REPORTAJE

El plan foxista, limitado, señala Gómez Mont

Fin a pactos secretos con los medios: panistas

CLAUDIA HERRERA BELTRAN Y ALONSO URRUTIA

Para diputados y senadores panistas, el intento de legislar sobre el derecho a la información tiene un objetivo central: romper con el inmovilismo legal que prevalece en el ámbito de la comunicación, el cual ha favorecido un vacío jurídico llenado durante años por acuerdos no escritos entre medios y gobierno. Sin embargo, las posturas de los blanquiazules no son homogéneas.

Así, la diputada María Teresa Gómez Mont sostiene que legislar sólo sobre el acceso a la información tiene el objetivo de cumplir un compromiso de campaña del presidente Vicente Fox para que el gobierno rinda cuentas, aunque implique romper con la concepción global del derecho a la información incluida en acuerdos internacionales firmados por México.

Promotora de la iniciativa de ley de comunicación social que se mantiene congelada en el Congreso, señala que empezar de cero sólo busca "desatanizar" la iniciativa que en su momento apoyó el PAN con otros partidos. En ella se pretendía romper con las reglas no escritas que había establecido el viejo régimen con los medios, las cuales "no puede avalar el gobierno panista, ni creo que ahora las respalde un importante sector de los propios medios".

Su opinión no coincide con la del senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Radio y Televisión: "después de 20 años de resistencia, es un paso fundamental que por lo menos el gobierno asuma su responsabilidad y desagregue el paquete de reformas, para que una discusión no contamine a la otra".

No obstante, Corral cuestiona la limitada apertura de la información gubernamental, pues las excepciones son muy amplias. "Todo gobierno ?señala? busca mantener el mayor grado de discrecionalidad sobre la información. Información es poder. El que la comparte distribuye el poder; el que la concentra posee un campo de acción amplio para retenerlo."

Hasta ahora el anteproyecto gubernamental no ha sido presentado ni formal ni informalmente al Congreso.

Un gajo de la naranja: Gómez Mont

Para Gómez Mont el proyecto gubernamental contraviene la visión global del derecho a la información contenida en los acuerdos internacionales firmados por México.

"Es apenas un gajo de la naranja", pues "se reduce a garantizar el acceso a la in-formación", explica. En los acuerdos in-ternacionales o en cualquier legislación moderna se vincula libertad de expresión con derecho a la información, respeto a la privacidad y derecho de réplica, añade.

En el mejor de los casos, dice, es un proyecto muy aislado porque obedece a un compromiso de campaña relativo a la rendición de cuentas y la transparencia.

Para la diputada panista, el gobierno de Fox optó por partir de cero, dejar a un lado el trabajo que ya hizo el Congreso, incluida una amplia consulta "para ro-dearse de gente que se vendió como muy especialista pero que no domina el tema".

"Creo que en el fondo, con esta nueva iniciativa se trata de desatanizar el proyecto que está en el Congreso, el cual fue víctima de una campaña desinformadora de algunos sectores de los medios de co-municación, quienes lo identificaron con una ley mordaza.

"La idea de una legislación general en la materia -agrega- tiene su sentido: romper ya con las reglas no escritas que prevalecieron bajo el régimen priísta en la relación entre gobierno y medios de comunicación. Entiendo que al gobierno del PAN debiera interesarle no reproducir este tipo de pactos, y a los propios medios dejar atrás una relación intimidatoria con un grupo en el poder."

A su juicio, la reforma podría dividirse en dos grandes capítulos: por un lado, re-glamentar la cuestión técnica, que involucre el régimen de concesiones, y por otro legislar en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

El Congreso fijará alcances: Corral

Estigmatizado desde que impulsó la legislación en materia de comunicación cuando era diputado, el ahora senador Javier Corral tiene claro que la ley de acceso a la información sería apenas una parte del paquete de reformas que requiere el país, "pero lo peor que nos puede pasar es que hoy, que hemos logrado desagregar temas del derecho a la información, se genere un clima de descalificación y confusiones hacia ese esfuerzo del ejecutivo".

