Ť La inseguridad alimentaria y la desnutrición podrían provocar conflictos sociales, dicen

Focos rojos por los niveles de pobreza en 11 estados, advierten especialistas

Ť En el decenio 1990-2000 los niveles de ingreso se detuvieron, revela informe

HUMBERTO ORTIZ MORENO

La inseguridad alimentaria y la desnutrición en 11 estados de la República amenazan la seguridad nacional y la estabilidad social, pues la incorporación de núcleos de población cada vez más amplios a las filas de los menos favorecidos puede producir "elevadas posibilidades de conflictos sociales y frentes violentos".

Los expertos que elaboran el proyecto Dimensiones regionales de la seguridad alimentaria, patrocinado por la UNAM y el Conacyt, revelan que en municipios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Yucatán existen puntos críticos donde amplios estratos sociales padecen alta y creciente marginación, sobre todo en el periodo de 1990 al 2000, y colocan a la totalidad del país "en un gran riesgo".

O sea que de los mil 113 municipios existentes en esas entidades, 706 están en el rango de mínima capacidad alimentaria, donde se genera un PIB insuficiente para cubrir plenamente las necesidades del desarrollo humano, y poseen un mínimo de ingreso que les permite obtener comida.

Los restantes 407 constituyen un foco rojo, son la esencia del problema y representan los lugares donde las autoridades deben poner el mayor énfasis en la política social, porque significan 17 por ciento del total municipal y pertenecen a seis entidades. Tan sólo Oaxaca participa en este rango con 246 de sus 570 municipios, y Chiapas con 49 de sus 111.

Y es que en el curso de ese decenio, señala el informe, se han detenido los niveles de ingreso, con una crisis a escala nacional que suma paulatina y marcadamente más núcleos poblacionales a las filas de la desnutrición y el hambre. Incluso los deciles 6 al 8, que comprenden a la denominada clase media y anteriormente no habían entrado al mencionado supuesto, a partir de 1995 participan de manera creciente en la categoría de los menos favorecidos.

Canastas básicas

Unos 55 millones de mexicanos no rebasan la frontera de las tres canastas mínimas normativas alimentarias y corresponden a 713 municipios de 28 estados, mientras que 23 millones 749 mil 285 pueden adquirir más de cinco canastas y viven en 153 municipios de 20 entidades federativas.

Más aún, los expertos distinguen un importante incremento de 18 por ciento en los municipios cuya población no posee capacidad para adquirir una canasta básica, mientras que los que poseen poder de compra de tres y hasta cinco canastas disminuyeron en 6.4 por ciento y 5.2 por ciento, respectivamente, al pasar de 762 a 713 en el primer caso, y de 474 a 449 en el segundo. Oaxaca e Hidalgo revelan, en todo el territorio nacional, el más franco proceso de deterioro alimentario.

"La pobreza se reproduce hoy en una paradoja tal que mientras más recursos proporcionales se destinan al gasto social, aumenta el número de pobres y pobres extremos, y con ello la inseguridad y la violencia", reflexionan los investigadores.

Uno de los especialistas, Felipe Torres Torres, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó parte de este proyecto para advertir que la política social diseñada por el gobierno para combatir la pobreza simplemente "no ha tenido en cuenta la diversidad regional ni los problemas estructurales que la generan", cuando el origen "es la desigualdad del ingreso y la asignación de los recursos".

El texto puntualiza que el crecimiento económico y el incremento del ingreso por habitante no resuelven por sí solos las dificultades de la desigualdad y la pobreza, "por lo que se convierten en los factores de mayor adversidad para la seguridad alimentaria y la desnutrición".

Con la crisis, apunta, empeora el problema, y por ello las medidas aisladas y coyunturales para enfrentarlo se convierten en poco eficaces. Resolver este fenómeno no puede ser un objetivo de corto plazo, pero sí el acceso a la alimentación entre la población pobre que sobrepasa ciertas líneas y apunta hacia la pobreza extrema, ya que aquí, previene, "se ubica el principal punto de conflicto".

