VIERNES Ť 18 Ť MAYO Ť 2001

Ť Se reunió con funcionarios del INI y representantes del CNI

Percibe Cumaraswamy racismo judicial contra etnias

VICTOR BALLINAS Y JESUS ARANDA

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Dato'Param Cumaraswamy, se reunió ayer con organizaciones no gubernamentales y con una comisión del Congreso Nacional Indígena (CNI), con quienes comió. Ahí de manera insistente preguntó: "ƑPerciben actitudes racistas y de discriminación en la justicia hacia los indígenas?" Mostró interés en saber si hay intérpretes en los juzgados para atenderlos y quiso saber sobre la demanda indígena de territorio.

Más tarde se entrevistó con el director del Instituto Nacional Indigenista (INI), Marcos Matías Alonso, a quien le insistió: "percibo que hay un trato desigual, discriminación y racismo hacia los indígenas", y quiso saber si estaba en lo cierto. El funcionario respondió: "Es cierto, hay racismo y discriminación en la justicia hacia los indígenas, sus defensores e intérpretes".

Con el director del INI, Cumaraswamy mostró interés en conversar sobre las condiciones de marginación en que viven los pueblos indígenas, que son los habitantes de mayor rezago en el país, los que viven en la miseria extrema, y a los que se les explota y se les quita lo que poseen.

Francisco López Bárcenas, director de Procuración de Justicia del INI, dijo que el relator mostró especial interés por saber cómo se resuelve en el instituto facilitar el entendimiento de las lenguas indígenas en los juicios y casos penales y civiles.

Se le explicó, dijo López Bárcenas, que se cuenta con intérpretes, pero "muy pocos; sólo hay en Campeche, el Distrito Federal, Oaxaca y el estado de México, y de las 62 lenguas que hablan las etnias, apenas se tienen intérpretes en 10".

Además se le explicó que en los estados de Oaxaca y Quintana Roo las leyes indígenas son más avanzadas; por ejemplo, la de Oaxaca contiene un apartado para la justicia indígena, y en Quintana Roo se cuenta con un tribunal para las etnias.

Cumaraswamy expresó preocupación, según señalaron el director general y el director de Procuración de Justicia del INI, porque el acceso a la justicia es desigual, porque a los pueblos indígenas se les discrimina, y porque hay huellas de racismo y discriminación por parte de los jueces, magistrados y tribunales.

Los funcionarios le explicaron que "en los juicios y en la aplicación de la ley, no se toma en cuenta la diferencia cultural, ni se respeta, como lo establece el artículo 4o. constitucional, su condición de indígena y diferente".

El relator preguntó si son necesarias modificaciones jurídicas para garantizar la aplicación de la ley, y la obligatoriedad de que jueces y magistrados conozcan las especificidades de los indígenas.

Más tarde, en su reunión con ONG y miembros del CNI, el relator se inclinó por conocer cómo funciona la justicia hacia los indígenas. En la conversación los integrantes del CNI manifestaron que consideran que sus sistemas normativos no están reconocidos, puesto que la ley recién aprobada por el Congreso de la Unión no reconoció su territorio. "Estamos relegados. La ley Cocopa, a través de una convalidación, daba reconocimiento a las autoridades tradicionales con el sistema jurídico nacional, y lo colocaba en un plano de igualdad."

Los representantes del CNI José Cruz, Juan Dionisio Peña y Eugenio Bermejillo fueron nombrados en asamblea para asistir a la reunión con el relator. Incluso, Juan Dionisio se hizo acompañar de Mario Flores, de bienes comunales, quien expuso las irregularidades judiciales que padecen los indígenas en los litigios para hacer respetar sus recursos naturales.

Se sorprendió el relator de los índices de marginación de los indígenas, del analfabetismo y de su miseria. Y preguntó sobre la demanda indígena de territorio. Se le explicó que ahora en la ley ni siquiera se le menciona.

Por la mañana, el relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados manifestó su preocupación por la diferencia que hay en el grado de organización y recursos entre los poderes judiciales federal y de los estados.

Sin embargo, el funcionario de Naciones Unidas dijo que se formará una idea más acabada de la situación de la justicia local y de los defensores públicos del fuero común en la visita que realizará en estos días a Chihuahua y Nayarit.

Lo anterior, después de entrevistarse con el director del Instituto de Defensoría Pública, magistrado César Esquinca Mu-ñoz, quien cuestionó que al funcionario de la ONU "no le queda muy claro" el sistema judicial mexicano de doble competencia (federal y local), además de que le explicó la diferencia en condiciones laborales y económicas que existe entre los defensores públicos federales y estatales.

Esquinca destacó en entrevista posterior al encuentro con el funcionario de Naciones Unidas que mientras los 467 defensores públicos federales ganan un promedio de 30 mil pesos mensuales y tienen la obligación de dedicarse exclusivamente a su labor, sus contrapartes en el fuero local perciben entre 3 mil y 9 mil pesos mensuales, dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

-ƑConsidera usted que viene el relator a analizar a priori un sistema judicial que no conoce?

-Lo que pasa es que el sistema (mexicano) no es muy sencillo...., por ejemplo, el señor relator insistía mucho en que si un defensor no actúa como servidor público podría promover un amparo en el caso de un sentenciado por un tribunal estatal. Y bueno, viene la confusión de que sea una ley federal, como la Ley de Amparo, y se piensa que entonces el defensor tiene que promover ese juicio de amparo.