Casabolsistas la utilizaron como caja chica

Banca: rápido y oneroso camino a la extranjerización

CARLOS FERNANDEZ-VEGA

"Todo llega y pasa, empieza y termina", dijo José López Portillo aquel primero de septiembre de 1982. Y en poco menos de dos décadas, la frase devino en drástica realidad: la banca comercial en México pasó de la estatización a la reprivatización y de ahí, destrozada, a la extranjerización. No pudo ser más rápido, ni más oneroso para la nación.

Minutos después del anuncio expropiatorio hecho en ese sexto informe de gobierno, la Asociación de Banqueros de México no sólo rechazaba, frenética, encolerizada, la decisión presidencial, sino que, tajante, pitoniza, advertía: "el tiempo nos dará la razón". Nunca se la obsequió, pero sí las instituciones financieras. Y, voraces, insaciables, no supieron qué hacer con ellas, mas que exprimirlas y reventarlas.

Los banqueros ofendidos sabían que el de López Portillo era un sexenio desesperado, agonizante. Sólo aguardaron --unas cuantas semanas-- el arribo formal del personaje que cuidaría su negocio y comenzaría a limpiar su honor. Y, sí, llegó Miguel de la Madrid, la renovación moral bajo el brazo: primero (1983), les regresó un cúmulo de activos no bancarios (en especial la participación accionaria en empresas comerciales ligadas a los bancos) y emitió los bonos de indemnización bancaria (Bibs), con los que los ex banqueros se recompusieron de inmediato; amén del impulso y protección de su recién avalada banca paralela (las casas de bolsa) y la creación del Ficorca, una especie de abuelo del Fobaproa, que, dicho sea de paso, dirigió un personaje chistoso: Ernesto Zedillo Ponce de León. Tres años después, el renovador moral, en bandeja de plata, les entregó el 34 por ciento del capital bancario, a través de los certificados de aportación patrimonial (CAPS), la nueva fiebre especulativa de los barones del dinero.

Entre los activos no bancarios que los ofendidos recuperaron de inmediato, se contaban gruesos paquetes accionarios de empresas como Seguros América Banamex, Industria Luismin, Industrias Peñoles, Liverpool, Aurrerá, Frisco, Organización Roberts, Visa, Hoteles Calinda, Camino Real, IEM, Condumex, Grupo Asbestos, Celanese Mexicana, John Deere, Hotel Sheraton Puerto Vallarta, Aviones BC, Afianzadora La Guardiana, Mexalit, Teléfonos de México, Sanborns, Palacio de Hierro, Kimberly Clark, Grupo Industrial Minera México, Fábricas de papel Loreto y Peña Pobre, Anderson Clayton, Seguros de México (antes Seguros Bancomer), Química Flúor, casa de bolsa Bancomer, Inmobiliaria Cancún Caribe, Cydsa, Visa, Vitro, Seguros Monterrey, Grupo El Asturiano y Union Carbide, por citar sólo algunos de los más de 300 corporativos no financieros ligados a la banca privada.

El 25 de agosto de 1983, Miguel de la Madrid dio el banderazo de salida a la indemnización bancaria. El primer pago --72 mil millones de pesos-- se concretó para 11 bancos: Serfin, Comercial Capitalizador, Comercial del Norte, de Oriente, del Interior, Bancomer, Monterrey, Nacional de México, Regional del Norte, Financiera Crédito de Monterrey e Hipotecaria del Interior, que constituyeron "una muestra representativa del sistema bancario nacionalizado". La segunda etapa se dio en julio de 1985, e incluía a Multibanco Comermex. El total erogado por el gobierno federal para "cubrir" a los ex propietarios de los 60 bancos estatizados ascendió a 95 mil millones de pesos. Tres días después, redujo el número de instituciones a 29, tras revocar 11 concesiones y fusionar 20. Al término de su sexenio, quedaron 18 corporativos, las joyas de la corona.