Si con base en las estadísticas del INEGI y del Instituto Nacional de Nutrición, dice, es verdad que en México sobreviven de 46 a 50 millones de pobres, entonces la mitad de la población está en esa situación e implica "un problema de estabilidad relacionada con la política económica de los últimos 20 años".

Puntualiza que los rezagos acumulados tienen sus manifestaciones más crudas en los asuntos alimentarios, pues una nación mal nutrida enfrenta un peligro permanente de inestabilidad interna y es factor de riesgo para la seguridad nacional.

"Ninguna política económica podrá prosperar si no toma en cuenta la expresión más cruda de la crisis, que son la pobreza y la marginación, porque esto impide el desarrollo nacional", enfatizó Torres Torres.

Actuación sobre apariencias

Para el caso de la asistencia pública, apunta la investigación, el Estado neoliberal se convierte en administrador o regulador de la pobreza a través de programas de inversión pública, y "actúa sobre apariencias inmediatas de la pobreza, pero no sobre sus causas".

Señala que el propósito es atacar los puntos conflictivos a través de medidas específicas diseñadas para una población objetivo, tipo Progresa, mas no atiende su función reproductiva en el tiempo, que es el origen del conflicto social.

Y en el caso de la alimentación, prosigue, esto parece más evidente: atiende un margen estrecho de la población en pobreza extrema mediante una canasta básica normativa, pero los umbrales del hambre trascienden con mucho a la población objetivo beneficiaria.

Para Torres Torres, esto tiene relación con el carácter excluyente de la política económica, sumada al efecto de la propia globalización, que incrementa los niveles de pobreza, pero no al extremo de generar conflictos, en la medida que se atienden algunos satisfactores básicos en los segmentos más problemáticos.

Los anteriores conceptos se extienden al plano territorial en el proyecto, pues en la asignación del gasto para el combate a la pobreza pueden distinguirse tres divisiones del país que son, a la vez, expresión de la desigualdad social: en la primera división está ubicada la mitad del sur, donde al mismo tiempo se concentra el mayor número de pobres y recibe también el aporte más significativo de recursos; las zonas de segunda prioridad están en torno de las grandes aglomeraciones de las ciudades de México, Guadalajara, Mérida y la frontera norte, y la tercera corresponde al resto de la República y recibe las más bajas proporciones de recursos.

El estudio advierte que un enfoque exclusivamente macroeconómico es incapaz de resolver el problema de la seguridad alimentaria. Es necesario, recomienda, considerar las variables y dinámicas que conforman un sistema alimentario nacional. "Ni la autosuficiencia garantiza seguridad, ni una estrategia de desarrollo agrícola volcada a las exportaciones implica deterioro interno", reflexiona.

El análisis sugiere que para combatir la inseguridad alimentaria es preciso modificar las pautas de comercio de alimentos o aumentar la producción nacional, lo cual no evita hambrunas ni soluciona los límites del hambre, por el mayor énfasis en la oferta o la satisfacción de mínimos nutricionales, ya que el hambre permanece como un fenómeno del subconsumo y junto con otros acelerantes "incide en la violencia".

La exposición de Torres Torres asienta que la inseguridad alimentaria es una manifestación del fenómeno general de la pobreza y una forma de identificar a los grupos más vulnerables mediante el análisis de los niveles de ingreso.

Es así como lograron identificar en Chiapas al área municipal más marginada y con más baja capacidad adquisitiva de todo el país, que representa además 33 por ciento del total de personas que a nivel nacional se encuentran dentro del rango de nutrición prácticamente nula. Un millón 93 mil 450 habitantes del estado permanecen en extrema inseguridad alimentaria. Viven en El Bosque, El Porvenir, Chachihuitán, Huitiupan, Larráinzar, Mitontic y Nicolás Ruiz, los cuales manifiestan un PIB per cápita por debajo de la media.

Torres Torres alerta en el análisis: "se espera que el problema alcance dimensiones preocupantes que llevan en conjunto a ubicar al país en condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo. En estos casos se espera que la problemática resulte mayor hacia el año 2010, cuando el abismo entre la oferta y la demanda nacional se profundice".