Ť El procurador de Chihuahua le informó que son 177 las víctimas, no 300

En sólo "cinco minutos" informan a relator de la ONU sobre mujeres asesinadas en Juárez

Ť Llama a integrantes de ONG a denunciar ante el organismo mundial cualquier amenaza

VICTOR BALLINAS Y MIROSLAVA BREACH ENVIADO Y CORRESPONSAL

Chihuahua, Chih., 18 de mayo. El procurador general de Justicia del estado, Arturo González Rascón, aseguró que en la entrevista con el relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Dato' Param Cumaraswamy, el tema de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez "sólo nos ocupó cinco minutos. Esa es la importancia que se le dio con relación a todo lo tratado".

Se le precisó cuál es la situación real. "No son 300 las víctimas, como se menciona en la información proporcionada a la ONU por organizaciones no gubernamentales (ONG). Tampoco está apegado a la realidad cuando se dice que todas fueron violadas y mutiladas. Nosotros le informamos que sólo son 177 los expedientes de víctimas que recibimos en octubre de 1998. De esos, en 57 casos se registró ataque sexual, y sólo en tres se encontró mutilación".

Al relator de la ONU se le informó que ahora "hay más eficiencia en la investigación. Setenta por ciento de los presuntos responsables están ya consignados, situación muy diferente a la que se presentaba en octubre de 1998 ?cuando arribó al poder la actual administración estatal. "Ya no encontramos cada semana mujeres violadas ni asesinadas, como entonces", aseguró.

--Dice usted que 70 por ciento de los presuntos responsables están consignados, ¿cuántos son los presos?

--Más de 80.

--¿Ese número de personas está ya en la cárcel?

--Sí. Así es, son más de 80 personas.

Incluso el procurador González Rascón señaló que a Param Cumaraswamy se le explicó que muchos de los actos relacionados con ese tipo de homicidios ya no siguen el mismo patrón, y corresponden a triángulos amorosos, robo, enfrentamiento de pandillas y casos relacionados con el narcotráfico.

Caso "dimensionado"

El funcionario chihuahuense destacó que a pesar de que siguen ocurriendo asesinatos, una vez que se ha dimensionado el caso de los homicidios que han lacerado y duelen a los juarenses, éstos ya no tienen la misma dinámica, porque "se ha logrado actuar y enfocar las acciones en busca de la transformación de la sociedad respecto de la conducta violenta".

Este fue el resumen que hizo el procurador de Chihuahua respecto a los cinco minutos que "le dedicó al tema de los asesinatos de mujeres en su entrevista con el relator de la ONU"; el resto del tiempo, los otros 55 minutos, los enfocó a explicar, dijo, con precisión el funcionamiento del sistema de procuración de Justicia en el país, y particularmente en el estado.

De acuerdo con su versión, el relator de la ONU mostró interés en conocer el número de elementos de la Policía Judicial en la entidad, que asciende a mil, además de 350 ministerios públicos, 60 integrantes de la Policía Judicial Federal y cinco agentes del Ministerio Público federal. En esa misma línea se le hizo saber de la situación de los procesos penales y el porcentaje de casos específicos que tienen una resolución.

Además, durante la entrevista se le informó de manera pormenorizada los adelantos con los que cuenta la Procuraduría estatal, como lo es el sistema de red al 90 por ciento de las oficinas, y el resto por radio y teléfono.

Al término de la entrevista con el funcionario, el relator dijo que está recabando toda la información de los asesinatos de mujeres, el número de homicidios y las estadísticas generales, para conocer si los delitos se están investigando adecuadamente, analizar la situación y, de ser necesario, "vendrían otros relatores, sobre lo cual emitiríamos la recomendación correspondiente ".

Por la noche, durante un encuentro con más de una decena de organismos no gubernamentales, Irma Campos, representante del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, cuestionó a Param Cumaraswamy sobre lo afirmado por el procurador de Justicia del estado, de que fueron suficientes cinco minutos para analizar el tema de la violencia contra mujeres en la frontera norte del país.

--El procurador general de Justicia del estado dijo en conferencia de prensa, a pregunta expresa de los reporteros, que "sólo se le dedicó cinco minutos al tema de los crímenes de odio, particularmente contra mujeres. Queremos saber si cinco minutos fueron suficientes.

--No fue así. Si él lo dijo, quiero decirles que se trata de un procurador muy ingenuo o muy malicioso.

En la reunión con los organismos no gubernamentales, Irma Campos expuso ante el representante de ONU que "la impunidad y falta de solución de los homicidios de mujeres en esa ciudad la exponemos a la luz de la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. No obstante que dicha convención forma parte de otro sistema de protección, la invocamos como un instrumento facilitador para nuestra exposición", señaló.

Recordó que los crímenes se empezaron a monitorear y denunciar desde 1993, pero "el gobierno no adoptó las medidas apropiadas y oportunas para, por lo menos, prevenir y evitar su comisión, ya no se diga erradicarlos. En 1996, cuando el número de mujeres asesinadas ascendía a 33, el Congreso del estado se negó a crear una comisión especial para atender el caso con la urgencia adecuada. El gobierno local dilató la creación de la fiscalía especial para la investigación de los homicidios de mujeres, que se concretó hasta 1998, después de una movilización nacional".

Violencia verbal

La representante del Foro Nacional de Mujeres en Chihuahua sostuvo que para tratar de justificar su ineptitud, los procuradores de Justicia del estado, el anterior y el actual, han ejercido violencia verbal al definir que las víctimas se han buscado o propiciado su victimización por sus formas de divertirse, de ocupación o condición económica.

Campos manifestó al relator que la sociedad y las ONG no tienen confianza en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque ésta no es independiente ni autónoma del Ejecutivo local. "Sí tenemos confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió una recomendación en 1998, la cual no se ha cumplido satisfactoriamente, y por ello es necesario que ese organismo retome la investigación y coordine un grupo interdisciplinario".

Param Cumaraswamy preguntó por qué no se ha llevado el caso a instancias internacionales. Se le respondió que seguramente se llevarán algunos, pero los familiares de las víctimas han preferido primero agotar las instancias nacionales, sin dejar de reconocer que existe negligencia e impunidad. Lo que ha ocurrido, precisó Campos, es que el problema se politizó porque el propio gobernador Patricio Martínez, en su campaña electoral, prometió resolver este asunto pendiente.

En la reunión se trató además el tema de los grupos indígenas de la sierra Tarahumara, de los trabajadores agrícolas migrantes, la discriminación hacia las mujeres a las que empresas y el propio gobierno chihuahuense exigen un certificado médico de no gravidez para emplearlas, situación que viola la Ley Federal del Trabajo y los derechos humanos.

El relator sostuvo además encuentros con abogados, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Pablo Zapata Zubiate, y con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Oscar Francisco Yáñez. Con este último conversó sobre la situación de discriminación y racismo indígena, y mostró particular preocupación en el tema de los traductores y en la procuración de justicia.

Cuestionó por qué no se respetan los usos y costumbres de los indígenas al dictárseles sentencias, y especialmente preguntó sobre los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.

Después de escuchar la decena de intervenciones de organismos no gubernamentales, el relator de la ONU les manifestó que "la información proporcionada fue valiosísima, que esto lo ayuda a tener una visión más completa de lo que pasa en el país; les precisó que algunos aspectos no son de su competencia, pero los turnará a los comisionados correspondientes".

Al final, Dato' Param Cumaraswamy solicitó a los representantes de las diferentes organizaciones que en caso de ser sujetos de amenazas, presiones o intimidaciones por haber proporcionado información, lo comuniquen a la Organización de Naciones Unidas para brindarles protección.