sabado Ť 19 Ť mayo Ť 2001

Miguel Concha

Relevo desaseado

Los organismos públicos de derechos humanos fueron también creados para corregir y reforzar con criterios de legitimidad el actuar de las autoridades, por medio de recomendaciones públicas e instrumentos educativos y propositivos, con el fin de mejorar las relaciones entre los ciudadanos y quienes los gobiernan. Conforman el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, que en México está en vías de consolidación, y requiere por lo mismo una mirada atenta por parte de la sociedad, para apreciar sus avances y señalar sus debilidades. Algunas comisiones destacan en áreas específicas. La de Puebla, por ejemplo, promueve cada año un importante foro educativo; la de Baja California sobresale en la defensa de los derechos de los migrantes, y la del Distrito Federal goza de la confianza de los agraviados y da cuenta con muy buenas estadísticas de la eficacia de su servicio.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) la caracterizan su autonomía, hecha valer en un difícil contexto, y la valentía de su ex titular, María Guadalupe Morfín Otero, poeta y abogada tapatía, que ha sabido introducir en el discurso público de su tierra los necesarios matices y claridades que son cimiento de la vida democrática.

Durante cuatro años el equipo que esta mujer encabezó estuvo en el ojo del huracán. Su compromiso ético por erradicar la tortura la hizo objeto de injustificados señalamientos de defensa de delincuentes por parte de cúpulas empresariales e incluso eclesiásticas, y del menosprecio de aquellos a quienes proponía formas de restituir armonía, allí donde había sido rota por la arbitrariedad y la prepotencia.

La CEDHJ se había atrevido a lo insólito: hacer visibles las condiciones en que se oferta trabajo a los jornaleros indígenas migrantes, para el cultivo de productos de exportación en los campos jaliscienses. Boquiabiertos, los servidores públicos aludidos respondieron que no habían hecho nada. Pero esa omisión, respondió precisamente la ex presidenta, se tradujo en una violación a los derechos humanos de miles de personas. Les recordó que el estado está obligado a proveer todo lo necesario para que el disfrute de los derechos humanos de segunda y tercera generación sea accesible a todas y a todos. En pocas palabras, afectó poderosos bolsillos.

Frente a formas criminales de combatir delitos, señaló criterios jurídicos y, como lo ha hecho también el ombudsman del DF, exigió a sus detractores que le comprobaran que una sola persona hubiera evadido la acción de la justicia por causas atribuibles a ella. Como era de esperarse, ciertos medios de la ultraderecha tapatía la han elegido como blanco de sus ataques. Quien hable de tolerancia, de no discriminación por ninguna causa, y haga visibles los rostros de los olvidados, es una afrenta en un medio inmisericorde, amenazado por lo que considera pérdida de privilegios.

Esta mujer, que con notables logros editoriales y reconocimiento por parte de los ombudsman de América Latina y la península ibérica, redefinió el rumbo de la comisión que le fue encomendada, ha debido dejar el cargo por cierto desaseo en las formas de su relevo, que ha consistido en el retraso de la convocatoria que el Ejecutivo hasta hace unos días, y el Legislativo a partir del 27 de abril, debieron lanzar a tiempo, para recibir propuestas de candidatos a su cargo. Además, han comenzado a aparecer candidatos supuestamente registrados a tiempo, que durante más de cuatro días se mantuvieron en el silencio. Se rumora que su carta es intercambiable por la de los consejeros electorales. No obstante, ella es la candidata de académicos, organismos independientes, grupos de apoyo a comunidades indígenas y las más prestigiadas ONG de derechos humanos jaliscienses.

Las otras candidaturas, o no ofrecen sino un desleído currículum, o están cruzadas por las pertenencias partidistas de uno u otro signo. Todo evidencia que quienes hubieran tenido méritos para sucederla con dignidad, han preferido declinar para reconocer de esta manera el resultado del trabajo en equipo de María Guadalupe Morfín Otero.

Sorprende por ello, y preocupa, que se ponga en duda la reelección para un segundo periodo, de quien ha conferido dignidad y eficacia a la delicada institución del ombudsman en Jalisco. Ť