Ť La reforma, un retroceso: Magdalena Gómez y diputados

Riesgo de turbulencia si obligan a estados a cambiar leyes indígenas

Ť Error, decir que no legislamos para dar gusto a nadie: Batres

Ť El priísta González Parás dice en foro que hubo avances

MARIA RIVERA

La ley indígena polarizó las opiniones de los participantes del foro organizado por La Jornada y Casa Lamm. La mayoría de los expositores sostuvo que la nueva legislación sobre derechos y cultura indígenas nació muerta, y que será necesario volver a discutir el texto de la Cocopa si es que se pretende encontrar soluciones de fondo al tema. En el otro extremo estuvo el senador priísta Natividad González Parás, quien defendió el texto aprobado. Consideró que esta reforma recoge el trabajo serio de muchos legisladores, quienes, haciendo "un verdadero ejercicio de conciencia", retomaron las peticiones de esos pueblos. En resumen, la calificó de un avance importante.

Para la abogada Magdalena Gómez, especialista en derecho indígena, lo que prevaleció en los legisladores fue una lógica estatista y tutelar, en la que se avizora un trasfondo de discriminación. Señaló que basta ver las prevenciones que rodean el punto del acceso de los pueblos nativos al uso y disfrute de sus tierras y territorios, para darse cuenta de las verdaderas objeciones del Congreso. "El reiterado señalamiento de que ellos legislaron para 100 millones de mexicanos, no sólo para los indígenas, entraña la visión de que al Estado corresponde seguirles dando las migajas de sus políticas públicas, antes que otorgarles la posibilidad de impulsar sus propios proyectos de desarrollo".

Se preguntó qué sentido tenía seguir sosteniendo que esta es una nación con una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, si se les da el trato de recién llegados, peticionarios de derechos que van a afectar a terceros. Por qué no se recuerda que la iniciativa de la Cocopa ya había llegado con sus propios candados pactados ?preguntó?; ahí no se hablaba de que tendrían derechos sobre los territorios que han habitado en el pasado, sino sobre los que ocupan actualmente.

El Congreso reconoce la libre determinación y la autonomía para los pueblos indígenas, aceptó, pero rodeó esos derechos de una enorme cerrajería. La más fuerte --"cual caja de seguridad"--, explicó, fue la de remitir a las legislaturas estatales su reconocimiento. Esto es particularmente peligroso, alertó, porque se sabe que dentro de los saldos que dejó el régimen priísta está el caciquismo, esas fuerzas locales que nunca han sido proclives a las causas de los pueblos indios. "No podemos entender cómo después de todas las movilizaciones realizadas por las organizaciones indígenas, una reforma constitucional los remita a abrir otra mesa de negociaciones en cada entidad, para ver qué quiere reconocerles cada legislatura".

Y cerró con una conclusión: "se reconocen derechos a los pueblos indígenas siempre y cuando no los ejerzan".

El coordinador de los diputados perredistas, Martí Batres, comenzó su intervención refutando el señalamiento del senador Diego Fernández de Cevallos --quien por cierto fue invitado a asistir al foro, pero rehusó participar--, en el sentido de que no se legisla para darle gusto a nadie. "Está en un error; legislamos para dar gusto a esta nación, para resolver sus problemas, si no, ¿para qué lo hacemos? --se preguntó. Precisamente el gran fracaso de esta reforma es que no resolvió absolutamente nada".

