Ť Javier Alvarez Ramos habría causado daños al erario local por 22 millones de pesos
Investiga la Contraloría capitalina al ex director general de Reclusorios
Ť Firmó contratos de obras y adquisiciones sin que estuviera facultado para ello Ť También otorgó beneficios a los internos de mayor peligrosidad en el penal oriente, revela la indagación
RAUL LLANOS SAMANIEGO Y RICARDO OLAYO GUADARRAMA
La Contraloría General del Distrito Federal investiga al ex titular de la Dirección General de Reclusorios (DGR), Jaime Alvarez Ramos, por daños al erario local que ascienden a más de 22 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente que se integra en su contra, el ex funcionario --quien renunció a su cargo el 15 de abril pasado--firmó varios contratos de obras y adquisiciones sin que estuviera facultado para ello.
La investigación que realiza la Contraloría --y que estaría próxima a concluirse-- revisó detalladamente los contratos, fundamentalmente para la compra de equipo y materiales, y se considera si quien fuera responsable de los ocho centros de reclusión de esta capital se benefició de tales procedimientos.
Las irregularidades que analiza la Contraloría durante la gestión de Alvarez Ramos incluyen el otorgamiento de beneficios a los internos de mayor peligrosidad en el Reclusorio Oriente mediante un permiso para operar "tiendas" paralelas a las que tenía la propia institución.
Jaime Alvarez Ramos fue designado en el cargo el 13 de agosto de 1998, en sustitución de Carlos Tornero Díaz, durante la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas. Ya en la administración de Rosario Robles fue ratificado en el cargo, lo mismo que hizo el actual jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
Renuncia "por motivos de salud"
Durante la primera quincena de abril pasado empezó a correr la versión de la renuncia de Jaime Alvarez, al frente de la Dirección de Reclusorios. El martes 16 de abril, durante un acto público, el mandatario local fue entrevistado al respecto y declinó hacer cualquier comentario.
Fue hasta el jueves 18 cuando, en un escueto boletín,
se hizo pública la renuncia del director de Reclusorios. En una
improvisada conferencia de prensa, el subsecretario de Gobierno, Francisco
Garduño, afirmó que la salida de Alvarez Ramos se dio por
iniciativa propia y por "cuestiones de salud", y rechazó que hubiera
alguna otra cuestión atrás.
El Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el
año 2000 precisa que en el programa 16, Readaptación Social,
se asignaron mil 242 millones de pesos. Al terminar ese año fiscal,
el gobierno reportó en su Informe de Avance Programático
Presupuestal de ese año que la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social ejerció 836 millones de pesos, y hace
una anotación:
"Al corte de este informe no había ingresado la facturación correspondiente a adquisición de mobiliario, equipo de administración, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, bienes informáticos, vehículos, obras públicas por contrato, estudios de preinversión, alimentación de personas, vestuario, uniformes y blancos, materiales y artículos de construcción y mantenimiento preventivo y correctivo".
Agrega que "esa Dirección General tiene dentro de su pasivo circulante, compromisos en rubros tales como liquidaciones por haberes caídos, servicio telefónico, arrendamiento de edificios y locales, bienes informáticos y equipo terrestre, entre otros".
La Contraloría General capitalina está por terminar la investigación en torno a la forma en que se manejaron 22 millones de pesos relacionados con contratos de obras y liquidaciones.
Protección a grupos de reos
Como se mencionó, las irregularidades que investiga la Contraloría durante la gestión de Alvarez Ramos incluyen el otorgamiento de beneficios a los internos de mayor peligrosidad en el Reclusorio Oriente mediante un permiso para operar "tiendas" paralelas a las que tenía la propia institución.
De esta forma se privilegió la venta de productos de los reos conocidos en el argot carcelario como las mamás, porque se dedican a cuidar al resto de los internos.
Se presume que gozaron del apoyo de las autoridades para el acceso de los artículos, porque ingresaban camiones oficiales con cantidades de productos que rebasaban por mucho las necesidades de abasto de los establecimientos manejados por la Dirección General de Reclusorios.
Además, los productos que expendían los reos estaban por encima del precio del de las autoridades. Una cajetilla de cigarrillos era ofrecida por la autoridad en sus tiendas a ocho pesos con 50 centavos, y en los dormitorios se vendía hasta en 12 pesos; una cocacola de un litro de cinco a ocho pesos.
El negocio de las autoridades consistió en la concesión de las "tiendas" en montos que extraoficialmente iban de 20 a 30 mil pesos y que las mamás amenazaban a los reos para que compraran sus productos.
Las irregularidades administrativas se refieren a violaciones al reglamento interno, pues está prohibido que existan expendios diferentes a los de la autoridad. Además, se enfocan a la pasividad con que actuó el entonces director del Reclusorio Oriente, Arturo Hernández Ramírez.
De acuerdo con la investigación administrativa, se realizaron visitas y se notificó a Alvarez Ramos de la situación sin que se haya corregido. A tres años del inicio de los expedientes, en mayo de 1998, la Contraloría informó que aún no tiene una resolución.