MIERCOLES Ť 23 Ť MAYO Ť 2001
Ť Córdoba, Veracruz
El Senado pide se investigue efectos de la explosión de Anaversa
ANDRES MORALES CORRESPONSAL
Veracruz, Ver., 22 de mayo. El presidente de la comisión de Salud y Seguridad Social en el Senado de la República, Elías Miguel Moreno Brizuela, calificó como de "irresponsables" la declaración del gobierno veracruzano sobre la inexistencia de muerte de personas ligadas con la explosión de la fábrica de pesticidas Anaversa ocurrida hace diez años en la ciudad de Córdoba.
Explicó que las diversas fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados solicitaron a las secretarías de Salud y Medio Ambiente, la realización de monitoreos epidemiológicos y ambientales en 18 colonias cordobesas para determinar el grado de contaminación derivado del siniestro y la afectación a la población que tuvo contacto con las sustancias químicas derramadas.
El senador perredista acusó al secretario de Salud en Veracruz, Mauro Loyo Varela de "hacer declaraciones irresponsables" al calificar que las más de 300 personas fallecidas a consecuencia de enfermedades cancerígenas en Córdoba no tienen relación alguna con la explosión de la fábrica de pesticidas Anaversa y asegurar que el accidente es "un caso cerrado para las autoridades".
Moreno Brizuela desmintió lo declarado por Loyo Varela la semana anterior y aseguró que en el Senado fue suscrito un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Salud (SSA) y del Medio Ambiente (Semarnat) la práctica de estudios epidemiológicos y ambientales en la zona donde ocurrió el accidente en 1991.
Recordó que en 1992 se realizó un primer monitoreo ambiental que resultó insuficiente para determinar el grado de contaminación con dioxinas que fueron generadas durante la explosión de la factoría y ahora al existir más de 300 muertes por cáncer y otra afecciones relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, se requiere una segunda evaluación pericial.
El legislador dijo que las dependencias involucradas deberán iniciar los estudios correspondientes, además que las autoridades federales como estatales tendrán la obligación de reabrir las investigaciones.