sabado Ť 12 Ť mayo Ť 2001

Alberto J. Olvera

Autoritarismo priísta en Veracruz

Mientras la mayor parte del país vive de lleno una fase de transición política en la que la ley tiende poco a poco a imponerse como el marco regulatorio de la vida pública y privada, y se acotan los espacios del autoritarismo estatal, en Veracruz el pasado es todavía presente. Dos ejemplos recientes atestiguan esta triste realidad. De una parte, con una impunidad absoluta, el gobierno estatal ha venido bloqueando en plena carretera a cuanto grupo de ciudadanos inconformes ha pretendido llegar hasta la capital del estado para manifestarse. De otra, en la Cámara de Diputados local el PRI impone su mayoría en todos los asuntos sin siquiera molestarse en debatir con la oposición y sin atender las más elementales observaciones y sugerencias. Ello dentro del contexto de un estado en plena recesión económica y parálisis política.

La historia de los operativos en los que las fuerzas de la seguridad pública del estado bloquean a ciudadanos en plena carretera y se les obliga a regresar a sus lugares de origen se remonta al año pasado, cuando se actuó así en contra de grupos de la organización llamada de los Cuatrocientos Pueblos, de trabajadores cañeros y de ciudadanos de diversos municipios en conflicto. Este año se ha llegado a extremos intolerables. Tan sólo en el mes pasado la policía frenó en el camino a campesinos peticionarios de tierra de Alamo (norte de Veracruz), a ciudadanos en demanda desesperada de agua potable provenientes de Tenampa (centro), y a indígenas de La Perla (sierra de Zongolica). Este mes ya se detuvo a contingentes del fantasmagórico Partido Cardenista y a indígenas de Playa Vicente (sur) en demanda de autonomía municipal. En todos los casos se ha violado flagrantemente los derechos constitucionales de libre tránsito (art. 11) y de reunión, asociación y manifestación (art. 9). Las fuerzas de seguridad han implantado una especie de estado de excepción en la entidad sin que medie mandato del Congreso estatal y sin que haya razón alguna para ello, excepto la pretensión del gobernador del estado de ocultar al escrutinio público la multiplicidad de conflictos que se viven a lo largo y ancho de la entidad.

Sin embargo, el gobernador Miguel Alemán ha declarado que no se están coartando los derechos de los ciudadanos. A la pregunta de quién ordena la detención de las marchas el mandatario estatal ofrece una respuesta de antología: "nadie ordena nada... por cuestiones de seguridad pública seguramente se detienen" (AZ, pág. 4, 9 de mayo). ƑSerá entonces que la policía actúa por su cuenta? ƑO acaso los manifestantes, en un acto de arrepentimiento, convocan a las fuerzas del orden para que les ayuden a no cometer un pecado? Para aumentar el tamaño del ridículo, el subsecretario de Seguridad Pública afirmó que la acción de sus propios subordinados no es de su competencia, sino del subsecretario de Gobierno, Jorge Uscanga Escobar, quien a su vez declaró a los medios que él no era el responsable de dar tales órdenes. De manera que el gobernador tenía razón, nadie ordena nada, pero la policía sigue violando los derechos de los veracruzanos.

En la más reciente sesión de la Cámara de Diputados local, se autorizaron las peticiones de endeudamiento de diversos municipios. Los diputados panistas y perredistas demostraron que al menos en el caso de Coatzacoalcos, la petición no estaba bien fundada e implicaba una carga enorme a futuro. Sin mediar debate y sin negociación alguna, el PRI impuso su mayoría (24 contra 16 de la oposición unida), como lo ha venido haciendo en todos los casos. La Cámara, lejos de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo local, sigue siendo su coro. Por otra parte, el Poder Judicial estatal, a contrapelo de lo que pasa a nivel nacional, aún no plantea su autonomización política.

Entretanto, continúa el pago discrecional de gacetillas en la prensa local y nacional. El gobierno de Veracruz invierte millones de pesos en su propia promoción en el viejo estilo de disfrazar como notas las inserciones pagadas. En este tema, como en todos los otros, la absoluta falta de información impide a la ciudadanía exigir a sus gobernantes que rindan cuentas de sus actos y del manejo de las finanzas públicas.

Sería conveniente que quienes creen que la alternancia no ha cambiado nada en el país tomaran nota del caso veracruzano (y del tabasqueño y el yucateco). Los políticos priístas han sido y son la encarnación del más burdo autoritarismo. Conviene no olvidar esto en un tiempo donde el riesgo de ingobernabilidad nos acompaña como una amenazante sombra.