Ť Innecesario consultar; la sociedad toda apoya esa propuesta, opina Burgoa Orihuela

Federalizar el delito de secuestro dificultaría labores de la PGR: Juan de Dios Castro

Ť El asesor presidencial dice que la General de la República tiene mucho trabajo con el narco

CIRO PEREZ SILVA

Para el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, la posibilidad de que el secuestro se convierta en un delito federal pasa no sólo por la decisión de los legisladores para modificar los códigos penales, sino por la capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para encargarse de estas investigaciones con los limitados recursos económicos y de personal con que cuenta.

Sin embargo, para el constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela no se trata sólo de leyes, "sino del mandato que impone la sociedad. No hay que consultar con nadie, es una razón evidente que todos los juristas y toda la sociedad están de acuerdo con esta posibilidad".

El tema del creciente número de secuestros y la incapacidad de las autoridades para combatirlos, confrontó las percepciones de los especialistas sobre las medidas que deben adoptarse para resolver "el estado de indefensión en que los plagiarios han colocado a la población".

Castro aseguró que el asunto de los secuestros "es recurrente, pero delicado" y debe analizarse si es prudente retirar la facultad de perseguir este delito a las procuradurías locales en cada entidad, "ya que la PGR tiene mucho trabajo con el narcotráfico".

Reforma fiscal

Entrevistado en la Cámara de Diputados tras participar en el inicio de la Consulta Nacional sobre el Sistema de Amparo y Protección Constitucional, Castro aprovechó para insistir en la urgencia de que el Congreso apruebe la reforma hacendaria del presidente Fox y para responder los señalamientos que ha hecho el relator de la ONU sobre la independencia de jueces durante su visita a México.

Sostuvo que el estado de la delincuencia e impunidad "es un problema grave" y aseguró que el gobierno foxista "hace enormes esfuerzos de recursos económicos" en la administración y procuración de justicia federal, por lo que debe analizarse el estado de la administración de justicia en las entidades del país.

"En mi estado, quienes están encargados de la administración y procuración de justicia ganan mil pesos al mes. Aquí entramos al tema de la reforma fiscal, ya que requerimos de más recursos para entregar mejores presupuestos a los estados de la Federación. Mientras no se dé la reforma fiscal, no se pueden atender estos temas", aseveró el asesor presidencial.

Se refirió entonces al relator de la ONU, quien, dijo, ha afirmado que el Poder Judicial tiene poca independencia, "pero el jaloneo por el presupuesto habla de la gran independencia entre los poderes", sostuvo luego de afirmar que con la reforma hacendaria la Federación contaría con mayores recursos para combatir a los secuestradores, además de que desde su punto de vista, no debe quitárseles competencia sobre la persecución de este delito a las entidades.

"Le doy una respuesta categórica. En este gobierno se dan pasos gigantescos en la lucha contra la corrupción. Le decía que hay gran independencia entre el Poder Judicial y el Legislativo, ya que por la conformación de las Cámaras ninguna corriente política tiene mayoría y si se unen las corrientes de oposición, superan a la corriente del gobierno federal", insistió.

Dijo que en los poco más de cinco meses que tienen de ser gobierno, se han decomisado grandes cantidades de droga por parte de la PGR y la Defensa Nacional, instituciones que "en una combinación prudente y discreta", han conseguido logros importantes en la lucha contra los narcotraficantes, avances que, dijo, deben valorarse.

Burgoa Orihuela afirmó que federalizar el delito de secuestro "es una buena medida" para que la PGR investigue ante los jueces federales. "Yo me estoy refiriendo a las instituciones federales, me refiero a la PGR y al Ministerio Público Federal", apuntó.

Dijo que debe atenderse el mandato social "sin mayores consultas", toda vez que difícilmente se encontrará a una persona que se oponga a mejorar el sistema jurídico para prevenir y, en su caso, castigar a los plagiarios con penas más severas.

Reconoció que "todos los delincuentes del país", como secuestradores, defraudadores y falsificadores, tienen "muchas posibilidades de salir en libertad". Por ello, sostuvo, debe revisarse el Código Penal Federal, "que tiene muchos parches, deficiencias y fallas, de las que se valen los abogados defensores para con artimañas o chicanadas obtener la libertad de sus defendidos".

El priísta José Elías Romero Apis reconoció que es preciso analizar si debe haber actuación federal en colaboración con las entidades, pero también debe consultarse si esta autoridad federal cuenta con recursos y personal para atender esta demanda. Sostuvo que sería preciso crear un órgano especializado con investigadores, policías y agentes del Ministerio Público que enfrenten del este delito.