sabado Ť 26 Ť mayo Ť 2001

Miguel Concha

Derecho a la equidad

Matemática, filosófica, ética y jurídicamente la equidad implica proporcionalidad, y no trato igual a los desiguales, como suponen los liberales, lo que en términos de justicia se traduce socialmente en el sabio aforismo de "dar a cada quien según sus necesidades, y exigir de cada quien según sus capacidades". Así lo establece como obligación el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, a propósito del delicado asunto de los impuestos: "Son obligaciones de los mexicanos: contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o el estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Lo cual choca frontalmente con lo que recomienda el Banco Mundial a México, en su estudio eufemísticamente denominado Una agenda integral de desarrollo para la nueva era, cuando prescribe la eliminación de todas las exenciones al IVA -a pesar de que existe una lista de por lo menos 60 países, incluso desarrollados, que siquiera lo aplican de manera diferenciada-, y al impuesto sobre la renta de las sociedades y las personas.

Y ello no obstante que el propio Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se manifestó recientemente, durante la llamada Tercera Cumbre de América, por pasar en América Latina a una etapa de verdaderas reformas fiscales, en las que se tengan en cuenta la progresividad, la justicia y el peso fiscal sobre la población. "Si me preguntan cuál sería ahora la situación ideal -dijo quien se pronunció no únicamente contra la indiscriminación del IVA, sino contra el mismo IVA, a pesar de lo efectivo y fácil de su recaudación-, yo les respondería que es el impuesto sobre el ingreso". Pero parece que "el gobierno del cambio" no considera estas políticas, que en algo toman en cuenta nuestra experiencia, y contrariamente a lo que prescriben la moral y la propia tecnocracia, premia el ingreso de los que más pueden, reduciendo sin que nadie se lo pida el impuesto sobre la renta, y castiga al consumo de los que menos tienen, en rubros tan sensibles como los alimentos y las medicinas.

De la mano del Banco Mundial, y con el señuelo de transformarnos en uno de "los tigres asiáticos", no parece en cambio inmutarse de que los accionistas de Banamex hagan su agosto con el Citibank, sin obligación ninguna de justicia con los mexicanos, y sin siquiera pagar algo de impuestos en el país. En efecto, por una de esas extrañas incongruencias de gobierno con la Constitución, y desde luego con la moral, el artículo 77, fracción 16, de la ley vigente del impuesto sobre la renta, declara libre de impuestos la "enajenación de títulos valor", cuando en Estados Unidos, šy cómo!, esta operación comercial y bursátil sí está gravada. Es decir, que los accionistas de Banamex no sólo pretenden embolsarse con su contrato 400 por ciento de lo que invirtieron al comprarle al gobierno ese banco, lo que representa incluso 400 millones de dólares más de lo que éste recibió por la venta de toda la banca -como ha calculado el doctor José Luis Calva, investigador y catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y quien claramente califica como inmoral tal venta-, sino que además lo hacen cargándole al pueblo por lo menos 35 mil millones de pesos por su cartera vencida en el IPAB (cfr. La Jornada, 22 de mayo, p. 18), y sin pagar en México un solo centavo de impuestos por la venta de 50 por ciento de sus acciones, aunque sí lo tengan que hacer en Estados Unidos por el cobro del otro 50 por ciento.

Con razón el jefe de Gobierno del Distrito Federal, recordando que el Citigroup prefirió dolosamente seguir cobrando del erario altos intereses (equivalentes a los Cetes, más tres puntos), antes que ver cancelada su deuda en la compra de Banca Confia, ha anunciado que solicitará al Ejecutivo federal que por lo menos condicione la venta de Banamex a la renegociación de su cartera vencida en el IPAB, pues el gobierno no puede pagar a los bancos tasas de interés tan elevadas, que son un robo a los recursos públicos y un atraco a los contribuyentes. Es urgente que el Congreso tenga responsablemente en cuenta este tipo de consideraciones, antes que pensar en aprobar una reforma tributaria que aumente, sí, en unos cuantos años el porcentaje del presupuesto del gobierno en el PIB, pero para enriquecer aún más a los dueños del capital y del dinero.