JUEVES Ť 17 Ť MAYO Ť 2001

Ť Recopila datos de amenazas contra jueces, abogados, ministros y agentes del MP

La justicia mexicana no responde a lo que demanda la sociedad, afirma Param

Ť Quizá la situación no sea tan grave como en Guatemala, dice el relator de la ONU

VICTOR BALLINAS

En México se han registrado casos serios de amenazas a jueces, litigantes, ministros y agentes del Ministerio Público, "quizá la situación aquí no sea tan grave como en otros países, (por ejemplo) Guatemala", aseveró ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy.

En conferencia de prensa en el IIJ, dijo que su visita al país obedece, en parte, a investigar esos casos, además de revisar el sistema de administración y procuración de justicia, y destacó que "no sólo los países subdesarrollados tienen problemas de amenazas a los funcionarios del Poder Judicial, también hay casos en Bélgica e incluso en Inglaterra".

Antes, Param Cumaraswamy se entrevistó con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y al finalizar el encuentro dijo en entrevista que está de visita de trabajo en México porque el sistema judicial "no estaba respondiendo a las aspiraciones del pueblo, y eso es precisamente lo que estoy tratando de encontrar, y quizá la semana próxima me pueda formar algunas conclusiones previas". Explicó que aunque se ha reunido con funcionarios del gobierno y con organizaciones no gubernamentales (ONG), aún "está abierto a otras opiniones o puntos de vista".

La visita de Param ayudará a México a superar problemas: Soberanes

José Luis Soberanes resaltó que en la reunión con Param Cumaraswamy conversó de problemas en la justicia mexicana, que él ya conoce, como la corrupción y la impunidad. "También le referí casos de violación a los derechos humanos y el tránsito que está ocurriendo en nuestro país, pues una sociedad más democrática implica un respeto mayor a los derechos humanos. No podemos avanzar sólo en democracia y dejar el tema de derechos humanos rezagado".

Destacó que la visita del relator especial de la ONU ayuda al país a avanzar en la solución de sus problemas. "En un mundo globalizado, la visita de ninguna manera puede verse como intromisión", destacó.

Después de la reunión con el ombudsman, Param Cumaraswamy comió con representantes de varias ONG, como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional-sección México, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos y Cultura Indígena, Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

En esa reunión señaló que ha "recibido bastante información tanto del gobierno como de las ONG, y las posiciones son encontradas, tengo dos visiones del problema de justicia".

Esta situación, explicaron varios de los asistentes consultados, se da porque "el gobierno dice una cosa muy distinta de lo que hace. Por ejemplo, el relator habló de un caso que le expuso Acción de los Cristianos contra la Tortura, y al preguntar al procurador militar sobre el mismo asunto éste le dio una versión distinta".

Señalaron que las ONG le explicaron al relator que "el gobierno se defiende, pero si fuera cierto lo que dice, no tendríamos que recurrir a las instancias y organismos internacionales".

Param Cumaraswamy les preguntó: "Ƒven ustedes cambios en la procuración y administración de justicia?". La respuesta de las ONG fue: "no, no hay cambio. Quizá hay voluntad, pero no hechos".

Durante la comida, de acuerdo con la versión de los asistentes, se expusieron varios temas sobre los que el relator mostró interés, "y pidió que le enviaran informes".

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comentó que le dijeron al relator: "no vemos posibilidades de cambios reales en el sistema de justicia. Le expusimos que el titular de la PGR, general Rafael Macedo de la Concha, no cumplió las recomendaciones de organismos internacionales ni las de la CNDH cuando era procurador militar, y ahora es el abogado de la nación".

Agregó que el relator insistió en que el amparo no agiliza la justicia y manifestó preocupación por los procedimientos que se siguen en esa materia, así como en materia civil, penal y agraria, y dijo que se deben buscar mecanismos que los hagan ágiles y eficientes.

El relator preguntó "qué otros estados podría haber visitado en donde hay severas violaciones de derechos humanos y problemas con el sistema de justicia", y le dijimos que no entendíamos por qué la cancillería le agendó Nayarit, cuando estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla tienen mayores problemas".

También escuchó el caso de las mujeres asesinadas, violadas y torturadas en Ciudad Juárez. Le explicaron que no se ha ganado ningún juicio de controversia contra leyes que violan la Constitución, y que la independencia del Poder Judicial está en entredicho cuando aprueba que el Ejército realice labores de seguridad pública que no le corresponden.

Del caso Ciudad Juárez -le entregarán un amplio informe cuando visite Chihuahua- le dijeron que la situación que se vive en esa frontera "representa una de las muestras más crudas de la ineficacia de la administración de justicia en el país. Desde 1993 a la fecha, más de 200 mujeres han sido raptadas, violadas y asesinadas con violencia brutal, sin que las autoridades hayan podido esclarecer los hechos".

En el informe previo que le entregaron ayer se destaca que la mayoría de las mujeres asesinadas tenían de 15 a 25 años de edad y casi todas eran trabajadoras migrantes de la industria maquiladora". Se explica que el móvil ha pasado por varios escenarios, "desde el tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la prostitución. Sin embargo, a pesar de haber creado una fiscalía especial para los crímenes de mujeres -que de 1996 a 98 ha tenido cinco fiscales-, ni la sociedad ni la autoridad tienen una respuesta clara".

También le dijeron que tanto las autoridades del PAN como las del PRI "justifican esos crímenes por el tamaño de la falda de las víctimas, porque salen solas de noche, acuden a bailar o caminan por lugares oscuros, es decir, porque su actitud no corresponde con los estándares morales y eso justifica los crímenes".

Las ONG solicitaron al relator que solicite al gobierno que ponga fin a la impunidad y a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, que se investiguen a fondo los crímenes y se castigue a todos los culpables, y señalaron que sería muy útil crear un grupo con expertos nacionales e internacionales, ONG y el gobierno para estudiar los expedientes.