VIERNES Ť 11 Ť MAYO Ť 2001

Ť El Ejecutivo pretende eludir sus responsabilidades

Critica la CNC observaciones a la Ley de Desarrollo Rural

Ť PRI y PRD pugnarán porque se vuelva a discutir el tema

MATILDE PEREZ U.

La discusión acerca de la Ley de Desarrollo Rural no ha concluido. Las fracciones parlamentarias de PRI y PRD no aceptarán que esa protección jurídica para los campesinos se quede congelada en la Secretaría de Gobernación, y seguirán pugnando para que en el periodo ordinario de sesiones el tema vuelva a ser discutido en el Congreso de la Unión.

Cruz López Aguilar, coordinador de Atención a Consejos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que en el análisis de las observaciones -que en realidad fueron un veto- enviadas por el presidente Vicente Fox, las organizaciones concluyeron que "los planteamientos del Ejecutivo fueron retóricos, los utilizó de una manera sofista para eludir responsabilidades y descalificar lo que jurídicamente y en la acción cotidiana está sustentado".

Agregó que ninguna de las observaciones tenía fundamento jurídico, fueron de carácter técnico y encerraban "un dejo de venganza ideológica, debido a que los campesinos no votaron a favor de Fox", y "estaban dirigidas a evadir el componente social de la Constitución; está claro que les molesta el compromiso del Estado de proteger a los sectores más vulnerables. Sus observaciones borraron la diferencia del sector social y privado que está en el artículo 25 constitucional".

Se busca abrir camino a industriales

Al desglosar las diez observaciones que el Ejecutivo entregó para "vetar" la ley, López Aguilar aseguró que la intención de fondo fue "dejar inermes a los campesinos y terminar con su organización colectiva para dejar libre el camino a los industriales que les están disputando sus tierras y agua. El Ejecutivo se molestó porque en la ley se establecía la intervención de los productores en la planeación estratégica y en la supervisión".

El gobierno, agregó, no pretende el "bienestar ni el desarrollo colectivo y por eso su intención es sólo establecer programas de "descargo de conciencia que le dejen una rentabilidad política". Aclaró que en "la CNC no nos sentimos rebasados por las autoridades, ellos traen más fierros en la lumbre que nosotros".

López Aguilar aseguró que las observaciones a la ley son de forma, no de fondo, como expuso el Ejecutivo, y desglosó:

La primera establece que la ley era muy restringida ya que sólo tocaba lo agropecuario y no se refería a asuntos de desarrollo rural. "Nosotros decimos que sí los toca, en el justo término de lo que plantea la fracción 20 del artículo 27 constitucional, por eso aseguramos que la ley sí mantenía un equilibrio entre lo agropecuario y lo forestal".

La segunda fue que existe parcialidad en la identificación de los sujetos de la ley y se refería a los sectores social y privado -como establece el artículo 25 constitucional- y a todo aquel que realice una actividad en el campo, sea agropecuaria o no, tenga o no tierra.

Nosotros consideramos que la ley establece claramente que se trata de los productores, en el amplio sentido del término. "Trabajamos casi tres años en la ley y tratamos de que no fuera exclusivamente para ejidatarios, comuneros, para los 3 millones de campesinos que fueron privilegiados con una acción agraria; la modificamos y se logró el consenso de todos, incluso de los académicos". Comentó que el Ejecutivo asegura que no se incluyó a varias organizaciones, pero "tenemos que adivinar cuántas y cuáles, porque ellos no se atrevieron a decir nombres y apellidos, si lo hubieran hecho podríamos ver si efectivamente el planteamiento es o no parcial".

Indicó que en las observaciones calificaron a las organizaciones de productores de corporativas, clientelares y corruptas, y que la ley impedía que nuevas agrupaciones limpias, sanas, participaran. Es claro que su planteamiento tiene el propósito de golpear a las organizaciones, incluso a las económicas -Sociedades de Solidaridad Social, uniones de ejidos, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo-, y a las uniones por rama de producción y a algunas no gubernamentales. "Esa descalificación va en contra de la concepción social y colectiva, y por eso son muy ligeros en el manejo de los adjetivos".

La tercera observación fue contra el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural, al que consideraron una representación social centralizada y excluyente porque ahí participarían exclusivamente las organizaciones nacionales. No entendieron que la ley aludía a la experiencia de los consejos regionales y distritales agropecuarios y establecía los municipales.

La cuarta fue contra los apoyos obligados del Estado a los productores, porque preteden eludir su responsabilidad social; nuestra intención no es regresar a antiguos esquemas sino establecer una mejor coordinación entre las instituciones para el campo y un mejor sistema de participación.

La quinta observación se refiere al centralismo federal y la disminución del municipio y las regiones. "Me parece que hay mucha ignorancia, ya que para la creación de los distritos de desarrollo rural se establecieron modelos de producción y se valoraron todas variables climatológicas y edáficas, en función de eso y de hacerlas compatibles con la división territorial se crearon esas regiones con respuestas homogéneas. Esos distritos son regiones que fueron científicamente trabajadas y fundamentadas".

Otra observación se refiere a la distorsión del sentido esencial de los apoyos gubernamentales; dicen que hay planteamientos subsidiarios y asistencialistas. En el caso del Progresa lo rechazan en la ley porque es un subsidio, pero en la búsqueda para la aprobación de la reforma hacendaria lo utilizan como un beneficio.

También criticaron la atención a las zonas rurales marginales, sin tomar en cuenta que 80 por ciento de lo pobres del país están ahí; sus "planteamientos son perversos porque cada artículo de la ley tiene que ver con los pobres y no se focalizaba a algunas regiones".

Otra observación señala la inconsistencia constitucional, porque establecimos que los municipios deberían destinar 10 por ciento de su presupuesto al campo. En caso de haber incurrido en una violación a la autonomía municipal, eso podría haberse corregido.