Recordó que fue el Congreso el que pidió a la Cocopa y al EZLN que se pusieran de acuerdo. "Ahora el Congreso le dice al gobierno, le diste demasiado al EZ, hay que quitarle; es como si un notario, en un contrato de compraventa, dijera a una de las partes, oye, por qué le vendes la casa tan barata, dásela más cara...". No se trataba de cualquier reforma, ni de lograr avances, aquí hubo una guerra, recordó, hubo un pacto, un acuerdo y una ley Cocopa. A los zapatistas, continuó, se les presentó una iniciativa y les pidieron que decidiera. Cuando finalmente dijeron que sí, les respondieron que siempre no. "Si se trataba de aprobar cualquier propuesta, mejor hubieran pasado la ley Zedillo, que en algunas cosas está mejor que ésta", ironizó. En la reforma aprobada, puntualizó, no está lo que pactaron los pueblos indios con el Estado. "Lo que ellos pelearon no fue que se les apapachara o que les otorgaran algunos programas asistenciales, sino formar parte del Estado en un marco de autonomía".

Dijo que los perredistas volvieron a presentar la ley Cocopa para su discusión, y que este acuerdo también fue firmado por el senador Jesús Ortega, coordinador de ese partido en el Senado.

Aquiles López Sosa, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Oaxaca, afirmó que rechazan la reforma constitucional en materia indígena por no responder a las aspiraciones de los diferentes grupos étnicos. Explicó que al considerar a las comunidades indias como entidades de interés público, y no de derecho público, como originalmente se había propuesto, prácticamente toda la ley carece de sentido. "Todo derecho que no es susceptible de aplicarse y ser defendido por su titular, sólo es una formulación declarativa que no tiene eficiencia práctica. Al negarles la categoría de entidades de derecho público no sólo se les está limitando, sino imposibilitando su capacidad de ejercer sus garantías, lo que evidencia una posición asistencialista y discriminatoria", afirmó.

En la intervención del legislador oaxaqueño apareció la sombra de los movimientos armados que han surgido en su entidad. Indicó que la reforma no sólo es un cuerpo legal inoperante, sino que obliga a las entidades que tenían una avanzada legislación indígena, como es el caso de Oaxaca, a derogar sus leyes para ajustarse a las disposiciones constitucionales federales, retrocediendo en lo alcanzado. "Pedimos que no obliguen a estados de la República a contrarreformas, porque pueden provocar condiciones de turbulencia e inconformidad. Llamamos a que no estropeen las posibilidades de tranquilidad social".

Finalmente, anunció que visitarán los congresos estatales para tratar de impedir que se concrete la reforma constitucional en materia de derechos indígenas.

Enrique Ku, dirigente del Consejo Indígena Mexicano, dijo: "habíamos considerado que el pasado 25 de abril (fecha de la reforma constitucional) sería el día del rencuentro de todos los mexicanos, pero no fue así. El dictamen y los argumentos que se han esgrimido después para justificar su contenido nos dieron la posibilidad de apreciar la limitada visión que los legisladores tienen del problema indígena. Expresaron el rostro de un Congreso conservador y reaccionario. Tenemos claro que el camino de la ley para conseguir la igualdad, la democracia y la justicia social para los indígenas ha quedado interrumpido".

Los pueblos indios estarán de nuevo como hace siglos

Aseguró que una vez que se aprueben las reformas en todas las entidades, los pueblos indígenas estarán, como hace siglos, en estado de indefensión, sin instrumentos jurídicos y sin la posibilidad de construir mecanismos adecuados para defenderse de la violación a sus derechos por parte de autoridades y de los particulares. "Esta ley nació muerta", concluyó el dirigente indígena.

Pero hay quien le ve viabilidad a las reformas. Por ejemplo, el senador Natividad González, uno de los que la aprobaron. "Sí representa un avance importante en el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas. Se tomó en cuenta la propuesta del Presidente, pero se presentó un nuevo proyecto, que en opinión de algunos legisladores fue más allá de los puntos de los acuerdos de San Andrés. Todos los aspectos que se refieren a los derechos de los indígenas están básicamente en un artículo constitucional: el segundo, pero en esta reforma se incluyó algo de vital importancia en la vida política del país, el reconocimiento de las diferencias; en el artículo mencionado se establece el rechazo a cualquier forma de discriminación, por razones de origen étnico, edad, género, nacionalidad y condición social".