Estudios sicológicos ponen en duda violación a un menor

Agresión sexual y litigio

BLANCHE PETRICH

El 8 de mayo por la tarde, el señor Sergio Eduardo Vega recibió una llamada alarmante en Córdoba, Veracruz. Su esposa, Kirsa Romero Guerrero, le aseguró que el hijo menor, de tres años siete meses, había sido "violado en la escuela". Un pediatra particular, Juan Carlos Rivera, había detectado en la zona perirrectal y perianal del pequeño una inflamación. La exploración interna no presentaba ningún otro síntoma.

De inmediato Vega de la Torre se puso en camino y al llegar al Distrito Federal se presentó en la agencia 47 del MP de la delegación Coyoacán para levantar una denuncia de hechos contra los responsables de la escuela Nuevo Continente. El caso fue turnado a la Fiscalía para Delitos Sexuales con número 47/fds/339/01-05 de averiguación previa.

A la mañana siguiente -9 de mayo- el matrimonio llevó a su hijo a la misma sección de prescolar de la citada escuela y en compañía del menor exigió hablar con sus maestras, advirtiendo que en cualquier momento llegarían al plantel patrullas de la policía y medios de comunicación. En presencia de las educadoras Adriana Cerecero y Alma Hernández Lazo, el padre afirmó que personal del colegio abusó sexualmente de su hijo con un palo. La directora, María Julia Salazar, dio facilidades para que los señores Vega recorrieran las instalaciones a fin de que el niño identificara el lugar donde había sido agredido.

El padre demandó que la directora reuniera a todo el personal para que el menor identificara a su agresor, a lo que la maestra Salazar respondió que resultaba demasiado agresivo para un niño tan pequeño.

Horas más tarde, cuando ya en las dos puertas de entrada de la escuela se agolpaba una veintena de patrullas de la Policía Judicial, se permitió el acceso del comandante Luis Alonso Soto, de la 10 agencia en Benito Juárez, y del abogado del señor Vega, Daniel Valk. Los dos trabajadores de intendencia que se encontraban en ese momento en el colegio, los hermanos gemelos Heriberto y Everardo Mira Sánchez, de 28 años, fueron convocados a la oficina de la directora y en presencia de las autoridades el pequeño señaló primero a uno y luego al otro como "el señor malo".

Cuando el comandante se disponía a abandonar la escuela con los dos gemelos para que presentaran su declaración frente al Ministerio Público, el grupo se encontró con un tercer hermano, de 27 años, Guillermo Mira, que venía entrando al plantel. El abogado Valk le preguntó al niño si ese también era el "señor malo" y ante la afirmativa fue detenido.

A la puerta del colegio, ante las cámaras de los medios, este último fue presentado como "el violador". Los tres hermanos fueron retenidos 24 horas hasta que rindieron su declaración. Turnado el caso a la Fiscalía para Delitos Sexuales, Vega ratificó la denuncia, los gemelos fueron puestos en libertad bajo reserva de ley y Guillermo fue consignado. Una vez en el Reclusorio Oriente, el 17 de mayo, el juez 51 de lo penal dictó auto de formal prisión por abuso sexual con agravantes.

Según la bitácora de actividades de la escuela, el 8 de mayo el menor fue llevado a la escuela a las 8:30. Tuvo su primer recreo bajo la vigilancia de dos maestras a las 9:30. A las 11 lo llevaron a su clase de deportes y a la 1:30, junto con los demás niños, fue conducido al patio de prescolar, separado por dos rejas siempre cerradas del resto del colegio. Ahí permaneció bajo la vigilancia de su maestra Adriana mientras uno de los intendentes limpiaba el salón de clases.

Cuando los padres ampliaron su declaración, el niño también habló. Según el acta, refirió: "un señor malo me agarró mi colita".

El perito médico asienta que el pequeño presenta "enrojecimiento" y "un ligero edema" en el área rectal. Al expediente se le agrega la valoración sicológica de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, que determina que el niño "no refiere ningún dato acerca de la probable ocurrencia de agresión sexual sufrida" y que "no hay sintomatología que se asocie a la que presentan los menores que han sido agredidos sexualmente".

