MIERCOLES Ť 30 Ť MAYO Ť 2001
Raúl Ross PinedaŤ
El voto de los mexicanos en el extranjero
Desde fines de la década de los 20, los mexicanos en Estados Unidos han demandado que se les reconozca su derecho a votar en las elecciones presidenciales del país, demanda que, como muchas otras, no han sido escuchadas ni solucionadas.
Durante las negociaciones para la reforma política, conocidas como Mesa de Bucareli (abril de 1996), los partidos políticos acordaron "hacer posible el voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero". En seguimiento de este acuerdo, el Congreso reformó en julio la fracción III del artículo 36 de la Constitución, que señala como obligación del ciudadano "votar en las elecciones populares en los términos que señala la ley", y ya no "en el distrito electoral que le corresponda", como decía.
En noviembre, el Congreso reformó el Cofipe, incluyendo el artículo 8 transitorio que instruye al IFE para que integre una Comisión de Especialistas, que se instaló en mayo de 1998, trabajó seis meses y en noviembre entregó su informe final, en el que concluía que "es técnicamente viable llevar a cabo la elección presidencial del año 2000" acudiendo a diversas modalidades, ahí identificadas, que cumplían con la racionalidad jurídica del sistema electoral mexicano.
Durante la legislatura anterior, se presentaron en la Cámara de Diputados proyectos de ley en este sentido; todos fueron turnados a comisiones. En abril de 1999, esa Cámara aprobó un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que buscaba reformar aspectos de la legislación electoral, entre ellos el voto en el extranjero, pero el Senado lo rechazó en junio. Los diputados aprobaron por segunda ocasión (agosto, 1999) el mismo paquete de reformas, y el Senado volvió a rechazarlo.
Sin negar que existen expresiones aisladas en contra del reconocimiento del voto extraterritorial, todos los partidos se han declarado en favor de reglamentarlo; incluso, los acuerdos de la Mesa de Bucareli fueron firmados por Ernesto Zedillo. A pesar del apoyo, durante las elecciones presidenciales de 2000, los mexicanos en el extranjero fueron excluidos como electores.
Luego de julio de 2000, tanto el presidente Vicente Fox como los partidos políticos han reiterado una posición favorable; sin embargo, la reglamentación que todos dicen apoyar no existe aún. El problema es de definición política.
La Comisión de Especialistas del IFE deliberadamente se abstuvo de recomendar una modalidad particular de voto extraterritorial, y presentó seis modalidades básicas diferentes en términos de costos, alcance potencial y complejidad técnica. La cantidad de modalidades aumentaría si se hicieran combinaciones de las seis básicas. Optar por una modalidad en particular sería una decisión política, por eso, la Comisión de Especialistas y el IFE respetaron la autoridad de los legisladores, en el sentido de que corresponde a ellos tomar estas decisiones eminentemente políticas y legislativas.
Tomada la decisión política, se podrá acudir al reporte de la Comisión de Especialistas para verificar si sus propuestas de solución a los "problemas técnicos" son adecuadas o no; pero no parece apropiado invertir esta secuencia.
Para cumplir con la tarea pendiente, el Poder Legislativo debe proponerse plazos adecuados para, en el menor tiempo posible, procesar un proyecto de ley que reglamente la participación en las próximas elecciones presidenciales. La tarea consiste en consensuar un "título noveno" para que sea agregado al actual Cofipe.
Para evitar que el asunto sea desplazado por otras prioridades, la Cámara de Diputados y el Senado, de manera conjunta o por separado, podrían adoptar un punto de acuerdo para encomendar a una o varias comisiones en específico, o a una comisión especial, los trabajos encaminados a la elaboración del proyecto de ley.
El Poder Legislativo podría convocar a foros de consulta en los cuales se presenten proposiciones sobre la mejor manera de reglamentar el voto en el extranjero. Ahí se explicitarían las reservas de los legisladores y se podrían recibir planteamientos de otras partes interesadas, especialmente de los representantes de los mexicanos en el extranjero.
Para superar los "problemas técnicos", las colegisladoras, de manera conjunta o por separado, o las comisiones que designen, podrían integrar una comisión técnica que recomiende soluciones a los eventuales problemas técnicos.
Para la integración de la comisión técnica, los legisladores podrían invitar a los ex integrantes de la Comisión de Especialistas, que en 1998 colaboró con el IFE y acreditó una capacidad de trabajo y profesionalismo extraordinarios y, sobre todo, neutralidad partidista.
México, en materia de derechos políticos, tiene una deuda histórica pendiente con sus ciudadanos en el extranjero que el actual Congreso puede empezar a saldar. La reglamentación del voto de los mexicanos que viven en el exterior es factible, pero no será posible sin que los legisladores tomen la iniciativa para dar el paso siguiente y hagan la parte que les corresponde.
Ť El autor es editorialista de šÉxito!, semanario en español del Chicago Tribune