ISLA CANELA
Jaime Avilés
Fox ante los desaparecidos
El Ejecutivo debe promulgar la ley que juzgará a sus antecesores
Un testimonio sobre los horrores de la Brigada Blanca en Sinaloa
Desafortunadas declaraciones de Rodolfo Elizondo
sobre Chiapas
1. UN TEMA RECURRENTE
Tras el hallazgo de una tumba clandestina en Atoyac de Alvarez, Guerrero, y las declaraciones del escritor regiomontano Ramón Azpiri Pavón, publicadas en esta página el sábado pasado, sobre el supuesto asesinato del joven Jesús Piedra Ibarra cerca de un rancho, en Monterrey, el tema de los desaparecidos políticos ha vuelto a formar parte del orden del día.
Ayer salió a la luz, por ejemplo, que hace 10 años la Procuraduría General de la República, entonces bajo el mando de Ignacio Morales Lechuga, sepultó una denuncia relacionada con la desaparición de 60 militantes políticos en Guerrero, en la cual se señalaba como presuntos responsables a los generales del Ejército Mexicano Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, hoy por hoy presos por delitos de narcotráfico.
Por su parte, al calificar de "completamente falso" el testimonio de Azpiri Pavón, doña Rosario Ibarra de Piedra anunció anteayer en La Jornada, que cinco ex presidentes de México --desde Luis Echeverría hasta Ernesto Zedillo-- serán denunciados ante la Procuraduría General de la República por la desaparición de cuando menos 474 personas en los últimos 27 años. Falta, para que ello suceda, agregó, que el presidente Vicente Fox expida, y el Diario Oficial publique la Ley Federal contra la Desaparición Forzada de Personas, que aprobaron meses atrás las dos cámaras del Poder Legislativo.
Este nuevo instrumento jurídico, dijo doña Rosario, incorporará a la Constitución una figura delictiva que no sólo no existe en México --tal como ayer, también en este periódico, lo asentó el poeta y novelista Carlos Montemayor--, sino que, en palabras de la señora Ibarra, tampoco existe en el mundo. Pero una vez que sea integrada al Código Penal Federal abrirá una puerta que mantiene en la oscuridad uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia reciente.
2. DOS ENFOQUES
Muchos misterios deberán ser esclarecidos al respecto. Eureka, la organización que preside Rosario Ibarra, asegura que durante el sexenio de Luis Echeverría desaparecieron "más de 300" militantes políticos, entre ellos Jesús Piedra Ibarra. En el periodo de José López Portillo fueron "cerca de 100"; más tarde, en el gobierno de Miguel de la Madrid se registraron 57 casos; en el de Carlos Salinas de Gortari la cifra ascendió a 12 y, por último, con Zedillo, cinco.
De acuerdo con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), "en los últimos 35 años se han registrado más de mil 300 casos de desapariciones forzadas". En el desglose de esta suma que hizo Carlos Montemayor (en La Jornada del pasado viernes 18 de mayo), Afadem "registró en el estado de Guerrero más de 650 casos; en el municipio de Atoyac de Alvarez, 450; en Chihuahua, 194, y 100 en Sinaloa".
No dejan de ser notables las diferencias de enfoque que hay entre Eureka y Afadem. La segunda agrupación trabaja por entidades federativas, concretándose a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Guerrero (donde la represión contra las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas fue abrumadora, como el propio Montemayor describió en su novela Guerra en el paraíso, que hace años presentamos varios artesanos de la pluma en el Museo Casa del Guerrillero).
Eureka, a su vez, divide su análisis por periodos presidenciales y abarca todos los estados del país, con particular énfasis en Nuevo León, Jalisco, Distrito Federal, estado de México y Chiapas. Afadem reclama a los desaparecidos políticos a partir de 1966. Eureka inauguró sus archivos con expedientes que datan de los años 70, y doña Rosario Ibarra, su principal y legendaria animadora, fue también la mayor promotora de la citada Ley Federal contra la Desaparición Forzada de Personas.
3. DE LA TORTURA EN SINALOA
Entre las muchas tareas que el presidente Fox debe emprender para encauzar a buen puerto la esperada "transición" a un nuevo régimen de gobierno, está sin duda la de expedir, una vez que la aprueben todos los congresos estatales, esta ley que, al menos teóricamente, permitirá a la sociedad sentar en el banquillo de los acusados a todos los ex presidentes vivos, de Echeverría a López Portillo, como arriba se explicó.
Gracias a ello deberán comparecer, asimismo, ex secretarios y subsecretarios de Gobernación, ex procuradores de "justicia" y ex funcionarios, civiles y militares implicados en la guerra sucia, que no se limitó a los años 70, y que se reintensificó en el curso de la década pasada. Pero antes de continuar sobre esto, quiero introducir aquí los fragmentos centrales de la carta que a media semana envió un lector al buzón electrónico de esta isla, pidiendo el anonimato:
"Sinaloa fue uno de los estados en los que la Liga (Comunista 23 de Septiembre) tuvo muchos militantes, principalmente estudiantes, pero también algunos obreros de la construcción, ferrocarrileros y peones agrícolas. En Culiacán se llevó a cabo una de las acciones quizá un poco "salidas", pero no menos importantes para esa organización, como lo fue aquel famoso intento de insurrección armada del 16 de enero de 1974, iniciado en la Escuela de Agricultura de la UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa). Fue también escenario de una de las más grandes e implacables cacerías de militantes de la Liga, llevada a cabo por la Brigada Blanca, que condujo (sic) a muchos jóvenes asesinados y desaparecidos.
"Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a un viejo ex soldado retirado (de tropa, no oficial) del Ejército Mexicano, quien estuvo como guacho en la segunda mitad de los 70 en el cuartel de la zona militar de Culiacán. Con muchos detalles me contó lo que vio en esos años acerca de lo que hacían en Culiacán los elementos de la Brigada Blanca, que operaron teniendo como base al mencionado cuartel.
"Me habló de un cuarto, ubicado junto a las caballerizas, en donde tenían a todos los que "levantaban" casi a diario. Allí mismo, en las pilas donde bebían agua los caballos, los torturaban. En ese cuarto no entraba nadie más que los militares en ropas de civil llegados del DF. Me cuenta que lo único que se escuchaba de adentro eran los quejidos de los torturados, casi muertos en vida.
"Pero lo que más me impresionó es que en una ocasión él fue testigo cuando un capitán (ahora un alto oficial destacamentado en la base militar de El Ciprés, en Ensenada) dio órdenes de sacar a cinco jóvenes de los detenidos. Quienes fueron arrojados en una camioneta de redilas de doble rodada, y junto a ellos subieron unos garrafones grandes con gasolina. Se fueron con rumbo al cerro de microondas en Culiacán, de noche, y al llegar allá, los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Allí permanecieron hasta que se quedaron completamente en cenizas. Me cuenta que todos estaban vivos antes de quemarlos, pero casi inconscientes por el trato al que habían sido sometidos.
"De muchos más me dice que fueron trasladados en helicópteros directo a la ciudad de México.
"Desgraciadamente, y por razones obvias, esto no lo puedo decir públicamente, pero al leer su columna lo menos que pude hacer es contárselo a usted; quizá no sirva de nada, pero creo que algo se tiene que hacer para buscar el castigo de los responsables de tanta crueldad, pues de todo aquello nadie quiere saber nada, salvo las madres, los familiares y algunos amigos de las víctimas de entonces".
4. UNA LEY A LA MEDIDA
Denuncias como la anterior deben multiplicarse en el marco de una campaña de cartas dirigidas al presidente Fox para que apresure, cuanto antes, los trámites que faltan para la promulgación de la Ley Federal contra la Desaparición Forzada de Personas. Esta fue aprobada por el Congreso de la Unión a la exacta medida de las peticiones y necesidades de los grupos sociales que la promovieron. Sin embargo, todavía es letra muerta, mientras no cobre vigencia constitucional y eficacia jurídica, pero podría seguir siéndolo si, aun después, no obtiene el respaldo irrestricto y resuelto de la sociedad, para que las nuevas autoridades del país la apliquen y hagan valer en atención a las quejas que los interesados presenten.
Vamos a observar, pues, qué sucede cuando el Poder Legislativo satisface a plenitud las exigencias que los ciudadanos formulan a través de los partidos. Es, en otras palabras, el caso opuesto de la reforma "indígena" que el pasado 30 de abril el Congreso de la Unión convirtió en la desastrosa ley Zedillo-Fox que traicionó las demandas de los pueblos indios y los anhelos que agitó la marcha del EZLN para incorporar el verdadero espíritu de los acuerdos de San Andrés a la Constitución Mexicana.
Al respecto, en unas desafortunadas declaraciones publicadas también ayer en este diario, el ex senador Rodolfo Elizondo, el otro encargado presidencial para el tema de Chiapas, afirmó que el gobierno federal "incluirá el contenido de los acuerdos de San Andrés en la iniciativa de ley reglamentaria que elaboran el comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Alvarez, y la Secretaría de Gobernación".
Elizondo parece olvidar que una ley reglamentaria, como su nombre lo indica, está subordinada a la ley que reglamenta, y si ésta niega que los pueblos indios sean reconocidos como sujetos de derecho público, aquélla no se los podrá otorgar. Por lo tanto, el paliativo no funciona, y la única salida política a este problema consiste en que Fox vete la reforma constitucional aprobada por PAN, PRI y PRD y la devuelva al Congreso.
Pero si no lo hace, y por el contrario, con las mismas facultades veta, o simplemente no ordena que el Diario Oficial publique la ley contra las desapariciones forzadas, los otrora entusiastas partidarios del "voto útil" a favor del "cambio" volverán a darse de topes contra la pared.
5. BASAVE SE VA, JESUSA SE QUEDA
El no tan famoso Grupo Renacimiento, formado por algunos "disidentes" del PRI, sufrirá un revés en los próximos días, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores anuncie la designación de Agustín Basave como embajador de México en Irlanda... A petición del público, y a partir de esta noche, seguirá algunas semanas más en El Hábito la comedia de Jesusa Rodríguez, Misa en Los Pinos, que tiene como protagonistas centrales a la vocera del Presidente, Martha Sahagún, y al canciller Jorge Castañeda... Con la compra de Banamex por Citigroup, ¿los mexicanos continuaremos pagando tributo, vía Fobaproa, para "mantener con vida" al banco más poderoso del planeta?... Mañana, mal que le pese a Julio Hernández, el Pachuca se coronará campeón del futbol mexicano.