JUEVES Ť 17 Ť MAYO Ť 2001
Ť Sus propietarios sobornaron a funcionarios de la SG
Han proliferado ilegalmente en el país centros de apuestas y juegos de azar
ALONSO URRUTIA
En el país han proliferado de manera ilegal centros de apuestas y juegos -denominados bingos o books-, cuyos propietarios sobornaban al personal de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. Su titular, José Guadalupe Vargas Barrera, denunció que a él en lo personal le habían ofrecido un soborno de un millón de pesos al mes por parte de quienes dirigen estos negocios, cifra que ''mejoraba la cuota'' ofrecida a sus antecesores.
Vargas Barrera -quien hizo públicas las amenazas que ha recibido a causa de las nuevas políticas aplicadas- fue más allá y señaló que en prácticamente todos los municipios del país opera este tipo de establecimientos de apuestas, aunque destacó como zonas principales a Monterrey, Guadalajara, la ciudad de México, Guanajuato y Mérida.
En el marco de la presentación del Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, se dieron a conocer diversos casos de corrupción e irregularidades.
Por lo que hace al Instituto Nacional de Migración (INM), encabezado por Felipe de Jesús Preciado, se han detectado áreas muy susceptibles a la corrupción e incluso vinculación de personal con bandas de traficantes de personas y extorsión de los agentes a los migrantes.
Las denuncias no se limitaron a la corrupción, sino también a la ineficiencia y al dispendio del gasto interno. En ese contexto, la coordinadora administrativa de la Oficialía Mayor, Karina Garza, dijo que la aplicación de nuevas políticas permitió abatir 50 por ciento el gasto en unidades administrativas, 70 por ciento en pago de teléfonos celulares y 38 por ciento en comidas de representación.
La denuncia que más llamó la atención fue presentada por la Dirección de Juegos y Sorteos. De entrada, Vargas Barrera mencionó el hecho de que el área prácticamente no tenía ninguna referencia de la historia reciente ni estadísticas de su funcionamiento. ''Tampoco existía un programa operativo y había un tortuguismo asfixiante que provocaba reacciones negativas con los permisionarios y motivaba la práctica de dádivas forzadas para agilizar trámites''.
Destacó que las principales irregularidades se encontraron en el área de interventoría, pues había conductas sospechosas. ''La verdad salió a flote cuando personalmente empecé a recibir propuestas directas de soborno, por parte de algunas personas que dirigen el juego ilegal en el país, quienes me aseguraban que me estaban mejorando la cuota de protección a negocios, que mensualmente entregaban a algunos de mis antecesores''. La oferta fue de un millón de pesos mensual, precisaría después el funcionario.
Ello condujo al despido de 27 interventores, quienes confesaron que ellos sólo cumplían órdenes para cobrar las cuotas impuestas por protección de diversos personajes que controlan el juego ilegal en el país. Explicó que se clausuraron algunos negocios de juego ilegal en diversas ciudades del país, pero destacadamente en Monterrey y Mérida.
''El juego ilegal cimbra y corrompe las estructuras policiacas y algunas que no lo son''. Recientemente -refirió-, el director de la policía de Guadalajara pidió a la Procuraduría General de la República investigar a su personal, pues sospechaba de vínculos con la protección de casas de juego.
Más adelante, Vargas denunció la actuación de algunos funcionarios anteriores, quienes otorgaron permisos con vigencia de hasta 25 años a partir de su expedición, hace seis o siete años, en condiciones que habrán de revisarse. Así operan 16 empresas que controlan este tipo de centros de juego, y un solo propietario opera la mitad de los centros de juegos de apuesta.
Posteriormente, en entrevista, dijo que el otorgamiento de estos permisos ha facilitado su operación. ''Nosotros ignoramos cuáles fueron las circunstancias que rodearon esta expedición de permisos. A lo mejor fueron circunstancias de carácter político''.
El funcionario declinó proporcionar nombres de los propietarios, limitándose a señalar que ya se promovieron dos denuncias ante la PGR, una de ellas en contra de un centro que operaba en la ciudad de Monterrey.
Por la noche, la Secretaría de Gobernación precisó que más allá de que se está revisando la forma como se otorgaron los permisos, en la actualidad hay 16 empresas que operan legalmente con base en esos permisos expedidos. Entre ellas destacan: Hipódromo de Agua Caliente; Operadora de Espectáculos Deportivos; Libros Foráneos; Operadora de Apuestas Agua Caliente; Espectáculos Latinoamericanos, e Impulsora Géminis, entre otras.
Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado, sostuvo que del total de conductas posibles de corrupción identificadas en esta área, 63.2 por ciento está relacionada con funcionarios y el resto con la deficiencia de procedimientos y controles.
Explicó que, tan sólo en abril, se abrieron 225 expedientes de quejas contra el personal y se ha sancionado a 31 servidores públicos, de los cuales seis fueron destituidos de su cargo y el resto ha tenido suspensiones temporales o amonestaciones.
A su vez, el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, Francisco Javier Becerra, dijo que los cambios introducidos en el esquema de adquisiciones permitió a la dependencia el ahorro de 8 millones de pesos.