VIERNES Ť 25 Ť MAYO Ť 2001
Ť El Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos sustituye dos décadas de pactos
Comienza hoy nueva era de arreglos laborales
Ť Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del órgano
Ť Está constituido por representantes gubernamentales, obreros, campesinos y empresariales
ELIZABETH VELASCO C.
Las autoridades gubernamentales y los sectores obrero, campesino y empresarial comienzan hoy una "nueva era'' de arreglos en materia laboral que sustituye dos décadas de pactos, después de oficializarse en la víspera el acuerdo que crea el Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos (CDSP), mediante su difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque el debate y rechazo a diversos puntos de ese acuerdo de organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, principalmente, se mantuvo de enero hasta la tercera semana de abril -incluso hasta entonces lo firma bajo protesta la UNT por la negativa oficial a incluir sus propuestas-, el CDSP fue suscrito en febrero por el presidente Vicente Fox y los secretarios de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Agricultura, Educación, Trabajo y Turismo.
Su contenido -que La Jornada difundió a principios de febrero, pese al hermetismo de las negociaciones entre el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, y los líderes de empresarios y obreros- focaliza las prioridades en la "distribución de la riqueza mediante niveles salariales verdaderamente remuneradores" y en la creación de empleos para alcanzar la elevación del nivel de vida de los mexicanos, particularmente de quienes están en condiciones de pobreza extrema, según el texto difundido ayer en el DOF.
En relación con las primeras versiones de ese acuerdo, el documento oficial es más sucinto, ya que omite postulados basados en la "buena fe", la "confianza mutua" y la "lealtad" en que inicialmente debían fundarse las relaciones de los sectores productivos. Empero, se rescata lo esencial: "el diálogo, la concertación y los entendimientos entre autoridades, trabajadores y empresarios" se convierten en "las únicas vías para la solución de diferencias y el desarrollo sostenido de los centros de trabajo y de las actividades productivas".
También, la insistencia en elevar la productividad de los trabajadores, la competitividad de las empresas, el impulso a programas de capacitación y adiestramiento bajo un ambiente de "paz laboral".
A diferencia del pasado -en que las reuniones cupulares eran mensuales y con mayor recurrencia en época de crisis-, el Consejo para el Diálogo (compuesto por los titulares de las dependencias ya mencionadas y los representantes obreros, campesinos y empresariales) se reunirá cada bimestre en sesión ordinaria, a menos que la mayoría convoque a una extraordinaria.
Con la presencia de la mitad más uno de sus miembros (representación mayoritaria) se validarán las sesiones, pero los acuerdos "serán tomados por consensos". Ese consejo que hoy inicia sus sesiones será presidido por el secretario del Trabajo, contará con 10 representantes del sector público; diez del patronal, e igual número de los sectores obrero y campesino. El gobernador del Banco de México, así como los directores del IMSS y del Infonavit, asistirán como invitados permanentes a las reuniones.
Por cierto, a los directivos de las dos últimas instituciones se les concedió derecho a voz y voto. En cambio, sólo tendrán derecho a voz el titular del INEGI y el de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
El CDSP podrá formar comisiones encargadas de estudiar un asunto o problema laboral en particular, pero aquéllas no tendrán capacidad "resolutiva".
Esquema cupular y conservador: expertos
El Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos, que desde hoy sustituye la era de los pactos, aún es un esquema cupular y conservador con el que se intenta resolver los problemas de empleo y salario "a partir de buenas intenciones de ética y moral", señalaron investigadores de la UNAM.
La realidad, precisaron los especialistas en el seminario de Economía Mexicana 2001. Los Grandes Problemas Nacionales y su Entorno Internacional, es que desde 1970 a la fecha el salario reporta una pérdida acumulada de más de 70 por ciento.
Para ubicar el retroceso de este indicador, señaló Gerardo González Chávez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE), en los setenta correspondía a las remuneraciones de los asalariados 40.6 por ciento de la riqueza generada en el país.
En 1980 las remuneraciones disminuyeron a 35 por ciento del producto interno bruto (PIB), y para el término de 2000 este indicador se ubicó en 27 por ciento, mientras que el capital se quedó con 73 por ciento.
De acuerdo con estimaciones de los académicos del IIE de la UNAM, de un total de 40 millones de personas en edad de trabajar, poco menos de la mitad se encuentra en el mercado informal de la economía y, al igual que en el resto de América Latina, se ha registrado mayor número de empleos, aunque éstos tienden cada vez más a la precariedad, es decir, sin rasgos de estabilidad laboral, acceso a seguridad social o prestaciones.
En la mesa Empleo, Relaciones Laborales y Seguridad Social, González Chávez explicó que a mediados de los setenta el salario real aumentó en más de 30 por ciento, aunque en seguida inició el desplome imparable hasta la fecha.
Desde ese tiempo, dijo, los organismos financieros internacionales indicaron a México que para resolver este problema era necesario aplicar una política de contención salarial, limitar las demandas obreras mediante cambios a la Ley Federal del Trabajo e incrementar la productividad.
"Fue entonces cuando se identificó a la inflación como el enemigo a vencer", y a partir de 1987-1988, con una inflación de 159.2 por ciento, se aplicó un "acuerdo" de regulación de precios llamado entonces Pacto de Solidaridad Económica.
Catorce años después comienza la etapa de los pactos de la administración del presidente Fox, denominado ahora Consejo para el Diálogo, en el que fue la misma autoridad del trabajo la que definió a los representantes de los sectores productivos que participarán, dijo Alfonso Bouzas, investigador del IIE y profesor de la maestría de sociología del trabajo en la UAM.
Autor de diversas obras de las relaciones de trabajo, contratación colectiva y nueva cultura laboral, el académico sostuvo que en gobierno del presidente Fox no se registran "señales concretas de cambio".
Es decir, precisó, continúan los mismos mecanismos y "tradiciones" en el establecimiento de los aumentos al salario; se han enfrentado los conflictos laborales por las mismas vías usadas en el pasado, y las buenas intenciones pretenden sustituir los enérgicos reclamos. De igual forma, "no nos resta más que sostener que la democracia y la libertad sindical siguen siendo reclamos actuales y fundados y que lo prometido por Fox en campaña no se cumple".
Ahora, señaló Bouzas, ante una eventual reforma a la LFT sabemos que los empresarios irán con todo para enmendar los artículos relacionados con los derechos de huelga, contratación colectiva, asociación, participación de utilidades y estabilidad en el empleo con mayor flexibilidad en materia de jornada y salario.