MIERCOLES Ť 23 Ť MAYO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Política de vivienda popular
Responder a las necesidades de vivienda de la población presente y futura del Distrito Federal y a las justas demandas de mejoramiento de la calidad de vida, sobre todo de los sectores populares, requiere de una política pública no sólo gubernamental, integrada y que responda a la complejidad del problema, sino que debe plantearse en el marco negativo de la forma más especulativa, inequitativa y excluyente del capitalismo: el neoliberalismo salvaje. Debe concertarse a escala metropolitana, pues las dos partes de la ciudad real se determinan mutuamente y sus procesos urbanos están íntimamente relacionados.
Toda la Zona Metropolitana comparte la misma disponibilidad de agua potable, carencias cuantitativas y cualitativas, desigualdad en su distribución socioterritorial y pérdidas por fugas o uso irracional; no importa dónde estén asentados los actuales y futuros pobladores. La escasez focalizada de agua que hoy padece toda la metrópoli se agravará al aumentar su población en 4 millones 400 mil habitantes en los próximos 25 años y agudizarse los conflictos entre ambas entidades por este tema.
La política de repoblamiento de las áreas centrales no resuelve todo el problema, porque su infraestructura hidráulica --agua y drenaje-- se encuentra muy deteriorada y se requiere mejorarla sustantivamente, porque subsiste la distribución desigual y su uso inadecuado. Hay que atender desde ahora las necesidades de la nueva población en toda la metrópoli. Además, entre las zonas urbanas más vulnerables a inundaciones por saturación del drenaje, se incluye el Centro Histórico.
La disponibilidad de suelo en las áreas consideradas adecuadas para la construcción de vivienda nueva, o el reciclamiento y mejoramiento, tiene dos aspectos: su accesibilidad legal --limitada en la realidad por la escasez derivada de la propiedad privada, por la irregularidad en la tenencia en la periferia y la intestación y otros problemas legales en las áreas centrales-- y el costo para la vivienda popular.
El mercado del suelo en el capitalismo es especulativo; por ello, una restricción normativa en gran parte de la ciudad genera rentas de monopolio y la elevación de su precio en las áreas permitidas y, paradójicamente, aumento del precio de la vivienda en venta y renta ya construida en las áreas prohibidas. Esto puede bloquear el objetivo válido de focalizar la construcción de nueva vivienda popular en las áreas centrales equipadas. Al establecer un ámbito muy limitado y relativamente más saturado que el resto, para la localización de unidades habitacionales y desarrollos comerciales, la competencia será muy fuerte entre los dos usos, con desventaja para el habitacional popular, mucho menos rentable.
Actualmente la inaccesibilidad a la vivienda para los sectores populares tiene que ver con la insuficiencia de los ingresos de los demandantes y su inestabilidad, que se verán agravados por la desaceleración económica en curso. Esta misma tendencia afectará las finanzas públicas locales reduciendo la capacidad del gobierno local para subsidiar a los solicitantes pobres, sobre todo ante la elevación inusitada del precio del suelo y su creciente peso en el precio total de la vivienda popular, pues la estructura de costos relativos y equipamientos adicionales requeridos no permite su construcción en alturas mayores a cinco pisos para compensarlo.
Otro problema a resolver es la diferencia de la normatividad y la política pública en el DF y los municipios conurbados. Ante una situación restrictiva, sin duda el capital inmobiliario orientará su inversión hacia los municipios conurbados, lo que impediría atender toda la demanda en la ciudad de México, sin que este desplazamiento atenúe las carencias de agua, transporte y servicios, dada la integralidad de los procesos metropolitanos. El impacto sobre la economía y el empleo en el DF será muy fuerte también.
Un aspecto poco analizado es el impacto de la reconcentración de las actividades terciarias y residenciales en las delegaciones centrales: la relación entre la vivienda de los residentes en las delegaciones no centrales, y las fuentes de trabajo y de abasto y comercio centralizadas, eleva la movilidad y la demanda de transporte, otro eslabón débil de la ciudad. La desconcentración de actividades económicas tiene problemas, pero permite ubicar fuentes de trabajo y abastecimiento cercanas a las zonas de residencia de los trabajadores reduciendo su desplazamiento.
Una política urbana y de vivienda integral, en la legislación para todos y los programas gubernamentales prioritarios, que busque mejorar la situación de los sectores más empobrecidos, dando orientaciones claras al resto de la población y los actores económicos, tendría que atender estos problemas y muchos otros, como la calidad de las nuevas viviendas a producir, si se quiere que sea viable para los sectores populares más vulnerables y coadyuve al ordenamiento global de la ciudad y la metrópoli.