JUEVES Ť 17 Ť MAYO Ť 2001

Ť Cuatro organismos piden movilizarse para que se apruebe la iniciativa de Cocopa

Convocan a frenar la ley Barlett-Fernández de Cevallos

ROSA ROJAS

La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), el Consejo de la Nacionalidad Otomí (CNO) y la Alianza de Pueblos Indígenas y Comunidades del Anáhuac (APICA) manifestaron su rechazo tajante a la ley Bartlett-Fernández de Cevallos, y llamaron a indígenas y no indígenas a realizar movilizaciones a nivel nacional para frenar esa reforma, que calificaron de "inconstitucional", y lograr la aprobación de la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa.

En sendos pronunciamientos, las cuatro organizaciones exigen el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y señalan que la iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión desconoce los derechos fundamentales de los pueblos indios, viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y pretende establecer derechos por debajo de los que consigna dicho instrumento.

La ley indígena aprobada, subraya la APICA, "significa un fraude parlamentario, toda vez que el Congreso de la Unión faltó a su obligación constitucional y no legisló de acuerdo a la voluntad del pueblo". Sostiene que dicha legislación "significa que el Estado mexicano no quiere la paz en Chiapas y, por el contrario, apuesta a nuevos estallidos de violencia en diversas regiones del país".

Considera que (la ley) es "inconstitucional porque viola y entra en contradicción con el orden legal vigente al desconocer los pactos y convenios internacionales que México ha suscrito y que tienen rango de ley suprema. Por lo tanto, no dudaremos en acudir, con la personalidad jurídica que todavía nos reconoce el artículo 27 de la Constitución, al juicio de amparo y a las instancias internacionales".

Esta organización llama "a todos los pueblos indígenas a seguir y profundizar en el ejercicio de nuestra autonomía, dando reconocimiento efectivo en nuestros territorios a los acuerdos de San Andrés, que representan la constitución nacional indígena ya aprobada por el pueblo de México".

En tanto, el CIPO-RFM sostiene que "la idea del foxismo es evidente, cercar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a todo el movimiento indígena, quitándole para ello una de sus banderas, la exigencia del reconocimiento constitucional de los derechos de nuestros pueblos, donde su mejor arma es la de aprobar una iniciativa de ley que no reconoce los derechos fundamentales de nuestros pueblos; nos niega el derecho a ser sujetos de derecho público, con la ofensiva actitud de querer reducirnos a ghettos o reservas... con la conversión que nos hace la designación de 'entidades de interés público' o que nuestra autonomía se limita al ámbito municipal".

Señala que eso se evidencia en que "se ponen obstáculos para la reconstitución de nuestros pueblos a partir de que se delega a los estados la definición de las características de la autonomía y sus instrumentos, anulando nuestro derecho a la libre determinación".

Además, "se borra de toda redacción la forma en que se garantizará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos y niveles, y se niega toda posibilidad real de la remunicipalización y redistritación donde los indígenas podamos participar políticamente", y menos reconoce las tierras y territorios indígenas de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

El CIPO-RFM critica los problemas de comunicación que ha habido entre algunas organizaciones con el EZLN, y plantea que el Congreso Nacional Indígena, "dado su carácter de lugar sólo de encuentro y reflexión", "tiene limitantes para convocar a la lucha por el rechazo a la iniciativa de ley aprobada por el Senado y los diputados". Propone que se convoque "al establecimiento de una instancia de coordinación de organizaciones, pueblos y demás que sean capaces de impedir que la iniciativa de ley se convierta, así como está, en ley".

Para tal efecto, agrega, "en tanto se logra establecer esta instancia, se deben desarrollar iniciativas internacionales, nacionales y estatales para rechazar la iniciativa aprobada e impulsar acciones de repudio activo a los diputados y senadores del PRI y el PAN que aprobaron la ley, con diversas acciones en cada lugar en que se paren, de tal forma que empiece a influir en el ánimo de los legisladores de los estados para cuando quieran aprobar la iniciativa de ley a nivel estatal".

El CIPO-RFM propone también comenzar jornadas nacionales de movilización en cada uno de los estados que sean capaces de lograr el rechazo a la iniciativa de ley en los congresos estatales.

Por su parte, la CNMI afirma que "escuchamos los argumentos de algunos legisladores, aduciendo que nos han cedido muchos derechos a las mujeres indígenas; el reconocimiento de nosotras en la ley aprobada representa una trayectoria de lucha de nuestras abuelas y de quienes en estos momentos continuamos enarbolando las viejas demandas de las mujeres y los pueblos indígenas. Aun con la inclusión de las mujeres indígenas en la ley aprobada, ésta es insuficiente porque Ƒen dónde se concretan esos derechos que reclamamos cuando se los han negado a nuestros pueblos?"

"Los legisladores criticaron y se opusieron a los usos y costumbres, refiriendo el trato que a través de éstos se da a las mujeres indígenas, pero su posición no es válida con la derogación de la reforma del artículo cuarto constitucional que reconocía nuestras organizaciones sociales, nuestros idiomas y culturas, el respeto a nuestros recursos, que tenía relación con la fracción VII del artículo 27 constitucional.

"El Senado de la República modificó negativamente los puntos esenciales de la iniciativa de la Cocopa que satisfacían en principio las demandas indígenas... Por lo anterior, proponemos que la ley aprobada por el Congreso de la Unión sea revisada (y) que queden claros cada uno de los términos que implicaron confusión en la discusión de la propuesta de ley de la Cocopa, como territorio, autonomía, libre determinación".

A su vez, el CNO plantea que la iniciativa aprobada, "en contravención al formato de diálogo establecido entre el gobierno federal y el EZLN, pretende zanjar la cuestión agraria en los términos de lo que dispone el artículo 27 constitucional, sin considerar la gran oposición de nuestros pueblos a la reforma de dicho artículo y olvidando que el tema agrario deberá ser discutido en la mesa de diálogo relativa al tema de bienestar y desarrollo".

Convoca a pueblos, comunidades y organizaciones indígenas a "organizar en todos los rincones de la patria la movilización y la resistencia frente a la nueva burla de los pocos que detentan el poder en este país y que han secuestrado al Congreso de la Unión y la voluntad de la nación" al aprobar la ley Bartlett-Fernández de Cevallos.