SABADO Ť 12 Ť MAYO Ť 2001
Ť "Oportunidad de la PGR para establecer si quiere combatir la impunidad", dicen
ONG exigen investigar a fondo a Acosta Chaparro
Ť Sugieren ayuda externa para aclarar el caso de la supuesta fosa clandestina en Guerrero
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) realiza en torno a la supuesta existencia de una fosa clandestina donde se habría sepultado a campesinos y presuntos guerrilleros de Guerrero en los años 70, así como del involucramiento del general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite en actos de tortura y desapariciones forzadas, son "una oportunidad para que la dependencia establezca si quiere actuar efectivamente contra la impunidad", aseguran dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
Edgar Cortés, presidente de la organización defensora de los derechos humanos Miguel Agustín Pro, señaló que las indagatorias que lleva a cabo la PGR a este respecto "podrían ser una investigación clave para el país, ya que permitirían conocer verdaderamente qué ocurrió en esos años durante la guerra sucia que el gobierno desarrolló contra grupos armados".
Mencionó que "esta investigación representa una disyuntiva para la PGR, ya que por un lado establecería de manera definitiva una posición en cuanto a si quiere atacar efectivamente la impunidad o quiere continuar como cobijo de las responsabilidades militares".
Juan Antonio Vega, representante de la organización Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT), consideró que "la PGR debe tomar el expediente completo de Acosta Chaparro y desarrollar una verdadera investigación de su responsabilidad en actos de tortura y desapariciones durante los años 70, ya que existen múltiples señalamientos de personas (presuntamente torturadas) que debe considerar".
Explicó que la institución que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha "no tendría justificación alguna para declinar su competencia" hacia el fuero castrense, en caso de que se compruebe que Acosta Chaparro incurrió en alguno de los ilícitos que se le imputan.
Tanto Vega como Cortés coincidieron en señalar que por lo que hace a las investigaciones que realiza la PGR en Guerrero respecto de la supuesta existencia de una fosa clandestina, la procuraduría "tiene en sus manos un momento importante para recabar toda evidencia que permita generar una indagatoria con resultados forenses apegada a criterios internacionales".
Ambos defensores de los derechos humanos coincidieron en que la PGR podría solicitar el apoyo del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, o bien de los especialistas en antropología forense de Argentina, para desarrollar un trabajo apegado a normas internacionales y, además, que permitiría contar con una opinión independiente acerca de lo que las autoridades encuentren durante sus investigaciones.
Por otra parte, el procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio Lopezportillo, aseguró que las autoridades castrenses no han recibido ninguna denuncia ni desglose de averiguación previa alguna en contra de Acosta Chaparro.
Como se recordará, el pasado 26 de abril habitantes del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, aseguraron haber encontrado una fosa clandestina en la que se habría sepultado a campesinos e integrantes de los movimientos armados de los años 70 en ese estado.