SABADO Ť 26 Ť MAYO Ť 2001
José Luis Manzo
Comité asesor de Pemex, una propuesta alternativa
El pasado sábado 19 de mayo se creó la Coordinación Nacional para el Desarrollo de la Industria Petrolera, AC, en una sesión realizada en el Salón Verde de la Cámara de Diputados gracias al apoyo que brindó la Comisión de Energéticos de ese órgano legislativo. Un amplio sector de trabajadores y profesionistas de Pemex jubilados y en activo pertenecientes a ocho organizaciones de diversos estados de la república presentaron un extenso documento con propuestas concretas para mejorar la eficiencia productiva de la empresa.
Quienes manejan y manejaron la industria petrolera nacional conocen mejor que nadie los problemas que enfrenta y los caminos más adecuados para superarlos. Son ellos quienes deberían incorporarse al Consejo de Administración de Pemex, y no el secretario de Comunicaciones y Transportes y los directores del Seguro Social y del Banco Nacional de Comercio Exterior, a quienes nombró recientemente el presidente Fox; estas personas e instituciones nada tienen que ver con la industria petrolera. El Instituto Mexicano del Petróleo, que resulta estratégico por ser el brazo tecnológico de Pemex, también debería formar parte del máximo órgano de gobierno de esa empresa. Los diputados que asistieron al acto referido ya analizan la conveniencia de modificar la Ley Orgánica de Pemex para llevar a la práctica esta y otras propuestas.
La participación de empresarios privados en la conducción de Pemex ha resultado polémica. El presidente Fox señaló que la intención de incorporar a cuatro de ellos al Consejo de Administración de esa empresa estatal es aprovechar la experiencia que han acumulado en diversos ámbitos de los negocios para elevar la eficiencia productiva y administrativa de Pemex. Esa intención es perfectamente compartible. En todo caso, siendo buena la intención, las dos modalidades que se han utilizado a la fecha han sido equivocadas, pues se ha buscado incorporar esos empresarios privados directamente a los trabajos del Consejo de Administración de Pemex, primero con derecho a voz y voto y ahora sólo con derecho a voz, lo que resulta ilegal y contrario a principios elementales de administración pública, como he señalado en artículos anteriores.
Esos y otros empresarios privados deben aportar sus conocimientos en beneficio de Pemex, pero el espacio y la forma deben ser distintos. Existe una propuesta alternativa que es perfectamente legal y más efectiva. Es una práctica cada vez más extendida en México y otros países que los diversos niveles de gobierno instituyan comités de consulta sobre temas específicos en los que participan especialistas, académicos, colegios de profesionales y empresarios, quienes aportan sus conocimientos y experiencias a fin de que los gobernantes cuenten con mayores elementos de juicio para el diseño y aplicación de los programas del sector público.
Con base en estos antecedentes, es posible rehacer el camino en Pemex. Como primera medida, debe anularse el decreto presidencial mediante el cual se creó un "Comité Consultivo" cuyos integrantes tienen injerencia en el Consejo de Administración, y crear en su lugar otro Comité Consultivo de naturaleza diferente, integrado no sólo por empresarios con experiencia en puestos de "alto nivel decisorio", sino también por empresarios pequeños y medianos vinculados a la industria petrolera, además de representantes de colegios de profesionales del ramo, ex funcionarios de Pemex, académicos y especialistas, cuya función sea aportar opiniones y sugerencias a los directivos de Pemex, pero no participar, bajo ninguna circunstancia, en las sesiones del Consejo de Administración, órgano reservado exclusivamente a servidores públicos vinculados a la industria petrolera.
El Presidente de la República o el director general de Pemex están facultados para crear órganos de consulta con estas características, sin necesidad de emitir decreto alguno. Bastaría convocar a las diversas organizaciones e instituciones para definir de manera pública y transparente los criterios y procedimientos a seguir para seleccionar los integrantes de ese Consejo Consultivo.
Para recoger la opinión y experiencia de los empresarios privados, basta y sobra el órgano de consulta aquí sugerido. Si se insiste en mantener su participación con derecho a voz en el Consejo de Administración de Pemex, a pesar de que esa modalidad es ilegal, podría pensarse que la intención gubernamental va más allá, que existe el interés superior de mantener un mensaje muy claro sobre la voluntad del presidente Fox por ampliar aún más la capacidad de influencia de las grandes corporaciones de la industria, el comercio y las finanzas en las decisiones económicas fundamentales del país.