DOMINGO Ť 27 Ť MAYO Ť 2001
Ť Unos cien reos se oponían al cierre de una tienda donde se halló cocaína
Connato de enfrentamiento de internos con custodios, en la Penitenciaría de Santa Martha
Ť Las autoridades del penal ignoraron un amparo que obtuvo el concesionario
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
Por un problema de posesión de drogas y la determinación de las autoridades de desalojar una tienda de materiales para la elaboración de artesanías, un grupo de aproximadamente 100 internos estuvo a punto de enfrentarse con custodios en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla.
El problema inició luego de que personal de custodia encontró siete piedras de cocaína en la mochila de Modesto Mendoza, uno de los reclusos que trabajan en el taller de artesanías número 8. El Consejo Técnico Interdisciplinario de la institución decidió desalojar al "concesionario", Marco Antonio Rivera Rivas, y además castigar a ambos con 15 días de "conductas especiales", que no es otra cosa que "la segregación", explicó el abogado de este último, Silvino Cortina López.
Aun cuando sólo son seis las personas que trabajan en ese lugar, el interno que controla dicho negocio asegura que la venta de sus productos beneficia a unos mil presos que se surten de materiales con él, y sobre todo a unos cien de ellos a los que les vende a crédito: les entrega los productos y espera a que vendan sus trabajos para que le paguen.
El Consejo Técnico de la Penitenciaría le fijó como plazo las 6 de la tarde del viernes para que sacara sus mercancías del taller, principalmente madera, y que asegura tienen un valor superior a los 70 mil pesos.
Sin embargo, al enterarse del cierre del negocio, un grupo de aproximadamente 20 internos se reunió afuera del taller a la hora señalada e impidió que una decena de custodios procediera a desalojarlo.
Un refuerzo de otros 10 celadores fue inútil, pues el número de internos que se congregó en el lugar llegó a sumar cien, por lo que las autoridades se limitaron a "asegurar la entrada del local con puntos de soldadura" y la situación no pasó a mayores, informó Rivera Rivas.
El afectado consideró que es "sospechosa la prisa" de las autoridades por desalojarlo del lugar. De hecho, promovió un amparo ante el juzgado segundo de distrito.
La titular de dicha instancia judicial, Felisa Díaz Ordaz Vera, le concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, pero de nada sirvió pues el interno fue segregado y el taller desalojado en la madrugada, conforme a la resolución del Consejo Técnico, el mismo que le autorizó su instalación..
Con número de toca 896/2001, la resolución de la juez establece que "se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, que se hace consistir en la incomunicación y en cualquiera otro de los promovidos".
El documento advierte que "la violación a esta medida entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad" y "de consumarse se dará vista al agente del Ministerio Público federal para los efectos a que haya lugar".
Sin embargo, la mañana de ayer los custodios fueron a sacar de su dormitorio a Rivera Rivas para llevarlo al área conocida por los internos como Kosovo, donde cumplirá el castigo de 15 días, mientras que de los materiales sacados en horas de la madrugada del local, nadie sabe nada.
Adicionalmente, indicaron los internos, las autoridades de la penitenciaría tampoco respetaron las instrucciones giradas por la titular técnica de la Dirección General de Readaptación y Prevención Social, Ana Imelda Campuzano Reyes, quien en un oficio solicitó al director, Rigoberto Herrera Lozano, evitar que se afecten los centros de trabajo de los internos y pedirle que no se tomen represalias o sanciones en contra de ellos, en relación con cualquier queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o cualquier otro organismo.