SABADO Ť 19 Ť MAYO Ť 2001

Ť Pinochet, responsable de la represión, dice jefe naval

Promulga Lagos ley que anula restricciones a la libertad de prensa

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 18 de mayo. El presidente de Chile, Ricardo Lagos, promulgó hoy una nueva ley de información que anula todas las restricciones a la libertad de expresión im-puestas durante la dictadura de Augusto Pi-nochet, a quien el comandante en jefe de la armada, almirante Jorge Arancibia, señaló como responsable político de las violaciones contra los derechos humanos ocurridas durante su régimen militar.

Esta iniciativa legal, cuyo nombre oficial es Ley de Libertad de Información, Opinión y Ejercicio del Periodismo, enfrentó un extenso trámite en el Congreso desde 1993, durante el gobierno de Patricio Aylwin, y luego fue sujeta a una serie de en-miendas introducidas por sus sucesores, Eduardo Frei y por Lagos.

En un discurso pronunciado en el palacio de La Moneda, el mandatario destacó que con esta ley se dieron pasos sustantivos e importantes para asegurar el ejercicio de las libertades públicas, así como la igualdad de los chilenos, y dijo: "Teníamos una larga tradición autoritaria, antigua y no tan antigua, y eso es lo que estamos cambiando".

La nueva ley regula la libertad de información y el ejercicio del periodismo, con la supresión de todas aquellas reglas que establecían restricciones, como la ley de abusos de publicidad y la de seguridad del Estado, que permitía a las autoridades de turno perseguir penalmente a reporteros, medios de comunicación y público en general.

Con este nueva ley, resaltó el ministro se-cretario del gobierno, Claudio Huepe, más de 350 autoridades del Estado, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así co-mo de la fuerzas armadas y carabineros, ya no tendrán protección especial frente a la prensa en delitos de injurias y calumnias.

Igualmente, los jueces ya no podrán dictar prohibición de informar sobre cualquier causa judicial, además de que nunca más un periodista será juzgado por tribunales militares y sólo la justicia ordinaria conocerá los delitos cometidos por los civiles a causa de expresiones de opinión e informaciones.

Además de que la ley reconoce el derecho de los chilenos a informarse y a opinar sin más restricciones que la de no afectar la honra de los demás, considera a los medios de comunicación bienes esenciales por lo que estarán sujetos a la ley antimonopolio.

Lagos anunció que esta nueva ley de prensa se complementará con otras, como es la que termina con la censura cinematográfica en Chile.

En tanto, el almirante Arancibia aseguró que por una razón de Estado, a Pinochet le cabe una responsabilidad política como a cualquier presidente del mundo, por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen, entre 1973 y 1990.

No obstante, sostuvo que el hecho de que se pueda llegar a aceptar y asumir algún tipo de conocimiento de lo que pasó, así como de responder políticamente por ello, "no lo hace necesariamente responsable de lo que ocurrió".

De su lado, el hijo del ex dictador, Augusto Pinochet Hiriart, negó que su padre tenga una cuenta bancaria por un millón de dólares en Estados Unidos, como lo dio a conocer el miércoles la estatal Televisión Nacional, que difundió un documento que mostraría que la cuenta fue abierta en 1997 en el Banco Internacional Riggs.

Pinochet Hiriart señaló que probablemente este documento fue falsificado o copiado de otra cuenta, después de asegurar que "el peor pecado que cometió mi padre fue ha-ber hecho un gobierno exitoso, con reformas innovadoras y positivas".

En tanto, los abogados Sergio Corvalán y Fabiola Letelier solicitaron hoy al juez Guzmán Tapia que interrogue a Pinochet por su posible conocimiento de la ejecución del periodista estadunidense Charles Horman, al surgir nuevos antecedentes en este caso, perpetrado en octubre de 1973.

En relación también a Pinochet, la justicia argentina dio luz verde a la jueza María Servini de Cubría para que interrogue al ex dictador en este país en torno al asesinato, en 1974, en Buenos Aires, del ex jefe del ejército chileno Carlos Pratts y su esposa Sofía Cutberth.

Esta posibilidad se deriva de una resolución de la Cámara Federal de Buenos Aires, que consideró válidas las indagatorias a cinco militares chilenos vinculados con el doble homicidio, que Servini llevó a cabo en Santiago desde finales de 1999.

En otro asunto, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una querella del juez Juan Guzmán Tapia, que acusó de injurias a Marcelo Cabrera, uno de los líderes del Movimiento Vitalicio Augusto Pinochet, luego de que los seguidores de esa organización realizaron manifestaciones durante las últimas semanas frente a la casa del magistrado y gritaron consignas que él consideró ofensivas