DOMINGO Ť 20 Ť MAYO Ť 2001

Ť Antonio Gershenson

La banca y la deuda

Con la venta de Banamex a Citibank, uno de los principales bancos de los Estados Unidos, entra en un proceso de transferencia de la propiedad a extranjeros el último banco importante que faltaba por hacerlo. Bancomer había iniciado, aunque no en una forma idéntica, un proceso análogo con el BBVA de España.

En Bital, el principal directivo del banco había sido sustituido, debido a su oposición al aumento de la participación accionaria de extranjeros en ese banco. Ya antes habían iniciado procesos similares otros bancos menores que éstos.

 Esto nos muestra la inutilidad del dineral gastado en el Fobaproa, supuestamente para rescatar y fortalecer a una banca nacional. Los bancos siguen casi sin prestar dinero para proyectos productivos, siguen cobrando costos muy altos de intermediación y no se ve qué tan importante era agregar a la deuda del país casi un millón de millones de pesos.

 Sin autorización del Congreso se ha contraído esta deuda, más la de los Pidiregas para el sector energético, sin reconocer estos montos como la deuda pública que en los hechos es, dado que se han comprometido a pagarla como si lo fuera. Esto se suma a la deuda pública reconocida como tal.

 La tecnocracia ha frenado el crecimiento del país, y le ha impuesto un pesado tributo al exterior mediante estas formas, unas legales y otras no, de endeudamiento.

Los pretextos para hacerlo se han evidenciado como tales. Ni se resolvieron los problemas de la banca ni los del sector energético, sólo se difirieron pagos para después, sumados a los respectivos intereses o rendimientos de los inversionistas.

 Parece evidente que esta situación requiere de una revisión. Lo menos que se puede hacer es reabrir el expediente del Fobaproa-IPAB para detectar los casos de fraude u otros sin soporte legal, los casos en los que se paga a prófugos de la justicia y similares.

En el caso de los energéticos, en vez de seguir perdiendo el tiempo, después de años de no hacer nada con el pretexto de una ilusión privatizadora primero y luego queriendo acabar con los elementos de planeación que subsisten en la industria eléctrica, se requiere definir una política energética sana, que se apoye ante todo en nuestros propios esfuerzos, para resolver nuestros propios problemas.

 En lo que toca a la banca, se requiere cambiar las reglas del juego. Los bancos extranjeros que operan en México no lo hacen con las tasas de interés ni con las reglas de sus países de origen, sino con las de los bancos mexicanos de antes.

Las tasas de interés son muy altas y los criterios de adjudicación de créditos son propios de una sociedad preindustrial: bienes raíces como garantía indispensable, lo cual obliga al inversionista a inmovilizar en propiedades inmuebles (terrenos, edificios) una buena parte de su capital, y ello frena el crecimiento del país.

Prácticamente no existe, como sí lo hay en otros países, el financiamiento de proyectos en los que el proyecto mismo es la garantía.

 En México pasaron 24 años --de 1970 a 1994-- entre el momento en el que el convertidor catalítico fuera obligatorio --como medida anticontaminante-- en los coches de aquí y cuando lo fue en el país de origen del fabricante. En otros casos ni siquiera se ha adoptado una medida similar.

Por ejemplo, se siguen fabricando lámparas con un alto contenido de mercurio, que es venenoso, cuando que están prohibidas en los Estados Unidos, mientras que en Europa están sujetas a reciclaje obligatorio para evitar que se disperse esa sustancia.

¿Cuánto tiempo va a pasar para que los bancos operen con reglas modernas?