Pero al gran pastel le faltaba la frondosa cereza, y los barones del dinero la lloraron, la pagaron, la exigieron. Carlos Salinas de Gortari les cumplió el "capricho": el 2 de mayo de 1990, anunció la reprivatización integral de la banca comercial, y en poco más de un año (1991-1992), el régimen de la solidaridad se deshizo de las 18 sociedades nacionales de crédito. Nada raro, pues, que los 24 empresarios, casabolsistas y ex banqueros que formaron parte de la priísta Comisión de Financiamiento (noviembre de 1987, un mes después del crack bursátil) de la campaña presidencial de Salinas de Gortari, terminaran --cuatro años después-- siendo los dueños o codueños de la banca reprivatizada --y de prácticamente todas las empresas paraestatales enajenadas--, o, en su defecto, que recibieran generosa y expedita autorización gubernamental para operar un banco nuevo.

Ese 2 de mayo, Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a los artículos 28 y 123 constitucionales, en la que señalaba la "impostergable necesidad de concentrar la atención del Estado al cumplimiento de sus objetivos básicos: dar respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar sobre bases productivas y duraderas, lo cual será posible evitando subsidios, privilegios y abusos". La medida, justificaba el en ese entonces secretario de Hacienda, porque la propiedad de la banca "no es un objetivo de la nación", independientemente de que las instituciones financieras "quedarán en manos de mexicanos". Eso decían.

Tres meses después, en la convención bancaria de 1990, el mismo Pedro Aspe dejaba claros los "objetivos", "alcances" y "condicionantes" gubernamentales para todos aquellos que aspiraran a participar en la compra de los bancos, en lo que se llegó a conocer como el "octálogo" del otrora empleado de la iniciativa privada financiera. Alicia en el país de los banqueros: "conformar un sistema financiero más eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y plural en el capital, con lo que se impiden fenómenos indeseables de concentración, y vincular la aptitud y calidad moral de la administración de los bancos con un adecuado nivel de capitalización".

Además, "no servir para la especulación de unos cuantos; asegurar que la banca mexicana sea controlada por mexicanos; en virtud de que se trata de un servicio de interés general y de que se manejan los recursos de la sociedad, se considerará importante que las instituciones se conduzcan con una sólida perspectiva de largo plazo, que propicie la confianza del público ahorrador; se evitará la concentración en agrupaciones formadas por bancos, casas de bolsa, aseguradoras y otros intermediarios; propiciar las sanas prácticas financieras y bancarias; evitar la conformación de grupos financiero-industriales, ya que éstos concentran el ingreso y pueden provocar un uso ineficiente de los recursos. Ello dio lugar en el pasado a prácticas nocivas para la sociedad, como la canalización preferente de recursos otorgados a empresas relacionadas con los grupos bancarios o bien operaciones de complacencia".

Como suele pasar --tradición obliga--, los "objetivos", "alcances" y "condicionantes" del salinismo reprivatizador se cumplieron y aplicaron a cabalidad, pero en riguroso sentido contrario de lo comprometido y expuesto. En los hechos, sólo los grandes grupos financiero-industriales, las principales casas de bolsa y los más destacados ex banqueros compraron las 18 sociedades nacionales de crédito ofrecidas en el sexenio de la solidaridad. Sólo como ejemplo, las casas de bolsa: Acciones y Valores compró Banamex; Operadora de Bolsa, Banca Serfin; Probursa, Multibanco Mercantil de México; Grupo Bursátil Mexicano, Banco del Atlántico; Prime, Banco Internacional --Bital--; Inverlat, Multibanco Comermex; Estrategia Bursátil, Banoro; Mexival, Banpaís; Inverméxico, Banco Mexicano; Abaco, Confía. O los grupos industriales: Valores Monterrey-Visa compró Bancomer; Grupo Industrial Maseca, Banorte; empresarios del sureste (Carlos Cabal Peniche) BCH --después Banco Unión.

Como referencia, cabe destacar que en abril de 1990, días antes del anuncio salinista, ocho, de 26 casas de bolsa acaparaban más de 65 por ciento de los CAPS: Acciones y Valores (Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú), el 19.29 por ciento; Operadora de Bolsa (Adrián Sada), 9.36; Abaco (Jorge Lankenau), 7.55; Interacciones (Carlos Hank Rhon), 7.53; Probursa (José Madariaga Lomelín), 6.66; Inverlat (Agustín Legorreta Chauvet), 5.99; CBI, 5.12 y Grupo Bursátil Mexicano (Alfonso de Garay Gutiérrez), 4.06. Las 16 restantes, se distribuían poco menos de 35 por ciento de tan preciados y generosos títulos.

