Ť Ello genera preocupación en el ámbito internacional, señala Cumaraswamy

La impunidad registra en México niveles de 95 a 98 por ciento, afirma relator de la ONU

Ť Existe poca credibilidad en la justicia, afirma ante funcionarios del gobierno foxista

Ť ¿Qué está haciendo la autoridad para reducir la creciente inseguridad?, les pregunta

Existe preocupación en el ámbito internacional, y en especial en la Organización de Naciones Unidas, ''por el alto índice de impunidad que se registra en México, que alcanza niveles de entre 95 y 98 por ciento'', aseveró ayer el relator especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Dato' Param Cumaraswamy.

El relator -que se encuentra en misión de trabajo en México- señaló lo anterior a funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Comisión Nacional de Derechos Humanos e Instituto Nacional Indigenista, con quienes sostuvo una reunión intersecretarial en la que preguntó: ''¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para reducir 98 por ciento de impunidad que tiene y la creciente inseguridad?''

Durante su primera reunión de trabajo, el relator especial formuló a los funcionarios del gabinete de Orden y Respeto del presidente Vicente Fox preguntas ''muy específicas" sobre la justicia en el país: ''El gobierno mexicano ha signado varios instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos. ¿Qué ajustes ha hecho en sus leyes? ¿Cómo resuelve los conflictos que surgen entre competencias civiles y militares? ¿Se ha perdido la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Qué hace para recobrarla? ¿Qué estudios ha hecho para conocer el grado de impunidad y combatirla?''

Sería importante --dijo el funcionario de la ONU-- que México contara con un diagnóstico de la situación real de justicia e impunidad para tomar acciones y decisiones. Enseguida, hizo otra interrogante: ''¿Cómo van a recibir mi informe sobre la justicia en México?''

Sorpresa de funcionarios mexicanos

Y remató sus dudas sobre el sistema mexicano de administración y procuración de justicia: ''Quizá el tema más importante que México tiene pendiente de atender y resolver es el de la justicia: hay elevada impunidad y poca credibilidad'' en ella.

Entre los asistentes a la reunión intersecretarial sorprendieron las cifras sobre impunidad que señaló el relator, y de acuerdo con versiones de varios de ellos por su mente cruzó el estudio del investigador Rafael Ruiz Harrel, porque en esa investigación nacional se citan tales porcentajes.

Los funcionarios gubernamentales señalaron al relator que ''nadie puede saber con exactitud cuál es la cifra o el porcentaje de impunidad en el país. Es un hecho que hay impunidad, pero nadie conoce los niveles de ésta. Nadie sabe los crímenes que no se reportan''. Pero coincidieron con Cumaraswamy en que ''la impunidad es un problema muy generalizado. Es grave y preocupante''. Y expusieron las causas de ello.

Asimismo, se le aseguró que ''su informe será recibido con gran interés. También se le invitó porque hay preocupación en el tema y sobre sus recomendaciones y señalamientos, como usted los haga, se tomarán decisiones al respecto''.

Luego, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, aceptó que no hay credibilidad en la justicia, pero precisó: ''No es que las personas hayan perdido la credibilidad en la justicia, sino que nunca la han tenido y menos en derechos humanos''.

De hecho, el tema de la justicia en el país es una asignatura pendiente. Falta lograr que la procuración de justicia se prestigie.

Temor a represalias

Los presentes señalaron que hay un alto índice de impunidad en el país porque ''existe temor al criminal; los afectados temen que al presentar una denuncia el delincuente tome venganza sobre quien lo acuse. Hay temor a represalias, porque hay complicidades entre autoridades y criminales''.

Tampoco existe en México una cultura de la denuncia, expusieron los funcionarios del gobierno. ''La gente afectada por delincuentes no acostumbra a ir a denunciar. Es evidente que durante los últimos 20 años hubo un incremento de la delincuencia, aunque quizá hubo una reducción en los últimos dos años y parece que los indicadores señalan que la criminalidad va a la baja''.

Sobre los pactos y convenios que el gobierno ha firmado con organismos del exterior, se le explicó al relator especial de la ONU que se trabaja en la reforma de la Ley de Amparo y que se modificará el artículo 133 constitucional para adecuar los tratados internacionales con la legislación mexicana.

Los tratados que México ha firmado, aseveraron los funcionarios, están debajo de la Constitución pero por encima de las leyes de los estados. Respecto a los conflictos entre los militares y la sociedad civil, por las funciones de seguridad que realiza el Ejército, se le explicó al relator de la ONU que se tienen bien delimitadas las competencias.

El procurador militar, general Jaime Antonio López Portillo Robles Gil, dijo que ''no es que los tribunales militares quieran extender su jurisdicción para abarcar competencias civiles, lo que pasa es que lo militares tienen un sistema de disciplina que supone corte especial para juzgar los delitos de militares, pero eso no es nada raro en el mundo''.

Los funcionarios presentes fueron Daniel Francisco Cabeza de Vaca, de la dirección de Asuntos Jurídicos de Gobernación; Juan José Gómez Camacho, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el procurador de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Jaime Antonio López Portillo; Antonio del Valle, director para la Protección de los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública; Carlos Garduño, coordinador de asesores de la Dirección de Protección a los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; el ministro Francisco Olguín Uribe, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional Indigenista, Guillermina Sánchez, y la embajadora especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Mariclaire Acosta.

Jueces y magistrados, bajo la lupa

Por la mañana, el relator de la ONU se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, quien manifestó que ''los jueces y magistrados federales deben ser revisados y observados en su actuación, la que debe estar apegada estrictamente a la ley''. 

Góngora Pimentel agregó que está garantizado el nombramiento de jueces y magistrados de manera independiente y fuera de cualquier injerencia, a través del Consejo de la Judicatura Federal.

Param Cumaraswamy expresó su preocupación por la percepción pública en el sentido de que los procedimientos judiciales no son ágiles y por ello generan impunidad. También comentó que existe la creencia que se utiliza el juicio de amparo para retardar la justicia.

Al respecto, el presidente de la Suprema Corte respondió que ''se ha propuesto una nueva ley de amparo al Congreso de la Unión para ampliar la protección a más sectores y evitar su uso como mecanismo para retrasar los juicios''.

Por la tarde, el relator especial se reunió con 20 organizaciones de defensa de derechos humanos, las que le expusieron sus preocupaciones sobre las deficiencias en el trabajo de los defensores de oficio, la tortura que no se ha desterrado como método de coacción, la discriminación hacia las mujeres y la situación de los pueblos indígenas.

Las mujeres, discriminadas

El funcionario de Naciones Unidas preguntó a las organizaciones no gubernamentales si desde su punto de vista consideraban que se abusaba del juicio de amparo. Le respondieron que el amparo en materia agraria sí puede considerarse como un alargamiento del proceso, pero no en materia penal; el recurso de amparo es usado para respetar los derechos humanos, aseguraron. Y sobre intimidación, varios dirigentes expusieron que han sido objeto de amenazas.

El relator mostró particular interés en conocer si hay discriminación en la justicia hacia las mujeres, y en los jueces hacia los indígenas. La respuesta de las ONG fue afirmativa.

Entre las organizaciones asistentes a la reunión de trabajo con el funcionario estuvieron: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Centro Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Reflexión y Acción Laboral y Red Todos los Derechos para Todos. (VICTOR BALLINAS, JESUS ARANDA Y ROSA ELVIRA VARGAS)