Ť Propone el DIF que sea considerada como delito grave

Crean coordinación contra la explotación sexual de menores

Ť 21 estados del país estarían involucrados en el comercio de niños, según cifras del sistema para el desarrollo de la familia

CAROLINA GOMEZ Y DAVID SOSA ENVIADA Y CORRESPONSAL
 
Cancun, Qr, 31 de mayo. Para combatir el maltrato, el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el país, hoy fue creada una coordinación nacional, la cual estará integrada por representantes de los sectores público, social y privado, anunció la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Teresa Aranda Orozco, durante la clausura de la Reunión Nacional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil.

En entrevista, la titular del DIF afirmó que uno de los principales objetivos para luchar contra la explotación sexual de menores es lograr reformas al Código Penal federal y a los códigos locales, para tipificar como delitos federales el tráfico, el incesto, el estupro, los abusos deshonestos de menores y aumentar a 20 años de cárcel las penalidades para los infractores, es decir, se le dé el estatus de grave y, por tanto, no haya derecho a fianza.

Recientemente se reformó el artículo 201 del Código Penal, y se tipificó como delito grave la explotación sexual de menores de 18 años, con penas de 30 años de cárcel y multas de hasta 10 mil días de salario mínimo, sin derecho a fianza.

Durante la reunión, la presidenta del DIF de Quintana Roo, María Rubio, propuso que el abuso y la explotación sexual infantil sean considerados delitos mundiales, por lo que se llevará la propuesta a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a efectuarse en septiembre próximo en Yokohama, Japón, adelantó Ana Teresa Aranda.

Esta iniciativa será enviada al Senado de la República para que la analice y, en su caso, se hagan las reformas pertinentes.

Refirió que en el marco legal vigente, la mayoría de los sujetos que cometen abusos sexuales contra infantes y adolescentes, "salen libres o con libertad bajo fianza a las pocas horas, o días", quedando impunes los delitos y sin reparar el daño a las víctimas.

Puso algunos ejemplos, y dijo que el incesto, delito que involucra ataques sexuales de parientes consanguíneos ascendentes, descendientes o hermanos del menor, tiene una pena de uno a seis años de cárcel. El estupro, que señala un castigo de dos a seis años, y el tráfico de menores, con penalidades de dos a nueve años de prisión y multas de 100 a 400 días de salario mínimo.

Dicha instancia la preside la propia Aranda Orozco, y será el eje rector que definirá las políticas de gobierno destinadas a erradicar este problema social y de moral pública, y trabajará de manera conjunta con dependencias federales, como las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y Salud, así como con la Policía Federal Preventiva, entre otras.

A través de la coordinación nacional se crearán redes de cooperación local, federal, e incluso internacional, con organismos bilaterales y multilaterales dedicados a investigación, prevención, atención y erradicación de este fenómeno; también convocará a los tres órdenes de gobierno, organizaciones no gubernamentales y a la población en general.

En la declaración de la reunión y en el plan de acción se acordó que una de las prioridades es sensibilizar, a través de diversos medios, a la sociedad, principalmente a quienes tienen la responsabilidad de lograr las reformas legislativas.

La idea es, en parte, reproducir modelos de combate exitosos, tales como el aplicado desde noviembre en esta ciudad quintanarroense, en el que bajo el lema Con los niños y las niñas, y las y los adolescentes no se vale, que se difunde a través de medios de comunicación en los lugares de riesgo. Además, diversas instancias promueven la protección de la niñez y la condena a los atropellos de los derechos de los menores.

Asimismo, se prevé la instalación de un número telefónico nacional con la modalidad 01 800, en el cual la población podrá denunciar toda clase de delitos sexuales cometidos en contra de infantes en cualquier lugar del país.

Sostuvo que la idea de ligar a la sociedad civil ?incluso a prestadores de servicios, tales como taxistas o dueños de negocios nocturnos, que han sido considerados en muchas ocasiones como secuaces en la ejecución de estos actos ilícitos? en la erradicación de esta problemática ayudará a desmoronar las "complicidades" y las redes de influencia que las bandas especializadas en el robo y explotación de infantes han tejido en el territorio nacional.

Puente entre México y otros países

Bern Aasen, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que la propuesta también incluye tender "puentes entre México y otros países" que han logrado abatir el fenómeno, como República Dominicana, donde el primer paso fue aceptar que la problemática existía. Es por ello que se incentivará el intercambio de experiencias en la materia.

Por su parte, Carlos Rodríguez Ajenjo, subdirector general de Atención a Población Vulnerable, del DIF, dio a conocer en una conferencia magistral que 21 de las 32 entidades nacionales están involucradas en el comercio ilícito de menores con fines de explotación sexual. Así, 14 estados ?los más pobres, tales como Guerrero y Oaxaca, e incluso países de Centroamérica? están relacionados con estos delitos debido a que los menores sujetos a estas violaciones son originarios o procedentes de ellos, mientras que 16 son identificados como destino de las víctimas, particularmente los centros turísticos como Acapulco y el mismo Cancún, sitios en donde se estima que 80 por ciento de los infantes involucrados en estas prácticas son niñas de entre 10 y 14 años de edad.

Según Rodríguez Ajenjo, la explotación sexual comercial infantil involucra a más de un millón de niños en el mundo, y la mayor parte de ellos fueron iniciados en este ejercicio luego de ser robados por bandas de traficantes de personas.

No cabe duda de que la pobreza en que viven las potenciales víctimas de este fenómeno es el principal detonador de que los infantes sean sometidos a estas prácticas ?en su mayoría forzados; los menos, por propia voluntad?, pues estudios estadísticos han demostrado que uno de cada cinco niños que son víctimas de la explotación sexual comercial son de escasos recursos.

Según denuncias hechas al DIF, en los baños públicos de cines y centros comerciales operarían bandas de pedófilos que violan a infantes que acuden sin compañía a estos espacios, e incluso en ocasiones estos actos son filmados.