Ť Pruebas documentales dieron magnitud al proceso y aparecieron nuevos delitos

La venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, un caso que avanzó muy lentamente en Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL/II

Buenos Aires, 21 de mayo. Ricardo Monner Sanz, un abogado independiente, descendiente de catalanes, que lucha incansablemente contra la corrupción en el país, dijo que la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador fue demorada y que a medida que pasaba el tiempo el fiscal Carlos Stornelli "se fue dando cuenta de la morosidad (lentitud) con que se movía y se lo hacía saber al juez Jorge Urso, a la vez que valoraba que mi denuncia no tenía segundas intenciones". Ya se había pedido la documentación original de la venta de armas y especialmente sobre la designación de empresas como Hayton Trade y Debrol, que actuaban como representantes de fabricaciones militares ante Venezuela.

Los datos pedidos a Venezuela certificaron que eran falsas las firmas que figuraban en los documentos presentados por Hayton Trade, donde supuestamente el coronel del ejército venezolano Edgard Tomás Zabala solicitaba las armas y también la firma de Hernán Segundo Silva, quien "pedía" una ampliación de la venta. A lo largo del juicio se pidieron informes a Uruguay, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, para verificar datos de sociedades, movimientos de fondos y la identificación de personas involucradas, con mayor o menor suerte.

Otras dos causas estaban en manos de los jueces Adolfo Bagnasco (quien renunció y será asesor de los defensores de Menem), y Gustavo Literas. "Todo el operativo de decretos que se firmaron donde se autorizaba a empresas fantasmas a vender de acuerdo a las necesidades indican que esos decretos iban a funcionar para Croacia, Ecuador o donde se necesitaran armas en estos mismos términos", dijo Monner Sanz.

Ya en julio de 1998 la causa tomó vuelo con la detención --en Sudáfrica, por Interpol-- del ex teniente coronel argentino Diego Palleros, traficante de armas, y hombre clave prófugo desde hacía más de dos años. "Palleros, representante de las empresas fantasmas Hayton Trade y Debrol, había declarado ante la justicia ---como testigo-- que pagó coimas (mordidas) a un empresario altamente vinculado con el gobierno para la venta de armas. Desde entonces se pensó en Emir Yoma. El traficante se fugó de Buenos Aires en 1996 hacia Singapur, cuando fue citado para indagatoria y desde la clandestinidad amenazaba con hablar". Sudáfrica no respondió al pedido de extradición aún, pero a Palleros se le confiscaron bienes en bancos panameños.

"Este fue un momento especial porque se perforó la trama y se comenzó a llegar al poder político. Aparecen nuevos delitos como encubrimientos y omisiones. Comienzan a perfilarse los responsables (entre ellos los ministros de Defensa de uno y otro periodo Erman González y Oscar Camilión, el canciller Guido Di Tella, y también Domingo Cavallo, ministro de Economía que firma los decretos de Menem, quien aparece como el principal responsable). También se devela la responsabilidad de Martín Balza. Yo luchaba contra muchas incomprensiones porque Balza había hecho un arrepetimiento público sobre la dictadura".

Hasta que Stornelli decidió el procesamiento por asociación ilícita este año, el juicio no tomó realmente el vuelo que ahora tiene. Existen muchos nombres de militares de ejército, marina y aeronaútica vinculados en el caso, mientras que otros militares tuvieron un comportamiento correcto como el coronel Luis Lagos ex jefe del Batallón argentino de la ONU en Yugoslavia que reveló haber alertado al ejército sobre fusiles argentinos en Croacia en 1992.

Desde que en marzo de 1995 Clarín publicó un certificado de uso fiscal en el que se había falsificado la firma del coronel venezolano, las pruebas se acumularon y la causa tomó tal magnitud que en su camino hay muertos y trágicos sucesos como la voladura de una fábrica militar en Río Tercero Córdoba, el 3 de noviembre de 1995, que provocó la muerte de siete personas, 300 heridos y una enorme destrucción en la cercana ciudad.

El 21 de abril de 1999, el fiscal Carlos Stornelli vinculó la explosión de Río Tercero, que se sospecha fue intencional, con la venta ilegal de armas.