Pide AI suspender la ejecución del responsable del bombazo en un edificio federal en Oklahoma

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 10 de mayo. Seis días antes de la ejecución de Timothy McVeigh, condenado a muerte por el ataque contra el edificio federal de la ciudad de Oklahoma, Amnistía Internacional instó hoy al presidente George W. Bush a suspenderla e imponer una moratoria a la pena capital a nivel federal.

Aunque Bush, como gobernador de Texas, presidió más ejecuciones que cualquier otro político estadunidense en tiempos recientes, el apoyo público a la pena de muerte está disminuyendo en el país. Hoy, Estados Unidos es uno de los dos países desarrollados (el otro es Japón) que aún impone la pena capital.

No obstante, los defensores de la pena de muerte señalan que aunque han registrado una reducción de apoyo para la pena máxima, una mayoría aún está de acuerdo, y un número superior favorece la ejecución de McVeigh en particular.

McVeigh, condenado por planear y llevar a cabo el bombazo de un edificio federal en Oklahoma, que causó la muerte de 168 personas, tiene cita con la muerte a manos del gobierno federal el próximo miércoles, 16 de mayo, en la prisión federal en Terre Haute, Indiana.

"El crimen por el cual fue condenado Timothy McVeigh horrorizó las conciencias del mundo y causó un sufrimiento incalculable", escribió la secretaria general de Amnistía Internacional, Kate Gilmore, en una carta enviada hoy a Bush. "No obstante, la organización se opone sin reservas al asesinato programado de Timothy McVeigh, como lo hace con cualquier ejecución, al considerar que tal política representa nada más que una continuación del ciclo de violencia que se propone enfrentar. El rito de las ejecuciones nos daña a todos en esta sociedad y provoca la pesadumbre de otra familia".

El director de programas de AI, Ajamu Baraka, señaló hoy que la ejecución de McVeigh representará el reinicio de ejecuciones federales por primera vez en 38 años. La segunda ejecución del gobierno federal está programada para el 19 de junio. Las 705 ejecuciones realizadas en este país durante los últimos 25 años han sido ordenadas por autoridades estatales.

El apoyo para la pena de muerte en el país llegó a su punto máximo en 1994, cuando 80 por ciento de los encuestados por el Pew Research Center dijo favorecer la pena capital. Hoy día, el Pew Research Center indica que 66 por ciento del público apoya la pena máxima. Pero una encuesta reciente del diario The Washington Post halló que menos de 50 por ciento apoya la ejecución cuando se les ofrece la opción de una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La American Bar Association (principal asociación nacional de abogados), líderes de 31 organizaciones religiosas y organizaciones que representan a las familias de víctimas de homicidio, se han pronunciado en contra de la pena de muerte, dijo Baraka. Treinta y ocho de los 50 estados de la unión mantienen la pena máxima en sus leyes estatales, pero en más de 18 de estos 38 se han presentado proyectos de ley tendientes a una moratoria a las ejecuciones, señaló Baraka, director internacional del programa para la abolición de la pena de muerte de Amnistía Internacional.

Pero como resultado del todavía alto nivel de apoyo a la pena de muerte, muchas de estas iniciativas se han centrado en la preocupación de que un inocente sea ejecutado. Encuestas recientes de la Gallup han registrado que 64 por ciento de la población cree que se ha ejecutado a por lo menos una persona inocente en los últimos cinco años.

Existen dos iniciativas de ley pendientes en el Congreso federal que proponen medidas más amplias, como el uso exenso de exámenes de ADN, para asegurar que gente inocente no sea ejecutada o que instan una moratoria sobre toda ejecución.

Baraka indicó que la oposición a la pena de muerte también se ha incrementado a nivel internacional desde la última ejecución federal estadunidense. "En 1963 sólo 10 países habían abolido la pena de muerte, pero hoy 108 países han abandonado los asesinatos judiciales en la ley o en la práctica", refirió. "El continuo uso de la pena de muerte por Estados Unidos está dañando la imagen del país en el exterior y minando de forma severa sus afirmaciones de ser el abanderado de los derechos humanos".