La familia Mira presentó a dos testigos de descargo y por segunda ocasión, esta vez en la Cámara de Hassel, el pequeño tuvo a la vista a los tres hermanos. Nuevamente señaló al menor como el "señor malo".

Desde esa fecha, el señor Vega ha acudido a numerosos medios de comunicación para darle difusión al caso. "Estoy ejerciendo mi derecho de padre", sostiene. No ha aceptado el apoyo profesional de una sicóloga que la escuela le ha ofrecido porque, afirma, "una cosa es lo legal y otra cosa lo moral y sicológico. Esto último lo veré yo en su momento".

Se manifiesta "seguro" de que el indiciado es el culpable. "De mi parte no hay dolo ni equivocación." Como abogado ha nombrado a José Luis Nassar Gau.

María Julia Salazar, directora del plantel desde que fue fundado hace 18 años -a la fecha cuenta con mil 700 alumnos en niveles que van de preescolar a preparatoria-, asegura que "lo primero es la integridad y la seguridad del niño" y que la investigación judicial "debe llevarse a cabo de manera impecable y a fondo". Sobre la notoriedad que cobró el caso considera que "el señor Vega obró con la fuerza de la ley sin cuidar en ningún momento la sensibilidad y la integridad de su hijo. No descarto que el niño pudo sufrir algún abuso, pero sostengo rotundamente que eso no ocurrió donde dice, ni cuando dice ni con la persona que dice".

Asegura que el prestigio de su escuela, ahora bajo fuerte presión, "es lo que me-nos me importa. Me interesa que la verdad salga a la luz. El problema de la violencia sexual en las escuelas nos encuentra totalmente desprevenidos tanto a los educadores como a las autoridades y padres de familia. Debo reconocer que hay un vacío en la prevención y en el manejo de estos casos, que debe ser extremadamente delicado y sereno, si se quiere ante todo la protección de los niños. Los responsables de las escuelas debemos tomar cartas en el asunto, necesitamos estudiar la prevención de estos abusos, la defensa ante este tipo de denuncias y requerimos con urgencia asesoría".

Con el paso de los días la conmoción en la escuela ha ido encontrando su cauce. Después de reuniones extensas grupo por grupo, empezando con los padres de fa-milia de preescolar, la comunidad se ha organizado para brindar apoyo al personal docente y para exigir el esclarecimiento pleno de los hechos.

Por su parte, el abogado penalista Enrique Ostos, defensor de Guillermo Mira, de 27 años, asegura que la consignación del intendente contiene serias irregularidades. "La consignación se hizo sobre una imputación contradictoria -la del niño inducido por su padre- y dejó a mi cliente en la indefensión total. Durante su arresto se aplicó el carácter de flagrancia del delito sin que existiera. No se le permitió aportar ninguna prueba ni un testigo a su favor".

El abogado cuestiona la premura con la que actuó la Fiscalía para Delitos Sexuales, la cual contó "solamente con la imputación de un niño de tres años para tener el cuerpo del delito".

Seis casos en escuelas privadas

Según datos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Fiscalía para Delitos Sexuales ha abierto, de enero a la fecha, seis averiguaciones previas por abuso sexual cometido en menores en escuelas particulares (las denuncias que involucran a las escuelas públicas de la SEP son competencia federal). De esos seis casos, sólo uno ha concluido con la consignación del inculpado. Los demás se encuentran en proceso.

El caso más reciente es la aprehensión, el 23 de marzo pasado, de Alfonso Alducin Mojica, empleado de limpieza del Centro de Educación In-fantil 27, situado dentro de la Normal de Maestros. El cargo fue violación impropia agravada, en el que las víctimas fueron 14 menores cuyas edades van de tres a siete años. La denuncia inicial fue presentada en 1996. Los hechos ocurrieron entre 1994 y 1995.

Las agencias facultadas para recibir este tipo de denuncias son las especializadas 47, 48 y 49. También recibe denuncias la propia fiscalía. Una vez conocida la denuncia de hechos, el Ministerio Público da entrada a la intervención de la policía judicial y peritos especializados.