Ť Alejandro González Pastrana, empleado de la PGJE, no le pagó una deuda

Capturan a cacique que mandó matar al ex director de atención ciudadana de Chiapas

Ť Campesinos de la sierra acusan a su familia de la muerte de una decena de labriegos

ANGELES MARISCAL Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

La Procuraduría de Justicia de Chiapas detuvo a Antonio Orantes de Coss y a otras cinco personas involucradas en el homicidio del ex director de Atención Ciudadana de la dependencia, Alejandro González Pastrana, ocurrido a principios de abril pasado.

El procurador Mariano Herrán Salvatti informó que Orantes de Coss y los otros sicarios contratados por él fueron remitidos al penal de Cerro Hueco, luego de comprobarles su participación en la muerte de al menos cuatro personas.

De acuerdo a la averiguación previa 161/CAJ3/20001 Orantesde Coss, considerado autor intelectual del crimen, se dedicaba a prestar dinero y a quienes se negaban a liquidar el adeudo los mandaba matar, como fue el caso de González Pastrana.

Esta persona, que fungió como director de Atención Ciudadana de la Procuraduría recibió 33 impactos de bala provenientes de armas de alto poder cuando se encontraba con su madre, Consuelo Pastrana Castellanos, quien también murió.

Los demás detenidos son Esau Ruiz Flores, William Núñez Jiménez, Ermidio Castro Rangel, Raúl Tahua León y Filemón Santos Mancilla.

La familia Orantes es una de las más poderosas de la región centro y sierra de Chiapas, posee grandes extensiones de tierra y en las últimas décadas incursionó en la política, en donde tiene varias diputaciones.

Campesinos de estas zonas los acusan de cacicazgo y de la muerte de al menos una decena de labriegos.

Gabriel Orantes, primo del detenido, se encuentra prófugo de la justicia debido a su autoría intelectual en el asesinato del líder campesino Rubicel Ruiz Gamboa, a quien según las investigaciones judiciales, mandó ultimar porque pretendía invadir algunas de sus propiedades.

Protesta de trabajadores de Salud

En San Cristóbal de las Casas, en tanto, unos 200 trabajadores del sector salud marcharon en protesta por la retención que en días pasados sufrió el médico Roger Mejía Vargas, subdirector del ISSSTE, por parte de indígenas que lo acusaron erróneamente de haber atropellado a un niño.

Durante la manifestación, que incluyó paradas frente a las subprocuradurías de Justicia de los Altos e Indígena, los empleados del sector exigieron al presidente Vicente Fox y al gobernador Pablo Salazar que se realice una investigación exhaustiva para que se deslinden responsabilidades, pues varios servidores públicos "están involucrados en el caso".

Exigieron que se le regrese a Mejía Vargas los 60 mil pesos que pagó como rescate para que los indígenas de la comunidad de Benito Juárez, municipio de Teospisca, lo dejaran en libertad.

El primero de mayo pasado, un automovilista atropelló a los menores tzotizles Jazmín y Víctor Díaz López, en el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca. Los familiares de la víctima dicen haber identificado al doctor Roberto Lobato García como el responsable del accidente, por lo que luego de atropellar a los dos menores fue perseguido, y aunque él huyó su vehículo fue retenido por los indígenas.

Debido a los golpes recibidos, el niño falleció en el hospital regional poco después del percance, y como la Procuraduría no actuó, el 14 de mayo, "por equivocación", unos 30 tzotziles detuvieron y golpearon a Mejía y luego lo llevaron a la comunidad.

Después de varias negociaciones los indígenas accedieron a liberarlo previo pago de 60 mil pesos, según se asentó en un documento que se firmó, en el cual también se aclaró que el médico secuestrado no era el responsable del accidente pero que de todas maneras tenía que pagar.