SABADO Ť 26 Ť MAYO Ť 2001
Ť Seis meses de gestión
Ha presentado la Secodam seis denuncias penales
JUAN ANTONIO ZUÑIGA M.
En el primer semestre de este gobierno, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó seis denuncias penales, "en las que se evidencia la participación de 59 servidores públicos involucrados en la probable comisión de delitos como el uso indebido de atribuciones y facultades; ejercicio indebido del servicio público; ejercicio abusivo de funciones, y peculado", informó el titular de la dependencia, Francisco Barrio Terrazas.
El funcionario precisó que el monto de esos presuntos delitos asciende a más de 300 millones de pesos, y adelantó que se encuentran en proceso de integración 18 auditorías más y 59 expedientes para ser turnados a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secodam, o a la dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
Además, por primera vez dio a conocer los resultados generales de las auditorías hechas al uso que dio el gobierno de Roberto Albores Guillén, en Chiapas, a los programas financiados con recursos de la Federación.
"Se generaron -puntualizó- 104 observaciones, y fueron turnados a la Contraloría estatal 23 casos de presunta responsabilidad administrativa o penal, por un monto superior a los 174 millones de pesos".
Al informar de los resultados obtenidos en los primeros seis meses al frente de la Secodam, Barrio dio a conocer los pormenores del inicio de "un programa integral, con visión de largo plazo, en la lucha contra la corrupción y la impunidad", y dedicó la parte medular de su mensaje a la expresión ética sobre la que se sustenta la acción política de la dependencia a su cargo.
Esta, aclaró, "es una tarea que nos exige emprender acciones responsables, profesionales, imparciales, que a veces no logran satisfacer del todo el reclamo ciudadano, pero que nos llevarán a hacer de éste un mejor país".
Ante los principales directivos de la Secodam planteó: "Todavía no hemos logrado corresponder cabalmente a la confianza de la sociedad que, por un lado, espera que se sancione a aquellos servidores públicos que transgredieron la ley, o que en la aplicación de la misma obtuvieron un lucro indebido, y por el otro, demanda un gobierno respetuoso y regido por un estado de derecho"
Sobre esa tónica manifestó: "No habrá excepción alguna en la aplicación de la ley pero, al mismo tiempo, señalo que jamás acusaremos a servidor público alguno si no tenemos pruebas que, a nuestro juicio, puedan ser suficientes para inculparlo. No cederemos a presiones de ningún tipo ni a la tentación de buscar los impactos publicitarios fáciles, o de justificar nuestro trabajo mediante chivos expiatorios".