Pero el sistema es así, sensible, cursi: los mismos que de pie ovacionaron a José López Portillo por estatizar la banca, el primero de septiembre de 1982, y defenestraron a los banqueros "vendepatrias", aplaudieron, catárticos, a Carlos Salinas de Gortari, el 2 de mayo de 1990, por reprivatizarla. Así, la honra de tan distinguidos personajes, estaba limpia; los niños caprichosos y glotonones del régimen neoliberal, una vez más, resultaban impunes, protegidos, engordados, victoriosos: jugaron a la banca, que utilizaron como "caja chica" de sus casas de bolsa y grupos financiero-industriales, y fueron tras el paraíso perdido: ganancias rápidas, voluminosas, libres de polvo y paja.

Aún sin banca, pero con un sistema financiero paralelo (las casas de bolsa), promovido y protegido por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, la participación de la crema y nata de la iniciativa privada en este tipo de servicios llegó a significar, en 1989, 73.2 por ciento de esta actividad económica (en 1982 no superaba 2 por ciento), con 53 por ciento del personal ocupado en el sector financiero en su conjunto.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, un día antes de la estatización, es decir, con la banca en sus haberes, la cúpula empresarial controlaba el 95 por ciento de la actividad financiera del país, con el 85 por ciento del personal ocupado.

Y llegó el gran momento. A mediados de 1991, se concretó la primera venta: Multibanco Mercantil de México a la casa de bolsa Probursa, encabezada por José Madariaga Lomelí. En esta operación también participaron Jorge y José Martínez Güitrón (Grupo Sidek), José Mendoza Fernández (Bufete Industrial), Eugenio Clariond Reyes Retana (IMSA), Marcelo Canales Clariond (IMSA) y Carlos Yñigo de Gortari (Probursa). De aquí, hasta completar la lista de 18 bancos reprivatizados, siendo el último Banoro. Oro molido para los neobanqueros.

En 1993, un año después de concluido el proceso reprivatizador, los neobanqueros, sonrientes, felices, sin ataduras legales o morales, incrementaban generosamente su margen financiero (la ganancia entre lo que cobran y lo que pagan por intereses) hasta en 290 por ciento, como en el caso de Banorie, o 147 por ciento, en el de Banpaís. Y los focos rojos, visibles, ostentosos, no quisieron verlos: en junio de ese año, la cartera vencida de la banca ascendía a 28 mil 270 millones de pesos. Pero la jauja, continuaba. Un año después ?1994-, dicha cartera había crecido un 47.24 por ciento adicional, para ubicarse en 41 mil 625.3 millones, alrededor de 12 mil 600 millones de dólares de la época.

De junio de 1991 (fecha en que se reprivatizó la primera ex sociedad nacional de crédito) y el mismo mes de 1994, la cartera vencida del nuevo y moderno sistema bancario mostraba un impresionante y peligrosísimo incremento de 431.52 por ciento, a pesar de que el crédito sólo creció 86.18 por ciento, en igual lapso, una diferencia de cinco tantos entre un indicador y otro. En contrapartida, el capital contable de las instituciones avanzó de manera modesta frente al feroz repunte de la cartera vencida. Entre junio de 1993 e igual mes de 1994, ese indicador se aumentó un raquítico 26.79 por ciento y en el trienio citado, 96.26 por ciento. En el año del arranque del TLC y la entrada de lleno al Primer Mundo, la captación de ahorro y el número de cuentas cayeron 2.07 y 41.71 por ciento, respectivamente. En cambio, los embargos a clientes morosos mostraron un dinamismo sorprendente: 450 por ciento en ese periodo y los despidos de personal se acercaron a los 4 mil trabajadores. Esto, a mediados de 1994, un semestre antes de los "errores de diciembre".

