MIERCOLES Ť 23 Ť MAYO Ť 2001
Ť Consideran al PPP un acto de "colonización salvaje"
Organizaciones sociales construirán un plan Panamá México alternativo
MATILDE PEREZ U.
Un centenar de organizaciones sociales, de productores, indígenas y defensores de los derechos humanos de México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos, acordaron constituir una Alianza Social Mesoamericana en contra del proyecto Plan Puebla Panamá (PPP) creado por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo y se comprometieron a "construir un plan Panamá México alternativo, que represente los intereses" de los pueblos involucrados.
En la llamada Declaración de Tapachula sobre el PPP, las organizaciones califican a éste como "un renovado proyecto de colonización salvaje de Centroamérica y sur-sureste de México, ya que es el arribo de los intereses de las trasnacionales y del gran capital. Es un plan que profundizará el empobrecimiento de los pueblos y la destrucción de nuestras culturas y naturaleza. Amenaza con agudizar la polarización social, exclusión e insustentabilidad".
Al término de la reunión del amplio grupo de organizaciones en la frontera entre México y Guatemala, los participantes se comprometieron a impulsar procesos de integración entre sus pueblos bajo principios democráticos, de equidad, justicia, sustentabilidad, y de acuerdo a las necesidades de ellos, tomando en cuenta su diversidad cultural, social y económica.
El grupo demandó a sus respectivos gobiernos abrir "amplios espacios de participación, información, consulta y debate público con la sociedad civil y todas las instancias gubernamentales". Tiene que abrirse un debate público con suficiente información para evaluar los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, y -a partir de ello- elaborar un proyecto alternativo.
Las organizaciones participantes también hicieron un llamado a los pobladores de sus respectivos países y regiones para "desarrollar y fortalecer todas las formas de resistencia y apoyar y alentar nuevas alternativas, ya que el PPP es un abuso y una violación a la soberanía de los pueblos del istmo centroamericano".
En la declaración, el amplio grupo abordó el tema de la política antiinmigrante de los gobiernos de México y Estados Unidos. "Cualquier política de integración debe combatir de raíces la expulsión de nuestros compatriotas y en todo caso garantizar sus legítimos derechos humanos. Los centroamericanos migrados en Estados Unidos somos parte de los pueblos mesoamericanos y, al tiempo que defendemos nuestros derechos como personas y migrantes, buscamos participar en el desarrollo de nuestros países de origen".
Entre las organizaciones participantes, 11 corresponden a Guatemala; dos, a El Salvador; seis, a Nicaragua; 90, a Estados Unidos, y el resto, a los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero.