artículo 38 de la ley del SAR, que deroga la prohibición de que las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos de Retiro (Siefore) inviertan en valores. Y otro cambio, a la fracción 11 del artículo 48, establece que pueden adquirir valores extranjeros aquellas empresas establecidas en México.

Ello significa que las Afore y sus intermediarios financieros, las Siefore, pueden invertir los recursos de los trabajadores mexicanos en la Bolsa de Valores, con el riesgo subsecuente. Además, "vulneran el espíritu de la reforma establecida en el artículo 43" de la ley del SAR en vigor, en el cual se precisa que "el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y fomentará la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo regional".

Obviamente, recalcó Aguilar Solís, "no se genera empleo ni se fomenta el desarrollo nacional colocando bonos en el extranjero".

Asimismo, agregó, en la iniciativa foxista para reformar el SAR se deroga el concepto de nexo patrimonial, pero paradójicamente se abre la posibilidad de nexos de grandes grupos corporativos, de tal forma que utilicen los fondos de los trabajadores para financiar su expansión o rescate. Ello, "bajo el argumento de que se está impidiendo que las Siefores inviertan en valores emitidos por las empresas más sólidas, solventes y reconocidas" de México, las que, "por su tamaño y volumen de operaciones, tienen vínculos con la mayoría de los grupos financieros o corporativos a que pertenecen las Afore".

Otras prerrogativas que la iniciativa presidencial propone para las Afore es eliminar la obligación de que las Siefore constituyan fondos de reserva -necesarios en caso de riesgo-, además de establecer que las comisiones que perciben por administrar los fondos de pensiones de los trabajadores deben tener un rendimiento por encima de la ley.

Además, el proyecto de reforma foxista incluye otras modificaciones que dejan de lado la protección permanente de los intereses y patrimonio de los trabajadores.

De entrada, las Afore dejan de ser entidades dedicadas exclusivamente a administrar los recursos de retiro de los trabajadores, pues en la iniciativa se establece que la junta de gobierno del SAR establecerá la autorización para que las administradoras realicen "actividades análogas o conexas a su objeto social". El diputado Aguilar Solís comentó que cabe preguntarse "Ƒa cuáles otras funciones se refieren?".

También a favor de las Afore, el proyecto plantea disminuir considerablemente, en la mayoría de los casos 90 por ciento, las sanciones administrativas por irregularidades. "Es decir, si antes había una multa de 100 a 500 días de salario mínimo por cada cuenta no individualizada, ahora se hace por evento, o sea que la Afore se hace acreedora a pagar de uno a 100 días de salario mínimo por no individualizar cuentas, no importa si se trata de una o 100".

Aguilar Solís resaltó que la iniciativa está siendo analizada con todo detenimiento, pero de entrada, su partido no aceptará ningún cambio que ponga en riesgo el patrimonio de los mexicanos, ni que pretenda utilizar sus fondos de retiro para financiar empresas. De entrada, dijo, es necesario que en la ley se bajen las comisiones que ahora cobran las Afore, ya que si el mercado se va a agrandar, es lógico que el porcentaje que perciben disminuya.

Sobre todo, añadió, porque con la reforma, prestaciones como fondos de ahorro y primas de antigüedad, al integrarse a las Afore, perderán su valor por las comisiones.

El reto de los legisladores, agregó, es grande, toda vez que el objetivo del gobierno federal a largo plazo es la integración de un sistema unificado de pensiones, con una sola opción, que es la capitalización individual, que hasta ahora ha significado rendimientos diferenciados, según la categoría o el tipo de trabajador y con considerables ganancias para las Afores.

Aguilar Solís dijo que además de incorporar a la iniciativa beneficios sociales para los trabajadores mexicanos, en el Congreso debe seguirse impulsando el proyecto de reformas a la Ley del IMSS -pendiente desde diciembre del año pasado, cuando el Seguro Social planteó que aprobarlo lo llevaría a la quiebra-, a fin de mejorar las pensiones de quienes se jubilaron antes de 1995.