 Corral no olvida lo que motivó el fracaso del proyecto congelado en la Cámara de Diputados: "el régimen priísta sumó su resistencia a la de un conjunto de propietarios de medios de comunicación frente a una eventual reglamentación de este derecho social". Hasta ahora, el debate sobre el derecho a la información ha sido más político que jurídico.

El acceso a la información pública, subraya, es un derecho ciudadano, independientemente de que se tenga carácter de comunicador o no. Se trata del derecho social de conocer información del gobierno y sus funcionarios, que no esté en la esfera de reservada o clasificada.

Quien ejerce ese derecho es el individuo. Así debe ser reconocido y garantizado con independencia de los usos y fines que se persigan, entre los cuales puede estar la difusión, pero ese dato específico no es determinante en la obligación de la autoridad, precisa.

El senador sugiere que en la iniciativa gubernamental el acceso a la información está restringido al gobierno federal, cuando debiera garantizarse que involucre a otros poderes y a fuentes de información de interés público.

Por ello advierte: "el Congreso dará la dimensión exacta a una ley de acceso a la información pública y debe exigir que sea proporcionada por toda instancia pública o privada que la genere, así como acotar y definir en conciencia las excepciones".

Décadas de incumplir tratados

También de extracción panista, el presidente de la comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lionel Funes, destaca la obligación que tiene el gobierno de legislar en materia de acceso a la información.

"Como país, México ha firmado acuerdos internacionales ?aprobados por el Senado? que lo obligan a legislar el derecho a la información. Se han incumplido por muchos años e incluso han motivado recomendaciones de la Organización de Estados Americanos."

Hoy ?dice Funes? existe un clima más propicio entre partidos políticos y medios de comunicación para legislar, ajeno al que en su momento motivó el boicot de la reforma impulsada por el Congreso.

Aunque censura la falta de tacto político de quienes elaboraron el proyecto original del gobierno, dijo que eso no debe detener la intención de legislar. "En principio es una buena iniciativa, pero hay que cuidar que no se cree un monstruo burocrático ni falte capacidad de respuesta a la demanda de información."

En EU, plazos y sanciones a funcionarios para informar a ciudadanos

La posibilidad ciudadana de acceder a la información gubernamental y de interés público, que apenas se discute en México, es una práctica añeja en otros países. En Estados Unidos ese derecho data de 1966, cuando se instituyó la Ley de Libertad de Información, que obliga a las dependencias del gobierno a entregar la información solicitada por la población.

Y aunque en México el debate se asocia comúnmente al derecho que tienen los medios de acceder a la información, la experiencia estadunidense indica que esa garantía es usada por otros sectores. Datos recientes muestran que el sector privado es quien más la utiliza, seguido de las organizaciones no gubernamentales y los académicos, y sólo en cuarto lugar por los medios de comunicación.

La eficacia de dicha legislación que demostrada por las muy escasas demandas de ciudadanos contra dependencias por haber negado información solicitada. En el año 2000 sólo llegaron cinco demandas a la Suprema Corte, cifra muy baja en un país donde la utilización de los tribunales es frecuente.

Según la ley, sólo existen nueve rubros donde el acceso a la información es restringido: seguridad nacional y política exterior; actividades internas del personal de las dependencias; declaraciones fiscales de los ciudadanos; secretos comerciales y algunas informaciones financieras consideradas confidenciales; memorandos internos; informes médicos; información relativa a investigaciones judiciales; informes sobre instituciones financieras y referencias geológicas y geofísicas.

Las reformas de 1974 fijaron a la autoridad plazos de entrega de la información: 10 días hábiles para una primera solicitud; 20 días cuando se derive de una apelación o negativa inicial, con una posible extensión de 10 días por una sola vez en un caso determinado. Cuando la solicitud se derive de un caso ya presentado en la Corte, el plazo es de 30 días.

Las dependencias deben presentar un informe anual al Congreso de la lista de negativas a entregar información, acompañada de las razones que las justifiquen y el nombre de los funcionarios involucrados en cada caso.

De igual forma, la legislación faculta a los tribunales a ordenar que el gobierno pague los gastos derivados de los procedimientos legales, cuando el fallo sea en su contra. También pueden sancionar a funcionarios que "hayan actuado en forma caprichosa o arbitraria". ALONSO URRUTIA Y CLAUDIA HERRERA BELTRA N