Ť Incipientes democracias, en riesgo si no actúan: Menchú, Bunster y Montemayor

Castigo a genocidas en AL, cuenta pendiente

Ť Militares guatemaltecos de hoy mantienen la fobia anticomunista de Ríos Montt

Ť El terrorismo de Estado debe recibir el mismo trato judicial que el crimen organizado

BLANCHE PETRICH

La Operación Cóndor y las guerras de ge-nocidio que ocurrieron entre los decenios de 1960 y 1980 en Centro y Sudamérica respondieron a una doctrina de seguridad militar hemisférica que no ha sido superada. En pleno siglo XXI, con predominio de democracias representativas en países que atravesaron décadas de terrorismo de Estado, hay cuentas pendientes que los nuevos gobiernos deben saldar con sus respectivas ciudadanías y con las nuevas generaciones, no sólo con los familiares de las víctimas.

Porque "lo peor de esas experiencias es que pueden volver". Sobre esta perspectiva de riesgo presente y futuro discurrieron y coincidieron la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz; el jurista chileno Alvaro Bunster y el escritor mexicano Carlos Montemayor, el miércoles en la Casa Lamm durante el Primer Foro Latinoamericano sobre la Operación Cóndor.

En la primera jornada del foro estuvieron presentes Guatemala, Chile y México, tres puntas de un triángulo que recorre los temas de la violación masiva de derechos humanos y la impunidad de los represores, el rescate de la memoria y la revalorización de las luchas libertarias ahogadas en sangre de la segunda mitad del siglo pasado, las rutas de la ley aún por recorrer -jucio y castigo, no hay más- y el anhelo de todos: "Genocidio nunca más".

En el caso guatemalteco, por ejemplo, una encuesta aplicada en 1997 por la Fundación Rigoberta Menchú Tum a un am-plio sector de la oficialidad de las fuerzas armadas de Guatemala reveló que 52 por ciento de los militares que durante la época más cruenta de la guerra civil se entrenaban en escuelas castrenses de Estados Unidos o ya ejercían algún man-do en los frentes de guerra "hoy en día volverían a hacer lo mismo", es decir, re-petirían las acciones represivas que caracterizaron uno de los casos más graves de genocidio en América en el siglo 20.

El argumento de la oficialidad guatemalteca sigue siendo hoy el que esgrimieron en su momento los militares golpistas de Sudamérica: "defender a la patria, im-pedir que la bandera de la hoz y del martillo ondee sobre nuestras casas". Así les decía el general Efraín Ríos Montt desde su púlpito a los indígenas mayas a principios de los ochentas. Así les enseñaron la historia a los niños chilenos en las escuelas durante los años de Pinochet. Eso mismo siguen creyendo muchos militares de la región. Eso mismo se dijo en Guerrero y Chihuahua, Chiapas y Oaxaca, Argentina, Bolivia y Paraguay, Brasil y Uruguay. Y el argumento no ha sido suficientemente rebatido.

Guatemala, aún lejos de la justicia univeral

Guatemala está aún lejos de transitar por las rutas jurídicas que se han abierto en meses recientes, primero en Chile, con el proceso legal que se instruye en contra del ex dictador Pinochet, y después en Argentina, donde apenas en marzo de este año uno de los miles de casos de la Operación Cóndor ?la desaparición en 1979 de un matrimonio integrado por un chileno y una argentina y la apropiación de su bebé, Claudia Poblete? condujo al magistrado federal Gabriel Cavallo a desafiar la constitucionalidad y demandar la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto final de 1987, que aún hoy cobijan de im-punidad a más de mil militares, paramilitares y policías copartícipes de la guerra sucia.

En Guatemala, explicaba la noche del miércoles Rigoberta Menchú, si ella quisiera llevar a juicio a los responsables de la desaparición de su madre, violada antes de ser asesinada y probablemente arrojada a una fosa común; del secuestro y desaparición de sus hermanos Patrocinio y Manuel, o a quienes quemaron vivo a su padre en la embajada de España, muy probablemente los expedientes se extravia-rían en los juzgados, serían mutilados o alterados, como ha ocurrido hasta ahora con cada una de las 25 demandas judiciales que se han presentado por parte de las víctimas de los años de contrainsurgencia.

Ninguna ha progresado.

Por eso, porque en Guatemala es casi imposible documentar los cientos de mi-les de casos de tortura y muerte -porque la desaparición, los cuerpos arrojados en el mar o en los cráteres de los volcanes activos fueron la mejor de las coartadas-  Menchú llevó a la Audiencia Nacional de España sus seis mil folios para acusar al general Efraín Ríos Montt de genocidio. Pero el juez Baltazar Garzón no ha atendido el genocidio guatemalteco -en el que 80 por ciento de las víctimas pertenecen al pueblo maya- con la misma diligencia con que abrió los brazos al caso Pinochet en 1998 y al del matrimonio argentino y la extradición del ex militar Ricardo Mi-guel Cavallo.

Y eso que en Guatemala la pervivencia de la impunidad es tan grave que cuando el presidente Alfonso Portillo sale de via-je, quien queda como mandatario interino es precisamente Ríos Montt, el genocida, actualmente presidente del Senado e in-discutible hombre fuerte en activo.

Tarea para el nuevo milenio

Alvaro Bunster, jurista y asesor de los abogados que llevan en Chile la causa en contra de Augusto Pinochet, asegura que el juicio y castigo de modelos represivos como la Operación Cóndor "deben ser una prioridad" en todo régimen democrático. Para él, el pacto extraterritorial que funcionó en los años 60 y 70 entre gobiernos, ejércitos, policías y grupos paramilitares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia debe ser considerado como un caso paralelo al de las grandes corporaciones del crimen organizado, que sin conocer fronteras operan el comercio de las drogas, armas, órganos y migrantes.

Bunster, quien fungió como embajador del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Gran Bretaña a principios de los años 70, relata la negligencia de los gobiernos democráticos de la época ante el riesgo de golpe militar que ya se cernía sobre su país. Recuerda Londres en 1973 y todos los malos augurios que se dejaban ver detrás del horizonte, desde Santiago. Preocupado, el chileno hizo contacto entonces con altos funcionarios de la corona para indagar qué previsiones podían tomarse en caso de una asonada. "Ninguna", le respondían. Hoy califica a las democracias de aquellos años, indolentes ante lo que ocurría en el Cono Sur, como "perezosas, de una frivolidad alarmante".

En la actualidad, en varios países las legislaturas analizan reformar las constituciones para hacer frente al crimen organizado. Lo mismo -insistió--debe hacerse para aplicar juicio penal a los hechos involucrados en la Operación Cóndor. Es, señaló, "una cuestión de pervivencia de las instituciones democráticas".

Rescatar las luchas libertarias

Por último, el escritor Carlos Montemayor alertó sobre otros planes que con otro nombre, de una generación distinta, se articulan hoy en día en América Latina. El Plan Colombia aparece como primero en la lista.

"Es indispensable entender ?señaló? cómo ocurrieron estas cosas ayer para impedir lo que pueda suceder mañana."

Montemayor no sólo habló del rescate de la memoria del dolor, sino de la recuperación "del contenido, de la esencia, de la luz de aquellos movimientos libertarios que fueron masacrados". Esas luchas "deben formar parte de nuestra conciencia actual. La reconstitución de los movimientos sociales de hoy requiere de un esfuerzo intergeneracional e internacional", concluyó.