La crisis más severa de la historia estalló en la boca de millones de mexicanos desprotegidos, pero no en la de los neobanqueros que habían tomado sus precauciones. El 7 de febrero de 1995, La Jornada (en nota de Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga) informaba: "en las dos semanas anteriores a la devaluación de diciembre pasado, las mesas de dinero de cinco casas de bolsa, filiales de igual número de grupos financieros, incrementaron hasta en 357 por ciento el monto de sus operaciones con Bonos de la Tesorería de la Federación (Tesobonos), lo que les permitió obtener para ellas y sus clientes una ganancia de 15 mil 329.5 millones de nuevos pesos, exclusivamente por el efecto de la depreciación de la moneda nacional en su paridad frente al dólar durante ese mes; a partir de los primeros días de diciembre de 1994, las llamadas "mesas de dinero" trabajaron aceleradamente, pero en particular las de esas cinco casas de bolsa apuntaron en el sentido correcto: dadas todas las condiciones técnicas para determinar una devaluación, lo único que faltaba era una decisión política sobre el cómo y cuando se llevaría a cabo. Le atinaron; de acuerdo con información oficial de la Bolsa Mexicana de Valores, el monto total de las operaciones realizadas con Tesobonos durante noviembre de 1994 fue de 50 mil 119.7 millones de nuevos pesos, que ya parecía elevada, pero en diciembre ese cantidad creció hasta 89 mil 724.2 millones de nuevos pesos aproximadamente, lo que implicó un inusual incremento de 79.02 por ciento".

Resulta ocioso precisar quiénes fueron esas casas de bolsa, que si bien no las únicas, sí las más aplicadas: Acciones y Valores, filial del Grupo Financiero Banamex-Accival ?en cuyo consejo de administración participaban Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú, entre otros?, que en noviembre de 1994 realizó operaciones con Tesobonos por 2 mil 651.7 millones de nuevos pesos y en diciembre la incrementó en 12 mil 117.72 millones de (en ese entonces "nuevos") pesos; Inverméxico, del Grupo Financiero de igual nombre, que encabezaba Carlos Gómez y Gómez, institución que aumentó, entre noviembre y diciembre de ese año, su posesión de Tesobonos de poco más de 5 mil millones a 13 mil 508 millones de pesos; Operadora de Bolsa, del Grupo Financiero Obsa-Serfin (Adrián Sada), que incrementó de 3 mil 305 millones a 6 mil 795.8 millones de pesos (105.61 por ciento), su tenencia de los mencionados valores gubernamentales; Probursa, del Grupo Financiero Mercantil-Probursa (José Madariaga Lomelín, en ese entonces presidente de los banqueros), que de 4 mil 17.4 millones pasó a 5 mil 814.8 millones de pesos entre noviembre y diciembre; Mexin, con un aumento del 35 por ciento.

A lo largo de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo, voluntarioso, pagó alrededor de 30 mil millones de dólares, en dólares, por unos valores que originalmente se denominaron en pesos, con una tasa de interés pagadera en pesos, y otorgando como "premio", en pesos, el diferencial del tipo de cambio con el dólar resultante entre la fecha de compra y la de vencimiento. Pero ese fue el principio.

La historia reciente ha sido conocida, padecida por todos los mexicanos: especulación, torpeza, avidez, usura, agio; rescate bancario y empresarial, Fobaproa, cien mil millones de dólares, 20 por ciento del producto interno bruto, robo del siglo; embargos masivos, multitudinaria quiebra de empresas productivas; banqueros ricos, banca pobre; estatización, reprivatización, quiebra, extranjerización, regalo para los capos del sistema financiero transnacional.

La banca en casi dos décadas: del "no nos volverán a saquear" de López Portillo, pasando por "la modernidad teleciana, competitiva, primermundista" del sistema financiero "nacional" prometido y "comprometido" por Carlos Salinas de Gortari, al uso indiscriminado, descarado, aberrante de recursos públicos para rescatar bancos y empresas privadas de Ernesto Zedillo.

Colofón: la banca "mexicana", en casi dos décadas, el negocio más oneroso, absurdo en la historia política y económica del país.